La voz de los usuarios del servicio sanitario, expresada en la audiencia pública que se realizó en la sede local de Gobernación, fue de rechazo unánime al aumento de tarifa pretendido por Aguas Santafesinas SA: 56 por ciento para este año, dividido en dos veces. Representantes de la ciudadanía enrostraron a la empresa estatal que tal pretensión excede por mucho la inflación pasada y la que vendrá, mucho más que las cifras que se barajan para estas paritarias. La acusaron de incumplir año tras año con la instalación de medidores de consumo y denunciaron la paralización de la construcción del acueducto del Gran Rosario, junto a avenida Circunvalación. "El gobierno de Santa Fe quiere aportar cada vez menos y que todo el gasto lo afronte el usuario", sospechan. Desde la empresa que abastece de agua potable y cloacas refutan esas lecturas y explican que su estructura de costos difiere de una canasta familiar, y que la inversión desarrollada hizo que hoy Assa haya triplicado su servicio en relación con 2006, fecha en que Jorge Obeid la reestatizó.
La de ayer en Rosario fue la primera de tres audiencias públicas previstas para definir el cuadro tarifario para 2018 y conocer el plan de obras. Hoy se desarrollará otra en Santa Fe, y el martes en Gálvez.
Sebastián Bonet, presidente del directorio de Assa, fue quien explicó y fundamentó el aumento solicitado al Ministerio de Infraestructura y Transporte provincial, de 25 por ciento de aumento para mayo y otro 25% en julio, lo que al acumularse redondearía un 56% de incremento para 2018. La cifra no está definida. El Enress -organismo fiscalizador- evaluará lo expuesto en las asambleas e informes técnicos para emitir un dictamen y finalmente el Ejecutivo dispondrá de cuánto será el aumento. El año pasado la sucesión de incrementos sumó un global de 70,4 por ciento en 2017. La dimensión de semejantes tarifazos se explica por la intención del gobierno de Miguel Lifschitz -traducida por el Enress- de ir eliminando sus aportes a Assa hasta que se autofinancie en 2019. El punto de discordia es que en esa estrategia el único aportante que va quedando es el usuario, a costa de mayor tarifa por un servicio cuya calidad está en tela de juicio.
Defensa en soledad
Bonet desmintió que el Ejecutivo esté quitando su aporte. "Este año aportará 1675 millones de pesos. Lo que hace es moderar su aporte en gastos para destinarlo a inversiones en obras y mejoras, lo que redunda en un mejor servicio y permite el acceso de miles de santafesinos al agua potable y a las cloacas", dijo. Y se basó en que "esta gestión es la que después de 130 años construyó una nueva planta potabilizadora para Rosario, la que hace redes cloacales en barrios como nunca antes, y que renovó grandes bombas que funcionaban desde hace 50 años. Esta gestión es la que tendrá pronto cuatro grandes sistemas de acueductos funcionando y uno en construcción, y atiende más de 9 mil kilómetros de cañerías y 21 plantas potabilizadoras y cloacales, tres veces más que en 2006".
Los 23 oradores que siguieron torpedearon sin respiro la exposición de Bonet. Un ex presidente del Enress y actual titular de la Unión de Usuarios y Consumidores como Alberto Muñoz fue elocuente: "El Estado se ha ido corriendo en su responsabilidad por el servicio sanitario reduciendo sus niveles de inversión y, en contrapartida, cargándoselos cada vez más al usuario". Así recordó que el aumento de tarifa en 2017 superó 70 por ciento, "siendo que el propio gobierno midió que el Indice de Precios al Consumidor aumentó 26 por ciento y propone un aumento en paritarias del 15 por ciento, y las consultoras privadas calculan 20%", señaló Muñoz. Advirtió que entre 2009 y 2017 la tarifa de Assa aumentó 1650%, y que llegará a 2633% si este pedido de la empresa prospera, mientras que el IPC lo hizo al 800% en ese período. "Cada vez los usuarios ponemos más y Assa sube sus gastos operativos, nos va corriendo el arco. Es que el aporte del Estado se estancó hace tres años. El gobierno quiere gastar menos en Assa y que lo hagan los usuarios", fustigó el ex titular del Enress. También criticó a Bonet por haber planteado como opción provisión en cubas o por plantas de ósmosis inversa para zonas adonde la red llega con deficiencia. "Es que la Provincia detuvo la construcción del acueducto Gran Rosario y la planta de Baigorria funciona a un cuarto de su capacidad de producción", cargó Muñoz.
Bonet refractó la comparación del aumento pretendido con las mediciones del IPC. "Nuestra canasta de insumos tiene una estructura muy diferente de la canasta familiar. Somos el principal consumidor de energía eléctrica de la provincia, y durante 2017 tuvimos un ajuste de 57% en ese rubro, más los aumentos de este año. Incrementos similares recibimos en materiales, reparaciones, insumos químicos, servicios de terceros, que representan casi el 75% de nuestros gastos", abundó el funcionario. Y defendió la búsqueda del déficit cero. "Debemos seguir transitando hacia la autosuficiencia de la empresa en lo que hace a gastos operativos. Mientras, el Estado seguirá siendo el encargado de las inversiones para mejorar el servicio y expandirlo a nuevos usuarios. Hoy hay inequidad con un millón de santafesinos de pueblos y comunas que están fuera del área prestacional y que con sus impuestos sostienen un servicio que no reciben", planteó.
Medir o no medir
En otro orden, el titular de Assa prometió triplicar este año la cantidad de medidores a instalar: 68000 (18000 solo en Rosario) dijo, contra 21000 del año pasado. Pero Muñoz lo desmintió: "Assa es incumplidora serial. Bonet dice que pusieron 21000 pero en el primer semestre solo habían puesto 2871", descreyó. Y contó que en 2011 el Enress le había planteado que instalara 66000 medidores en dos años, pero a 2017 había activado 46000. "No ponen más medidores porque les conviene seguir cobrando por metro cuadrado, y no medir el consumo", desdeñó Muñoz.
El abogado Juan Alcaraz, de la Multisectorial contra el Tarifazo, remarcó que el acceso al agua potable tiene status reconocido por la ONU como derecho humano y "es obligación del Estado provincial garantizar la distribución en todo el territorio para el uso doméstico". Por lo tanto, el aumento pretendido pondría en riesgo el cumplimiento de ese derecho.
El diputado de Igualdad y Participación Rubén Giustiniani señaló que el tarifazo esperado "está más que duplicando las estimaciones de inflación, incrementos salariales y haberes de jubilados y pensionados".
Alcaraz, además, cuestionó la calidad de servicio y apuntó a los déficits de presión en la red y obstrucciones en cloacas de barrios Fonavi. Muñoz apuntó en el mismo sentido y acotó: "Que vayan a esos vecinos a explicarle que le quieren aumentar la tarifa 56 por ciento".
