Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política oficial respecto al índice de precios. Esta política se sustentó en dos ejes centrales. Por un lado, la deliberada discontinuidad en la serie de inflación, impidiendo comparar la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca. Además, en 2019, según la información que brinda el Indec, está previsto un nuevo cambio. La implementación repetida de cambios metodológicos en poco tiempo genera discontinuidad en la serie, poniendo a disposición información incomparable entre sí. Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador. 

Las canastas de consumo (qué cosas consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas de Gastos que se realizan aproximadamente cada 10 años. Es importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos que la quita de retenciones y el desmantelamiento de la Secretaria de Comercio tuvieron en relación al precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre el total de gastos aumentó sensiblemente.

Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de precios, la administración de Jorge Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto de la representatividad.

El cambio permanente

En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. Apenas unos meses más tarde surgen críticas sobre la veracidad de los datos de inflación y se construyen índices que buscan reemplazar la información oficial a partir de los relevamientos de precios de institutos provinciales. 

En 2014, en la gestión de Axel Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012-2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios afines reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus críticas al IPC-Nu. 

Desde diciembre de 2015, la nueva administración del Indec decretó la “emergencia estadística” y dejó de publicar el IPC-Nu. Los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente representativo del mismo, el Gobierno utilizó este indicador durante algunos meses. En efecto: ¿resulta ilustrativa de la variación de precios del conjunto del país utilizar exclusivamente la canasta de consumo y la variación de precios de la provincia de San Luis, o alternativamente de la Ciudad de Buenos Aires?

Ya en abril de 2016 se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría una gran cantidad de datos perdidos y falta de documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos de 2005. Como consecuencia, el índice de precios calculado utilizó una estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la realidad actual. Paralelamente se implementó un importante ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8 por ciento del gasto está destinado a vivienda y tarifas según la vieja ponderación). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica, y con hogares que no contaban para aquel entonces con una significativa cantidad de electrodomésticos (fenómeno que fue cambiando a lo largo de los últimos diez años) daba cuenta de una estructura de consumo que no es representativa al día de hoy. Tampoco lo es aquella reflejada en la encuesta de gastos de 2012-2013, caracterizada por un fuerte subsidio al consumo energético, enormemente reducido desde 2015. 

En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes experimentados en los dos primeros años de Cambiemos: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte).

Por último, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en junio de 2017 se estableció un nuevo índice oficial de cobertura nacional y para éste se continuó usando la vieja encuesta de 2005. Esta nueva medición amplió la cobertura geográfica, siendo que anteriormente se limitaba al área de CABA y AMBA (GBA). Por otro lado, el Indec continuó publicando el IPC correspondiente a GBA, pero en lo que respecta a la continuidad de esta serie, aparecieron canastas que en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual afectó nuevamente la comparabilidad. 

Ponderadores no representativos

Como se mencionó, el cambio tan profundo y acelerado respecto de la política de subsidios y en relación a los acuerdos de precios de alimentos, sumado a la quita de retenciones y la devaluación, invalidan cualquier encuesta de gastos previa que arrojara ponderadores para cálculo de IPC, ya sea la de 2005 como la de 2012-2013.

En la medición actual, se puede observar que los ponderadores del gasto resultan muy poco realistas. 

El rubro vivienda y servicios básicos (que incluye el alquiler, las expensas y las tarifas de gas, electricidad y agua) representan 10,5 por ciento del gasto para el área GBA. Si bien esto es un promedio de toda la economía, y no la particularidad de un hogar, es fácil ver que el porcentaje está muy alejado de la realidad de la amplia mayoría. Por ejemplo, para un gasto total de 10.000 pesos en dicho rubro, el ingreso del hogar debería ser de 41.000. Observaciones similares pueden realizarse en el rubro alimentos, que sólo incide 26,7 por ciento en el gasto. Por el contrario, esparcimiento pareciera encontrarse sobre-representado, ya que incide 18,3 por ciento, el segundo rubro en importancia detrás de alimentos y bebidas.

¿Cómo impactan los ponderadores? Por ejemplo, si en lugar de una incidencia del gasto en alimentos y bebidas del 26,7 por ciento fuera del 30; si la incidencia en Vivienda y servicios básicos (alquiler, gas, luz y agua) de 10,5 por ciento alcanzara el 15, y si se redujera el gasto en Recreación y Cultura y en Restaurante y Hoteles, que hoy es del 18,3% por ciento, al 10,4, la inflación de 2017 en lugar de ascender a 25 por ciento para Gran Buenos Aires arrojaría 26,5.

Este sencillo ejercicio demuestra que los ponderadores (y no sólo la medición de los precios en sí) resultan claves para medir la inflación de los consumidores.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).