En el mismo día en que los vecinos de Hurlingham, Tres de Febrero y Morón se movilizan hacia la Brigada Aérea de El Palomar para rechazar la instalación del aeropuerto comercial impulsado por el Gobierno nacional y una semana antes de que FlyBondi inaugure esa base acondicionada a medida de las lowcost, la jueza federal de San Martín Martina Forns levantó sorpresivamente la medida cautelar que había frenado parte de las obras de remodelación de la estación aérea y había suspendido la operación de los vuelos comerciales.

"Forns ni siquiera nos permitió ver el supuesto 'análisis ambiental' hecho y presentado por los mismos responsables de este negociado que, además, están demandados en la causa", denunció Lucas Marisi, abogado y vecino, quien encabezó el amparo presentado por el colectivo StopFlyBondi. 

La cautelar aceptada por la propia Forns el 11 de enero pasado había sido dictada luego de una inspección a la base realizada el 9  de enero, durante la cual se constató que a metros de la pista hay dos polvorines, que un alambrado separa la pista de la Escuela Técnica 4 y que el colegio Emaús se encuentra a 500 metros del aeropuerto en línea recta. Además, el amparo advertía que durante las obras se habían destruido los edificios de la base aérea que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y están protegidos por la ley de Sitios de Memoria. 

Marisi explicó a PáginaI12 que la decisión de Forns es "nula de nulidad absoluta" porque "falla deliberadamente en contra de la ley al no permitirnos ejercer el derecho a la defensa en juicio". "Hasta el momento, no tuve acceso al supuesto análisis ambiental ni sé por qué la jueza tomó la decisión, cuando esta mañana hicimos una presentación para advertirle que tenía que darnos vista antes de fallar", subrayó el abogado, quien adelantó que apelará la medida a la Cámara de segunda instancia de acuerdo con el principio precautorio de la ley de Ambiente.  

Los denunciantes sí tuvieron acceso al fallo de Forns, y advirtieron que está "lleno de contradicciones", entre otras, que la propia jueza reconoce que el análisis de impacto ambiental había sido hecho con aviones distintos a los que utilizará FlyBondi, que las pruebas de impacto sonoro se realizaron sin tener en cuenta la actividad militar de la base y que "no está acreditado que el Gobierno haya desmantelado los polvorines". Marisi agregó un dato más: "El Emaús está a 500 metros de la pista; el avión del accidente de Lapa recorrió 700 metros. La jueza lo vio en la inspección ocular". 

En un comunicado titulado "El 9 de febrero comienza a funcionar El Palomar", el Ministerio de Transporte reconoció que Forns solicitó "la remoción total de material explosivo remanente de los depósitos militares en la base" y precisó que los vuelos comerciales permitidos tienen una restricción de tres aterrizajes y tres despegues diarios. 

Además, la jueza Forns le solicitó al ministerio que continúe el monitoreo del impacto ambiental de las operaciones en marcha y que en los próximos 60 días el Ministerio de Transporte de la Nación convoque a una Audiencia Pública.

Así, el fallo de la jueza federal de San Martín —quien en 2016 falló en contra de los tarifazos y había sido tildada de pertenecer a Justicia Legítima— estuvo a tono con la tranquilidad con la que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y las autoridades de FlyBondi —empresa encabezada por Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo Pegasus—  habían seguido las alternativas de la causa.

La compañía aérea nunca dejó de vender tickets para su vuelo inaugural desde El Palomar, programado para el 9 de febrero, a pesar de la cautelar, mientras que Dietrich había adelantado que llegarían con la presentación de documentación "en tiempo y forma".  El fallo también fue una buena noticia para el grupo Eurnekian, que hoy lanzó su Corporación América Airports a cotizar en la Bolsa de Wall Street.