El FMI sostiene que la economía argentina creció 2,8 por ciento en 2017. Los informes de distintas consultoras coinciden en porcentajes similares. Más allá del número en sí, la causa del rebote económico no tiene secretos. 

La política de ajuste fue puesta en “modo pausa” por las urgencias electorales. La actividad se comenzó a mover por el lado de la demanda (relanzamiento de la obra pública, tenue recomposición salarial, crecimiento del crédito, postergación de aumentos tarifarios). Eso determinó que cierta ortodoxia troglodita calificara al macrismo como “kirchnerismo de buenos modales”. 

Según la óptica oficial, el crecimiento del año pasado convalida el rumbo adoptado. El “esfuerzo” de 2016 fue la condición necesaria para crecer sobre bases sólidas. La acumulación de mayúsculos desequilibrios macroeconómicos (déficit de cuenta corriente, endeudamiento, etc.) desmienten esa visión optimista. El fuerte incremento de la vulnerabilidad externa tendrá consecuencias a mediano plazo.

En el corto, la reanudación de la política de ajuste (suba tarifaria, recorte del gasto público, “techo” en las paritarias) pone en riesgo la continuidad del “veranito”. ¿Cuáles serían los motores del crecimiento en 2018?. El macrismo apuesta sus fichas a la inversión privada, en general, y al Programa de Participación Pública Privada (PPP) en particular. 

Ese marco legal fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2016. El origen del PPP es el Reino Unido de Margaret Thatcher. “La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal, pero el gobierno quería poder invertir en infraestructura pública. El PPP era la solución (…) aunque el gobierno se compromete a sufragar la inversión, como si él mismo hubiera tomado prestado el dinero, durante un periodo de 25 años o más, las normas contables permiten tratarlas como un préstamo privado, no como un préstamo público, de modo que el dinero puede tomarse prestado sin infringir las normas fiscales. La política también era atractiva para el gobierno de Thatcher, ya que representaba otra forma de privatización, permitiendo a las empresas privadas beneficiarse del dinero público, y exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables”, explica el profesor de la  Universidad de Greenwich, David Hall, en “¿Por qué las asociaciones público-privadas (apps) no funcionan?. Las numerosas ventajas de la alternativa pública”.

Con los años, ese tipo de esquema de asociación pública privada se extendió a otros países (España, Chile, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Francia). 

Las últimas noticias sobre los resultados de esa herramienta no son muy auspiciosas. La Oficina Nacional de Auditoría británica (NAO) acaba de criticar con inédita dureza los resultados del sistema. Entre otras cuestiones, la NAO denuncia sobrecostos de hasta el 40 por ciento en las obras. Por su parte, la quiebra de empresas constructoras obligó al gobierno español a estatizar cuatro autopistas construidas mediante PPP. Las estimaciones preliminares indican una pérdida de 2.500 millones de dólares en 2018 para el estado español.

“Las instituciones mundiales y los consultores promueven actualmente las asociaciones público-privadas (APPs) en todo el mundo. Los bancos de desarrollo, los gobiernos nacionales, la UE y los organismos donantes proporcionan financiación pública subsidiada específicamente para las APPs. Los países sujetos a regímenes del FMI, y otros países en desarrollo, están siendo sometidos a presiones políticas y a campañas de marketing. No obstante, la experiencia de los últimos 15 años muestra que las APP son una modalidad costosa e ineficiente de financiar la infraestructura y desviar la inversión del gobierno de otros servicios públicos. Las APP ocultan el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios”, concluye Hall

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