El gobierno nacional continúa en plan de recuperar la imagen positiva perdida. Tras la expulsión de familiares de algunos funcionarios, que instrumentó para evitar la renuncia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ayer la gestión PRO dio marcha atrás con otro escándalo: el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunció que había devuelto el medio millón de pesos con el que lo había premiado la Sociedad Rural hace dos meses, cuando ya era funcionario. El ministro tenía un expediente abierto en la Oficina Anticorrupción y había recibido críticas incluso de delegados de la Sociedad Rural por ese pago. Pero los problemas no terminan para el funcionario PRO: el 27 de febrero deberá asistir a una indagatoria por un presunto vaciamiento para perjudicar a su hermana.

Le tomó a Etchevehere no menos de dos meses decidirse a entregar el dinero por el que había sido cuestionado y lo había puesto bajo investigación. En un comunicado, el funcionario sostuvo: “Procedí a transferir 500 mil pesos de mi cuenta personal a favor de la Sociedad Rural” como “devolución del importe que me fuera otorgado como reconocimiento extraordinario”. “De esta manera, cumplo con mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, la legalidad y la transparencia”, sostuvo, altruista, el ex presidente de la Sociedad Rural. Pese a estar devolviendo el dinero, aseguró que sigue convencido de haber “actuado con absoluta corrección” y también que, en definitiva, lo hace para poder “destinar mis energías a desarrollar el cargo sin distracciones estériles, no solo en aras de la agroindustria sino del país y de la sociedad toda”.

En el entorno del ministro sostuvieron que lo decidió motu proprio y no recibió ninguna orden ni del presidente Mauricio Macri, ni del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en ese sentido. Y reiteraron que no se trataba del cobro de un dinero indebido, lo que es algo contradictorio con la decisión de devolver esa cifra.

Lo otro curioso de la devolución es que durante los dos meses previos Etchevehere se la pasó defendiendo la legitimidad de cobrar esos 500 mil pesos. En sus primeras justificaciones, dio a entender que se trataba de salarios atrasados. “Como en cualquier actividad profesional, cuando se termina se liquidan los sueldos; se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia, a través de una comisión directiva y la verdad que no hay mucho más que explicar”, sostuvo. “Es algo normal de donde venimos, pero parece extraordinario”, aseguró.

No obstante, ayer Etchevehere sostuvo en su comunicado que era un “reconocimiento extraordinario”. En su entorno, detallaron que es algo que está habilitado en el estatuto de la Sociedad Rural y con ese monto le reconocían sus cinco años como presidente de la entidad. La diferencia no es menor: la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, le había advertido a Etchevehere que solo podía cobrar ese monto si era dinero atrasado de un trabajo anterior. “Por escrito me dijeron que no había ningún tipo de incompatibilidad porque se entiende que venía de una actividad laboral anterior”, había dicho Etchevehere, pese a que se abrió una investigación sobre si había o no incompatibilidades. En su momento, Peña refrendó su defensa (y adelantó lo que terminaría diciendo Alonso): “No observa problemas de incompatibilidad con la función pública”, dijo sobre el pago de un “ex empleador”.

Asamblea excepcional

La decisión de pagarle ese monto fue tomada en una asamblea del consejo directivo de la Sociedad Rural, donde la votación salió 14 a 11 a favor de abonarle a su ex presidente un “aporte excepcional” (así figura en el acta). Esto dejó a varios integrantes de la entidad rural enojados. De hecho, un grupo de delegados le mandó una carta al actual presidente, Daniel Pelegrina, en la que se quejan por el pago y piden su devolución. “La persona de campo es austera, y esta conducta es profundamente contraria a la filosofía que caracteriza al productor”, indicaron. “Este pago realizado al ex presidente Luis Miguel Etchevehere es un pésimo ejemplo y antecedente, que no sólo afecta al buen nombre y honor de la Sociedad Rural Argentina, sino que afecta al sector Campo”, señala la nota elevada por 26 delegados del distrito 2 de la Rural, que abarca la provincia de Buenos Aires. Reclamaron que la plata fuera devuelta “a la brevedad”.

Nada de eso sucedió: Etchevehere defendió su derecho a cobrar esa cifra pese a ser funcionario y se abrió un expediente en la Oficina Anticorrupción. Según contó Alonso hace pocos días, el trámite estaba actualmente a la espera de que el ministro leyera todas las actuaciones e hiciera su descargo antes de que la OA emitiera una opinión al respecto. Ahora que Etchevehere devolvió el dinero, es probable que la cuestión devenga abstracta.

Citado

Los problemas no terminaron, no obstante, para Etchevehere. Si bien logró no ser investigado por una denuncia de dos trabajadores rurales de una de sus propiedades –quienes contaron que fueron reducidos a ser prácticamente esclavos–, todavía es investigado en una causa por presunta administración fraudulenta por haber recibido un préstamo del Banco Nación con el pretexto de la emergencia agropecuaria. Según investigó el periodista Sebastián Premici, los 900 mil pesos que recibió durante la gestión de Carlos Melconián se usaron para cubrir otro préstamo de Las Margaritas S.A. –empresa de la familia Etchevehere– con el Banco Itaú que, a su vez, provenía de una presunta operación de autocompra de inmuebles.

El funcionario PRO tiene una cita con el Poder Judicial de Entre Ríos para el 27 de febrero, cuando deberá concurrir a prestar una declaración indagatoria. Se trata de una denuncia de su hermana Dolores Etchevehere, sobre una serie de maniobras para vaciar las empresas familiares y perjudicarla con la herencia. En esa causa, la Justicia entrerriana hizo una requisa de una de sus propiedades para obtener documentación de las sociedades familiares. Existen otras dos causas en base a las denuncias de la hermana y las investigaciones de la Procuraduría contra el Lavado de Dinero (Procelac): una por presunta estafa en la Justicia ordinaria y otra por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria en la Justicia federal de Entre Ríos.