El fiscal federal Carlos Rivolo apeló ayer las excarcelaciones de los manifestantes César Arakaki y Dimas Ponce y pidió a la Cámara Federal que agrave la acusación en su contra y disponga su prisión preventiva.
Además también presentó su apelación el policía Dante Barisone, procesado con prisión preventiva por arrollar con su motocicleta a un cartonero el 18 de diciembre último, durante los incidentes por la ley de Reforma Previsional. Las apelaciones serán analizadas por la sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.
También apelaron las defensas de Arakaki y Ponce, militantes del Partido Obrero, que reclamaron que se revoquen los procesamientos dictados en su contra.
Según el escrito del fiscal Rivolo, Arakaki y Ponce deben ser procesados por el delito “rebelión” además de “intimidación pública y atentado a la autoridad”. Ambos fueron procesados y excarcelados por el juez federal Sergio Torres en base a estos dos últimos delitos, pero el fiscal sostuvo que debe sumarse “rebelión”, una acusación que prevé hasta 15 años de cárcel. “Sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva la Cámara del Fuero determine que corresponda asignar a la conducta atribuida a los imputados Arakaki y Ponce, este Ministerio Público Fiscal entiende que VS debió decretar la prisión preventiva”, argumentó el fiscal en el texto de la apelación.
Para la fiscalía “se encuentra acreditada en forma debida tanto la materialidad de los hechos” contra el agente Brian Escobar como “la autoría de los mismos”. Escobar sufrió graves heridas al caer al piso luego que una piedra le voló el casco y recibió golpes, patadas por parte de manifestantes, entre ellos Arakaki y Ponce a quienes se los filmó y fotografió empuñando una especie de lanzas sobre el cuerpo del policía.
“No estamos hablando sólo de ilícitos cometidos en flagrancia, sino que además revisten la particularidad de que los testigos han presenciado tales eventos”, agregó el fiscal. Para Rivolo, hay un “riesgo procesal cierto y no aparente” en lo referido a Arakaki y Ponce por lo cual pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque las excarcelaciones concedidas por Torres.
Desde el Partido Obrero, habían celebrado la liberación de sus militantes el pasado 23 de enero. Consideraron que la excarcelación fue producto de una “innegable conquista popular” pero criticaron el procesamiento y los términos en los que el juez Torres se refirió a la movilización del 18 de diciembre. “Implican un grave ataque a la movilización popular y al derecho a la protesta social, que avanza en una línea de criminalización promovida desde el gobierno”, señalaron desde el PO. Según el partido integrante del Frente de Izquierda, el propio juez reconoce una “completa ausencia de pruebas” para justificar las prisiones preventivas de sus militantes. “El procesamiento de Arakaki y Dimas es una arbitrariedad completa: aclarado que no puede demostrar las acusaciones en curso contra ellos, los procesa por solamente haber participado de la movilización”, completaron.
