La Justicia porteña dispuso la “prohibición absoluta de salida del país” a cinco directivos de la plataforma Uber, tras considerar “insuficiente” la “restricción de aviso” que ya se había dispuesto sobre ellos, a raíz de la causa por “evasión fiscal agravada” que los investiga. La resolución de la Sala de Feria Penal Contravencional y de Faltas fue concedida a pedido del fiscal de Cámara Martín Lapadú, quien planteó que la posibilidad de salida del país de los ejecutivos genera riesgos procesales que “no se neutralizan requiriendo un mero de aviso”. “Ningún imputado en un proceso penal puede abandonar el país cuando quiere y como quiere, sin que resulte irrazonable, en supuestos como el presente, la previa autorización del juez de Garantías quien tiene, paralelamente, la función de, garantizar el cabal ejercicio de sus derechos constitucionales evitando que la restricción sea irrazonable”, indicaron los camaristas Marcelo Pablo Vázquez y Jorge A. Franza.
La resolución de la Sala afecta a Enrique Gibert, Roberto Rattagan, Ricardo Mihanovich, Fernando Cao y Diego Oliveira, quienes deberán requerir “excepcionalmente autorización jurisdiccional para salir del país”. Ahora, en caso de querer viajar fuera de Argentina, los ejecutivos deberán pedir autorización “con suficiente antelación” e informar a la fiscalía a qué lugar viajará, durante cuánto tiempo permanecerá allí, por qué motivo viaja y “toda la información que les sea requerida a fin de despejar cualquier sospecha de intento de fuga”. En caso de que no cumplan, el fiscal Lapadú podría solicitar “la rebeldía y captura de los fugados y su correspondiente prisión preventiva”. Con esa medida, señaló Lapadú, la Sala de Feria Penal “avala la petición realizada por la Fiscalía mediante el recurso de apelación correspondiente, (y) quedó demostrada la existencia concreta de que los imputados pueden profugarse, o entorpecer el proceso”.
Con la medida, añadió Lapadú, los jueces “fueron claros en sostener que ningún imputado en un proceso penal puede abandonar el país cuando quiere y como quiere.” “Hoy en día, si bien hasta el momento no se ha decretado la prisión preventiva de los encausados, pesa sobre ellos la imposibilidad de superarlas fronteras de nuestro país”, reiteró el funcionario judicial.
En tanto, luego de que el titular del Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Víctor Trionfetti, habilitara la feria para ratificar su medida cautelar de abril de 2016 por la cual ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender “de modo inmediato” cualquier actividad “que desarrolle la empresa Uber B.V. o Uber Technologies Inc” en la jurisdicción, la plataforma aseguró que “continúa funcionando con absoluta normalidad amparada por el Código Civil y Comercial”. La resolución de Trionfetti reiteró que “la actividad de Uber en la Ciudad de Buenos Aires infringiría el sistema jurídico, debido a una serie de posibles violaciones a normas constitucionales y leyes locales”, por lo que la actividad de la plataforma “resultaría ilícita”.
A fines de noviembre del año pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas había ratificado que la plataforma lleva adelante una “conducta ilícita de evasión tributaria”.
Sin embargo, Uber aseguró ayer que continúa trabajando en suelo porteño “con absoluta normalidad amparado por el Código Civil y Comercial, que permite establecer un contrato de transporte entre privados”.
