Para los consumidores de medios oficialistas, la movilización convocada por  Hugo Moyano es una movida para frenar las causas judiciales en su contra. Para los sindicalistas, las causas judiciales contra varios de ellos forman parte de la maniobra oficialista para ponerlos contra las cuerdas ante la inminencia de unas paritarias muy difíciles.

El Gobierno busca que la sociedad quede sin capacidad de respuesta a su intención de poner un techo del 15 por ciento a las paritarias y sacarle cualquier cláusula gatillo que busque igualar con la inflación. En la campaña presidencial, Mauricio Macri se cansó de decir que no había nada más fácil que frenar la inflación. En los dos años que lleva en el gobierno, primero duplicó la que había durante los peores meses del kirchnerismo y después no ha podido bajarla. Durante dos años de alta inflación y aumento de la carestía de la vida, el Gobierno no tomó una sola medida orientada a los formadores de precios. Su única preocupación está en bajar los salarios. En el mundo insólito del neoliberalismo, toda la economía se rige por las reglas “naturales” del mercado, menos los salarios, que tienen que ser estipulados por el empleador. Estas paritarias son decisivas porque apuesta a mantener los salarios por debajo del costo de vida para detener la inflación.

El acto tiene motivos legítimos, nunca podría ser nada más que un capricho de Moyano. 2017 terminó en medio de grandes movilizaciones fuertemente reprimidas, negociaciones traicionadas, el saqueo a los jubilados, megadecretazos y la amenaza de la reforma laboral. Esos reclamos quedaron en la sociedad y fueron realimentados por la intención de poner techo a las paritarias y por los tarifazos que comenzaron a aplicarse este jueves.

Un capricho no tendría capacidad de convocatoria ni mellaría la interna de la CGT, ni formaría parte central del fenómeno de realineamiento que se está produciendo en la oposición. Son movimientos que no terminan de producirse desde las elecciones del 2015, cuando Moyano dio su respaldo implícito a Mauricio Macri.

Los medios oficialistas dicen que las causas judiciales no forman parte de la estrategia del oficialismo para hostigar a los sindicatos. Pero las investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), sobre las que se basan las denuncias, son todas contra dirigentes de la oposición, políticos o sindicalistas. No hay una sola investigación sobre las decenas de denuncias contra funcionarios y empresarios amigos del Gobierno a los que se les descubrieron cuentas y empresas en paraísos fiscales. La UIF se ha negado incluso a proporcionar información solicitada por jueces en causas que eran inconvenientes para el gobierno. Toda la actividad de la UIF está enfocada contra opositores. Y todas caen en el momento indicado, en este caso se persigue al sindicalismo ante la inminencia de las paritarias.

Esta rigurosa sincronía de la UIF con los intereses y las estrategias políticas del gobierno la presenta como una herramienta de la Casa Rosada, tipo Gestapo, una especie de policía política, encargada de perseguir opositores. Cuando asumió Macri, puso al frente de ese organismo a Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Antes la UIF funcionaba en el marco del Ministerio de Justicia. El macrismo la trasladó a la esfera de la entonces Secretaría y actual Ministerio de Finanzas, que encabeza el primo de Nicky Caputo, el íntimo amigo del presidente. Además de esa relación familiar, el ministro Luis Caputo fue administrador de fondos buitre hasta unos días antes de asumir en el gabinete de Macri. Un ex funcionario del FMI y un ex administrador de fondos buitre a cargo. No es una buena combinación.

La utilización de la UIF como policía política, que incluso alimenta las campañas de los medios oficialistas contra opositores, mide la bajísima calidad institucional de esta república de empresarios.

La ofensiva judicial tampoco se dio en forma aislada sino como parte integral de una acción en varios frentes. Al mismo tiempo que se producían las acusaciones y los medios corporativos hacían un gran despliegue con ellas, el Gobierno anunciaba su intención de poner un techo a las paritarias. Sobre la marcha anuló la paritaria nacional docente y postergó la paritaria docente cuando falta poco menos de un mes para el comienzo de las clases. Como si quisiera empujar al paro para indisponer a los maestros con la sociedad. La paritaria bancaria funcionó de la misma forma provocativa cuando se propuso apenas un nueve por ciento de aumento salarial para un año en el que todos los pronósticos anuncian una inflación que estará entre el 23 y el 25 por ciento. El sector financiero fue uno de los más beneficiados por la política económica y es el que tiene mejores condiciones para satisfacer la demanda de los trabajadores. Por esa misma razón, si cierra a la baja, sienta un precedente para otras ramas de la producción. El gremio bancario anunció un plan de lucha con tres paros en las próximas semanas y se sumó al acto del jueves.

La escalada de hostilidades entre Moyano y el Gobierno, inclusive su pelea platónica con Macri, fue en ascenso hasta que esta semana el Gobierno envió señales amistosas para Moyano y le dio una prórroga de un mes a la empresa OCA, acorralada por la AFIP. OCA ocupa siete mil trabajadores y cinco mil de ellos están afiliados al sindicato de Camioneros. El Gobierno da a entender que todo el conflicto se origina en la situación de OCA y señala a Moyano como uno de los dueños de la empresa, además de que su gremio representa a la mayoría de los trabajadores. A pesar de ese gesto de distensión, el proceso de divergencia entre el camionero y Macri no se detuvo.

Moyano reconoció que sus relaciones con Macri fueron buenas cuando el Presidente era Jefe de Gobierno de la ciudad. Esta vez, sus interlocutores habituales en ese espacio, los peronistas-PRO Christian Ritondo y Diego Santilli, no pudieron hacer el puente para bajar los decibeles y el Gobierno se encamina hacia unas paritarias enmarcadas por protestas y movilizaciones masivas.

El último mes del año pasado puso al peronismo en estado deliberante. La brusca caída de la imagen presidencial, las fuertes movilizaciones contra la reforma previsional y la falta de resultados de la política económica despertaron el olfato de gobernadores, intendentes, legisladores y jefes sindicales. Las líneas opoficialistas se debilitaron y comenzó a hablarse con fuerza de la necesidad de reunificar al peronismo. Se intensificaron las reuniones, las declaraciones, las consultas y realineamientos.

Poco a poco, Macri va perdiendo la paz que le proporcionó su control de los grandes medios corporativos y de un sector de la Justicia. En el oficialismo también se empezó a hablar del 2019. Las fotografías no sirven a la política argentina. El escenario de octubre cambió en diciembre. Las reelecciones de Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal están en esas discusiones.

La pelea con Moyano se produce en ese tembladeral de la escena política. “Cristina Kirchner se encuadra en el peronismo”, fue la respuesta del camionero cuando se le preguntó por la ex presidenta y un eventual proceso de unidad en el peronismo. Un sector del massismo se esfuerza para que la unidad deje fuera al kirchnerismo. Pero a Sergio Massa, sus consultores le aconsejaron que vuelva a disputar la intendencia de Tigre porque si la pierde, desaparece de la política. El kirchnerismo y el PJ se solidarizaron con la convocatoria de camioneros. Las dos CTA también.

Las movilizaciones de rechazo a la reforma previsional constituyeron un impulso de confluencia para los legisladores de la oposición. Esta movilización se plantea como un nuevo aglutinador de las vertientes del peronismo y de sectores de la oposición no peronistas. La calle va forzando los procesos de confluencia en la oposición, derribando obstáculos que parecían insalvables.

Con prácticas extorsivas en el Congreso y con los gobernadores, con el copamiento de sectores del Poder Judicial, con la asfixia a los medios disidentes y la persecución judicial a los opositores, el Gobierno fue socavando vías institucionales de participación y expresión democrática. Como en otros momentos de la historia argentina, la calle resurgió como ágora del pueblo, ámbito de expresión democrática en última instancia que reemplaza lo que se ha roto. El protagonismo de la calle en la escena política es el síntoma de que se han cerrado las otras vías. Es un síntoma de crisis y una señal de alarma. Y la historia enseña que el lenguaje de la calle como foro del pueblo no puede dejar de ser escuchado por la oposición ni por el oficialismo: el que no lo escucha, pierde.