Con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, firme en su cargo, el Gobierno oficializó ayer el decreto que prohíbe a familiares de ministros, del jefe de Gabinete, de la vicepresidenta y del Presidente tener empleos en el Estado. La iniciativa no incluyó a secretarios, subsecretarios y directores generales y estableció excepciones a la regla, por ejemplo, cuando el familiar haya ganado un concurso público o ya tenga estabilidad en el empleo. A la iniciativa ya se habían sumado los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, mientras que las gobernaciones opositoras reaccionaron en contra. La norma, que fue concebida para dar por terminado el escándalo de Triaca y su casera, no consiguió el efecto deseado: mientras la ex empleada anuncia nuevas querellas contra los Triaca, el Frente Renovador volvió a pedir la renuncia del ministro de Trabajo.

Si bien es un secreto a voces que la expulsión intempestiva de familiares es consecuencia de la denuncia de la ex casera Sandra Heredia –quien contó cómo Triaca le consiguió un contrato en la intervención del SOMU–, el decreto hace un esfuerzo en sus considerandos por disimularlo. Lo único que dice sobre los motivos que llevan a dictar la medida ahora (y no hace dos años) es que se “asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia”. 

El decreto, firmado por Mauricio Macri y publicado ayer en el Boletín Oficial, sostiene que los funcionarios alcanzados no podrán designar a nadie que tenga “algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado” y aclara que “quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial”. Y establece dos excepciones: quienes tengan empleos públicos con estabilidad (planta permanente), por lo que tienen derechos adquiridos, y las personas que accedan al cargo a partir de un concurso público. Pone como plazo para las renuncias de los familiares el 28 de febrero. Ayer se oficializó la renuncia de una de las hermanas de Triaca y del hijo de la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, además de la salida de Octavio Frigerio, el padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. También renunció al Banco de Inversión (BICE) Ernesto Reta Marti, por ser novio de Mariana Triaca, pese a que aclaró que la relación empezó luego de su llegada al cargo. En el Ministerio de Modernización calculaban que no se irán más de 25 personas. 

Cuando hizo el anuncio, Macri pidió a gobernadores e intendentes que se sumaran. Hasta ahora, la cosecha fue magra. Anunciaron que adherirán tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta, en dos distritos que gobierna Cambiemos. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que “el ingreso a la Administración Pública Provincial será por concurso”. El peronista Gustavo Bordet elogió la medida, pero no dijo si Entre Ríos adherirá.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo que se sumará a otra de las iniciativas que anunció el Presidente: la reducción de cargos políticos. “Vamos a tomar algunas medidas en esa dirección, pero somos una provincia autónoma”, dijo, y descartó congelarse el sueldo. Cuando le preguntaron por los familiares, reiteró que se centrarán en el recorte de cargos. “Eso sí nos parece que es un tema en el que podemos aportar”, indicó. Tiene motivos: Morales nombró en el Estado provincial a dos hermanos, a su hijo y a su cuñado, mientras que su vice tiene a sus dos her-       manas contratadas. Casualmente, ayer Macri no viajó a Jujuy por problemas climáticos (ver aparte).

Otros gobernadores, como el de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la de Catamarca, Lucía Corpacci, rechazaron la medida, así como los mandatarios de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones. “Suenan poco creíbles y muy a marketing”, había dicho Lifschitz sobre las medidas. Corpacci señaló que no comparte “las medidas de ajuste” y que dejar sin trabajo a parientes “es discriminatorio”.

Entre los intendentes opositores tampoco hubo mucho ánimo de aceptación de la propuesta de echar familiares. La excepción fue el de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien dijo que adherirá y echará a su hermano. Aseguró que en la medida que tomará irá más allá que Macri y “no se podrán designar familiares de hasta cuarta generación en ningún área municipal”.

El Gobierno lanzó la iniciativa con el fin de terminar con la crisis que provocó el escándalo de la ex casera de Triaca, un tema que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio por terminado el martes. No obstante, la realidad no parece hacerle caso al ministro coordinador. En el Congreso, todavía hay pedidos de interpelación al ministro y ayer la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, sostuvo que no entiende “cómo el ministro Triaca no tiene el pudor de renunciar. Se tiene que ir sin esperar que le acepten la renuncia”, consideró. “Al principio del gobierno de Mauricio Macri votamos la ley antidespidos, y la pérdida de puestos de trabajo es responsabilidad del ministro de Trabajo”, sostuvo Camaño. 

Al frente legislativo se suma el judicial. La ex casera de la familia Triaca presentó una demanda por daños y perjuicios en la que pide 3,7 millones de pesos de indemnización, a raíz de que la familia Triaca la habría acusado de presuntos delitos al echarla. La disputa judicial, que en términos concretos es contra el hermano del ministro, Carlos Triaca, podría arrojar nueva información sobre el funcionario PRO. Lo mismo puede ocurrir con la investigación que pidieron los abogados de Omar “El Caballo” Suárez sobre las contrataciones durante la intervención del SOMU. Pese al planteo de Peña, el tema parece estar lejos de haberse terminado.