“Insisten con el 9, paramos el 9”, dijo el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, cuando anunció el paro general de su gremio haciendo coincidir la fecha de la medida de fuerza con el magro porcentaje que ofrecen las cámaras bancarias a modo de incremento salarial para este año. Ayer, luego de un plenario de secretario generales de la AB, anunciaron también que de no mediar un avance en la discusión paritaria realizarán un paro de 48 horas previsto para el 19 y 20 de febrero, que no sólo constará con el cierre de las sucursales bancarias sino que además no se cargarán los cajeros automáticos.

“Hace cuarenta días que nos vienen chantajeando para imponer sólo un 9 por ciento de aumento, sin considerar la inflación pasada, la futura, que superará el 20 por ciento, e incluso la propia pauta del Gobierno”, señaló el gremio en un comunicado.

La negociación paritaria está empantanada porque según afirmó Palazzo las asociaciones bancarias “son funcionales al gobierno” y no se mueven de la oferta realizada el primer día. En esta compleja coyuntura para los empleados bancarios, la semana pasada el Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca decidió anular el aporte solidario de los trabajadores no afiliados. Para La Bancaria es una medida “ilegal” porque dicho ítem está incluido en la paritaria 2017 y sólo podría anularlo recién en el marco de la negociación salarial que está en curso. Para la dirigencia bancaria estas maniobras forman parte de la política antisindical que desarrolla el gobierno de Mauricio Macri.

En tal sentido, el plenario de secretarios generales realizado ayer facultó a la conducción nacional del gremio a “realizar paros de 24, 48 y 72 horas a nivel nacional y los que sean necesarios durante el mes de febrero”. Poco después y en una conferencia de prensa, Palazzo advirtió que los trabajadores “pueden aguantar seis o siete meses de ahogo” pero al mismo tiempo se preguntó “si los bancos pueden aguantar un conflicto de 10, 20 o incluso de 30 días”. El sindicalista resaltó que una medida de acción directa de este tipo no es conveniente para el universo bancario en general pero sobre todo para las entidades pequeñas: “A los dos o tres días, los bancos chicos tienen que cerrar o darnos el aumento y no sé qué provincia que tiene a un banco privado como agente financiero se aguanta tres o cuatro días sin plata” en el distrito. La referencia del dirigente está relacionada con la ola privatista que el gobierno de Carlos Menem implementó en los años noventa donde buena parte de los gobiernos provinciales se desprendieron de sus bancos dejando el manejo de los dineros públicos en manos de entidades privadas.

La llegada de Cambiemos al poder significó para los empleados bancarios unas complejas y reñidas negociaciones paritarias. Por ejemplo, el año pasado la discusión con las cuatro cámaras patronales incluyó también medidas de fuerza. Tan importante fue la pelea que se terminó de resolver unas horas antes que comenzara un paro de 72 horas. También era febrero y en esa oportunidad consiguieron un 24,3 por ciento con una cláusula gatillo que se aplicaba de manera directa una vez que la inflación superara el 19,5 por ciento. Dicha cláusula se aplicaba además de manera retroactivo al primer día de enero de 2017. Incluso en aquella oportunidad el gremio tuvo que recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo donde logró que les avalaran la cautelar que habían presentado para que las cámaras patronales cumplan con lo acordado en la negociación paritaria que, por otra parte, había logrado perforar el techo del 17 por ciento que el gobierno pretendía imponer en ese año. Incluso la Casa Rosada llegó a impulsar denuncias contra esos jueces laborales y poco después se utilizó para denunciar la existencias de mafias dentro del fuero laboral.

Ahora la historia parece repetirse pero con mayor crudeza porque las patronales por ahora se niegan a mejorar la oferta y mucho menos incluir la cláusula gatillo tal como presiona el gobierno nacional. Es probable que la oferte suba al 15 por ciento como pretende el macrismo pero que los bancarios rechazan de plano.