La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anunció que el gobierno decidió “abrir a consulta” un proyecto de reforma de la Ley de Etica Pública. La ex diputada de Cambiemos, cuestionada por la persecución selectiva orientada a adversarios políticos del Gobierno, anticipó que el proyecto tiene un capítulo dedicado al nepotismo (flamante tema de interés oficial), otro a los conflictos de intereses que son regla en un gabinete de empresarios y CEOs, y un tercero a la presentación de declaraciones juradas. La nueva ley será “más amplia, profunda e incorpora(ría) novedades ins- titucionales relevantes”, escribió Alonso en Twitter.
“Dentro de los próximos quince días someteremos a consulta pública durante un mes una propuesta de reforma integral de la Ley de Ética Pública”, contó en una entrevista radial la titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. “La discusión va a servir para abrir estas iniciativas al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público”, agregó, pese a que las opiniones no se escucharán en audiencias públicas sino que serán recibidas a través de la plataforma oficial www.justicia2020.gob.ar y el sitio consultapublica.gob.ar.
Consultada sobre los últimos escándalos que involucran a ministros, Alonso respondió que espera sus respuestas. Al de Trabajo, Jorge Triaca, denunciado por contratar a una trabajadora en negro en su casa y nombrarla en un sindicato intervenido por su cartera, “se le ha solicitado información”, dijo. Agregó que los datos pedidos al sindicato llegaron “al área correspondiente” y que la opinión de la OA estará en “aproximadamente un mes”. En el caso de Luis Etchevehere, que cobró 500 mil pesos de la Sociedad Rural cuando se anunció su nombramiento como ministro de Agroindustria, respondió que “se le requirió información” tanto a esa entidad como a su ex presidente devenido funcionario. “El ministro tiene a la vista el expediente completo para hacer el descargo. Después, la oficina emitirá su opinión”, desdramatizó.
El proyecto de reforma de la Ley de Etica Pública redactado por la OA fue trabajado junto a diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales, según se anticipó. En el capítulo sobre “conflictos de intereses” se propondría que presidente y ministros deben desprenderse de acciones o títulos emitidos por sociedades vinculadas a su área “o cuya cotización pudiera verse influenciada”. En tal caso el funcionario debería constituir un fideicomiso ciego o vender las acciones. El punto remite a Juan José Aranguren, quien pasó de ser CEO de Shell a ministro de Energía conservando las acciones de la petrolera que debería controlar. Tras nueve meses de dilaciones, Alonso dictaminó que Aranguren “no incurre” en incompatibilidad de funciones y le recomendó adoptar “alguna medida patrimonial”. Macri le evitó tener que desprenderse de las acciones: por decreto transfirió la gestión de las actuaciones vinculadas con Shell al ministro de Producción, Francisco Cabrera.
El proyecto también prohibiría “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”. Otro punto, según La Nación, señala que los funcionarios de jerarquía tendrían prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales “cuyo objeto resulte concurrente con su función”, tal el caso de Etchevehere. Para evitar casos de nepotismo, se sugiere que “el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”, aunque nada diría sobre otras áreas del Estado. Sobre las declaraciones juradas, se exigiría hacer públicos los bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, y enumerar actividades laborales previas y vínculos con asociaciones o fundaciones para detectar incompatiblidades. El proyecto propondría además que deban presentar declaraciones patrimoniales “quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales”, inciso que apunta a los dirigentes gremiales.
