La reelección del ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bélgica huido de la Justicia, parece cada vez más lejos, a pesar de que sigue siendo el único candidato a la investidura, porque su principal socio no está dispuesto a asumir consecuencias penales. 

La “número dos” de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, dejó claro que la investidura de Puigdemont “no debe implicar consecuencias penales ni efectos judicialmente negativos para muchos diputados”. 

En ese sentido, Rovira instó a Junts per Catalunya (JxC), el grupo de Puigdemont, a detallar la “fórmula para hacer efectiva la investidura”, según afirmó en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). 

Esto significa que su partido no piensa incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que prohibió que la investidura del líder secesionista sea por vía telemática o delegada, obligando a Puigdemont a asistir de forma presencial a la cámara, lo que es prácticamente imposible. 

El Constitucional aclaró que el líder secesionista, quien hace tres meses huyó a Bruselas luego de ser destituido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, podía pedir autorización al Tribunal Supremo, para presentarse al debate de investidura. 

El martes, el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC, decidió aplazar de forma indefinida el debate de investidura, aunque mantuvo a Puigdemont como candidato con la intención de ganar tiempo. De esta forma, evitó desobedecer al Constitucional. Sin embargo, desde el punto de vista tanto político como legal, la reelección de Puigdemont, el candidato de la mayoría independentista surgida de las urnas en las elecciones del 21 de diciembre último, se encuentra en un callejón sin salida. 

Sobre el ex presidente catalán pesa una orden de detención por delitos de rebelión, sedición y malversación por su intento de secesión frustrado en octubre pasado, con lo que sería detenido tan pronto pise territorio español. El juez del Tribunal Supremo que lleva el caso, Pablo Llanera, rechazó ayer un escrito presentado por la defensa del político secesionista en el que le informa que adquirió la condición de diputado, lo que él cree que le otorga inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, le da cobertura para evitar su detención. De hecho, el magistrado también denegó la excarcelación al ex consejero de Interior Joaquim Forn argumentando un riesgo de reiteración delictiva, pese a que renunció a su escaño, con lo que, incluso en caso de que Puigdemont regrese a España y quede a disposición de la Justicia, difícilmente le permitiría asistir al Paramento para que sea reelegido. 

Además, Rovira subrayó que la investidura del nuevo presidente debe ir acompañada de “un plan de gobierno” para “toda la legislatura” que marque la hoja de ruta para “seguir el camino” iniciado por el anterior Ejecutivo. 

Si bien ERC dice haber renunciado a la vía unilateral, las afirmaciones de la diputada independentista apuntan en sentido contrario, lo que dificulta el camino a un eventual presidente independentista. 

El ex vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien se encuentra en prisión provisional, propuso el jueves una presidencia “simbólica” para Puigdemont y otra “ejecutiva”, pero la idea no fue bien recibida por Junts per Catalunya. “Sería una insensatez renunciar a aquello que puede ser”, aseguró ayer el diputado de JxCat Eduard Pujol, tras afirmar que su grupo “tiene un plan” para investir a Puigdemont, que no quiso desvelar.  Pujol añadió que incluso el martes “estábamos convencidos de que con el reglamento en la mano habría investidura”. 

Aquel día, el acuerdo al que habían llegado los grupos independentistas saltó por los aires, lo que llevó a Puigdemont a admitir que el proceso de secesión había “terminado”, y que lo habían “sacrificado”, según mensajes de texto filtrados a la prensa. El ex presidente luego admitió que “dudó”, pero rectificó y dijo que no renunciaba a convertirse otra vez en el Presidente de los catalanes. 

Sin embargo, la contramarcha volvió a enfurecer a los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), cuyos votos son necesarios para la investidura. Mientras la grieta entre los independentista se ahonda, la oposición catalana y el gobierno español continúan presionando para que Torrent designe a otro candidato a Presidente del gobierno regional.