La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNA- SUR) han rechazado los “actos de violencia” ocurridos en Ecuador en los días previos a la Consulta Popular de este domingo 4 de febrero, convocada por el presidente Lenín Moreno.
“En vísperas del cierre de la campaña, la Misión de Expertos de la OEA en Ecuador hace un llamado a la calma y condena los actos de violencia. En democracia todas las opciones tienen derecho a manifestarse sin miedo a sufrir agresiones”, dijo la OEA este miércoles en Twitter.
Aunque no lo mencionó, el mensaje llegó horas después de que el ex presidente Rafael Correa se viese asediado por una turba en Quinindé (Esmeraldas, al noroeste del país) mientras brindaba una entrevista en una radio local.
Por su parte, el organismo sudamericano, sí hizo referencia explícita al hecho y publicó en la misma red social: “La Misión Electoral de UNASUR instalada en la República del Ecuador expresa su preocupación por los hechos regristrados en la mañana de hoy (miércoles) la ciudad de Quindindé, Esmeraldas, y hace un llamado a los actores políticos y sociales a contribuir a mantener el clima de paz, tolerancia y espíritu democrático que caracteriza al pueblo ecuatoriano”.
Correa estuvo retenido una hora y media en el edificio de la emisora. Afuera, los agresores rompieron las ventanas de la radio y atacaron el auto de Correa con piedras, huevos y basura. La policía tuvo que utilizar gases para dispersar a los manifestantes y permitir la salida del ex mandatario, quien dijo en Twitter que la situación fue muy grave, al tiempo que los identificó. “Los cabecillas están claramente identificados. Son directores departamentales del Municipio de Quinindé. Sus guardaespaldas están armados”, escribió.
Los 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas deberán responder a siete preguntas: cinco vía referéndum, que implican cambios en la Constitución, y dos vía consulta popular, para derogar o reformar leyes menores.
Las encuestas arrojan una clara victoria del ‘Sí’ a favor de Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013.
Tres de las preguntas son una clara invitación a entrar en la era del post correísmo. La que plantea suprimir la reelección indefinida aprobada por Correa en 2015, impediría la eventual candidatura del ex mandatario a las presidenciales de 2021. Otra, propone reestructurar el órgano creado por el ex gobernante para nombrar autoridades de control, lo que en la práctica supondría una ‘descorreización’ del Estado.
Los correístas advierten que una victoria del ‘Sí’ en esta cuestión permitiría a Moreno apropiarse temporalmente de todos los poderes estatales, nombrando “a dedo” a las nuevas autoridades, entre ellos al fiscal y al contralor, que ejercerán hasta las próximas elecciones regionales de 2019.
Por su parte, el ex mandatario sostiene que la pregunta que plantea inhabilitar a los políticos condenados por corrupción es también una vía, judicial, para bloquear su regreso. “Se inventarán un delito contra mí para inhabilitarme. Es la nueva estrategia de la derecha para destruir a los dirigentes progresistas, como hicieron con Dilma, Lula o Cristina”.