El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su “preocupación por el desmantelamiento” de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa ya que “repercute directamente en la investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los combatientes” de la guerra de Malvinas, explicó a este diario Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales de la agrupación de ex conscriptos. 

Por medio de una presentación formal al secretario ejecutivo de la CIDH, Paul Abrao, las autoridades del Cecim informaron al organismo el “desmantelamiento” de los Equipos de Archivos de Defensa como un agravante de la situación de “vulneración de derechos” que habían denunciado en septiembre pasado. Entonces, a propósito de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la investigación de crímenes sufridos por soldados combatientes de la guerra de mano de altos mandos de las fuerzas durante el enfrentamiento con Gran bretaña por las Islas Malvinas, acudieron a la CIDH. 

La nueva presentación fue realizada por la agrupación platense a fines de la semana pasada. En ella advirtió que el plan de ajuste que el Ejecutivo aplicó sobre el Ministerio de Defensa el pasado diciembre significó “el cese en la tarea que servía de apoyatura no solo en el proceso de Verdad y Justicia relativo a la Guerra de Malvinas” sino también al proceso de juzgamiento que en todo el país se desarrolla a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. 

Muy cerca de fin de año, la cartera que dirige Oscar Aguad confirmó que iba a deshacerse de 70 empleados. Nueve de ellos integraban los equipos de Archivos, dedicados a analizar la documentación desclasificada relacionada con la última dictadura cívico militar. De ordenarla, interpretarla y derivarla a cada juez que la requiriese. “La desclasificación de los archivos relacionados a la Guerra de Malvinas que fue ordenado durante el kirchnerismo fue muy importante para demostrar las torturas y los asesinatos que sufrieron los conscriptos que lucharon en Malvinas, pero para que sirva es necesario que haya gente que la estudie y que pueda responder requerimientos de la Justicia”, explicó Alonso. Ante este diario, advirtió que desde el Juzgado de Río Grande, Tierra del Fuego, en donde se investigan crímenes sufridos por soldados de parte de los altos mandos de las fuerzas durante la guerra, señalaron que solicitaron archivos a Defensa y que no obtuvieron respuesta. 

“Si el Estado ya era responsable de la vulneración de los derechos de los soldados que fueron víctimas de crímenes durante la dictadura y los de sus familias por ser el que cometió los crímenes y por negarse a investigarlos, ahora suma otra responsabilidad, la de vaciar un área que es de vital importancia para el proceso de verdad y justicia”, completó Alonso. 

En los próximos días, el Cecim debe presentar a la CIDH una lista de requisitos destinados al Estado argentino para debatir en el marco de la mesa de diálogo que el organismo internacional abrió. Allí, van a exigir que “se ponga en marcha lo que plantea la ley en cuanto a la desclasificación total de archivos vinculados a la guerra de Malvinas, la creación de un fondo documental y la garantía de que habrá copias de ese material para aportar a las causas que investigan los hechos. Y para eso son necesarios los recursos humanos que este Ejecutivo recortó”, explicó Alonso.