Laura Alonso goza de la confianza de Mauricio Macri, que la colocó al frente de la Oficina Anticorrupción. Su cargo quedó exento del decreto presidencial que insta a los familiares de los ministros a renunciar a cargos públicos, como consecuencia del caso Triaca. Así, Soledad Alonso, hermana de la funcionaria, mantuvo su puesto en la estructura de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Fernando De Andreis. La divulgación de este caso no fue del agrado de la funcionaria encargada de velar por la limpieza de los actos de gobierno.
La periodista Emilia Delfino publicó en el diario Perfil una nota sobre los casos de parientes de funcionarios que aun mantienen cargos después del decreto de Macri. En su nota se detuvo en el caso de Soledad Alonso. Consultada por la periodista, la responsable de la Oficina Anticorrupción afirmó que su hermana llevó su CV a la Fundación Pensar, ligada al macrismo. “Fue entrevistada y contratada como empleada. En estos años ha sido evaluada y se le renueva el contrato de locación de servicios cada fin de año. Cobra $23 mil mensuales, va a trabajar todos los días y cumple horario, tiene que poner el dedo en el control biométrico de la Casa Rosada”, le contó Alonso a la periodista.
Lo curioso vino después, y la nota lo consigna: “La funcionaria luego llamó a Perfil para advertir que iba a ‘responder’ con acciones si la información era publicada. No especificó a qué acciones se refería”.
Otros funcionarios que zafaron del guadañazo del decreto presidencial son José Torello, jefe de asesores de Presidencia, con dos familiares en la Anses; y el propio Fernando De Andreis, jefe de la hermana de Alonso, que tiene un familiar en la Jefatura de Gabinete. A ellos hay que sumar a la hermana del ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, a cargo del museo de la Legislatura; y otra hermana de Jorge Triaca. En ese caso, asesora en el Legislativo porteño.
A diferencia del caso de Soledad Alonso, se ignora si van a trabajar todos los días.
