La máxima sostiene que el límite del ajuste es la resistencia de los ajustados. Con más pragmatismo político se agrega que la legitimidad se termina cuando la malaria llega a la clase media. Una mirada más simple, anclada en el presente, aporta la idea del “colchón”, del amplio resto dejado por la pesada herencia sobre los ingresos y derechos de los trabajadores. Así, lo perdido por el conjunto de los asalariados en estos dos años no alteró de manera significativa el bienestar general. En 2017 y gracias a las elecciones y la posposición de aumentos de precios regulados, los salarios no perdieron contra la inflación. Sin embargo, tampoco recuperaron lo perdido en 2016 y continúan por debajo de 2015. El balance de los primeros dos años, entonces, es levemente negativo, un rojo que las familias cubrieron parcialmente con financiamiento. En materia de consumo el dato de 2017, según el ITE-Fundación Germán Abdala, fue un aumento del 0,8 por ciento, equivalente a estancamiento, pero sin recuperación del consumo masivo y contra un impulso del gasto de los sectores de altos ingresos, todo un reflejo de las transformaciones en curso.

La tarea del propagandista de la economía oficial se volvió compleja y demandante de gran entusiasmo. No existe, literalmente, ningún indicador positivo. Uno de los más difundidos fue “el sobrecumplimiento de la meta del déficit fiscal primario” que alcanzó el 3,9 por ciento del PIB apuntalado todavía por los ingresos extraordinarios del blanqueo. No obstante, el déficit llega al 6,1 por ciento cuando se suman los pagos de deuda, un cáncer en plena gestación que hace que se vaya en intereses lo que se ahorra en calidad de vida de los ciudadanos.

El déficit fiscal, como la inflación, no es un indicador aislado, sino el reflejo de otras variables y comportamientos de la economía. El “sobrecumplimiento” primario respondió al menor gasto público, por ejemplo en subsidios a la energía y el transporte, pero también en obra pública cuando se la mira desde 2015. De acuerdo a un reciente informe de Cifra-CTA, los gastos de capital, que incluyen la inversión pública, cayeron desde 2,7 puntos del PIB en 2015 a 2 en 2017, el valor más bajo desde 2005. Los subsidios pasaron en el mismo bienio de 3,4 puntos del PIB a 2,2. Los ingresos tributarios (del sector público nacional no financiero), pasaron del 19,3 por ciento del producto en 2015 al 17,8 en 2017, una caída de ingresos voluntaria de 1,5 puntos del PIB basada en los recortes en bienes personales, ganancias y retenciones, es decir en favor de los más ricos. Todos los gobiernos redistribuyen.

Continuar detallando números negativos puede resultar agobiante, pero debe destacarse el déficit récord y creciente de la Cuenta Corriente del Balance de pagos, un rojo que obligará a profundizar el endeudamiento externo y sus riesgos. Por ahora “el regreso al mundo” no cumplió la promesa de inversión extranjera directa, a pesar de que “afuera todos nos creen”. Los flujos se concentran en la salida de capitales y en el ingreso de inversiones de cartera, es decir las financieras que aprovechan el diferencial de tasas. Vale destacar que tras la disparada del dólar de 18 a 20 desde diciembre a la fecha, la prensa financiera internacional, que representa sin mediaciones el sentir de estos inversores de cartera, ya comenzó a llenar páginas de desencanto por la caída de rentabilidad y el verdadero riesgo argentino (véase “Shift by Argentina’s central bank rings alarm bells”, en el londinense Financial Times).

Pero por ahora el cambio del humor de los inversores externos es menos intenso que el del humor social interno. El punto de inflexión también fue diciembre. Comenzó con la reforma previsional, pero se disparó por la desmedida represión de las protestas. Una parte de la base social de Cambiemos podría haber dejado de creer en las promesas bíblicas de futuros venturosos. El cheque en blanco renovado en octubre se despedazó a puro palo y bala de goma. El blindaje mediático encontró su límite. La población comienza a advertir la insustentabilidad estructural del modelo macrista. No necesariamente su grave dimensión financiera externa, algo que por ahora la toca de lejos y le resulta inasible, sino la dimensión del empleo y precarización. Los trabajadores perciben que si todavía no les tocó en forma directa, las balas de los despidos y los recortes le rebotan cada vez más cerca.

En paralelo, en el mundo sindical, el generoso lapso de dos años de calma concedido por la dirigencia acuerdista terminó. La estrategia de palo y billetera que Cambiemos mostró desde el primer día se descoordinó. Sea por las desmesuras de la reforma laboral o por la decidida voluntad de poner un techo a las paritarias por debajo de la irrisoria meta de inflación, hubo más palo y amenazas judiciales que diálogo y billetera. Puede ser que los Moyano o los Barrionuevo no representen a toda la CGT, pero ya no habrá gremios combativos por un lado y la CGT por el otro. La nueva síntesis sindical es la suma de las CTA y buena parte de la CGT frente a los “gordos” oficialistas de todos los gobiernos. Aunque existan razones subalternas, personales o de negocios, el dato duro es que el panorama sindical se reconfiguró. Salvo renovadas defecciones, para las que queda poco margen, ya nada volverá a ser como antes. La “pax sindical” con la segunda Alianza terminó. 2018 será un año caliente para la protesta social. El empoderamiento presidencial a matadores públicos no puede considerarse un hecho aislado cuando se espera más represión.

El nuevo panorama sindical es relevante más allá de las sumas y restas momentáneas. En la fuerza de los sindicatos reside la clave de la inviabilidad local para el modelo a la chilena, maquillado de Australia, que persigue el tercer gobierno neoliberal. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo la tasa de sindicalización local es del 37 por ciento (2016). El número contrasta con el promedio de la región que es del 25 por ciento o con el 15 de Chile. También explica por qué los salarios en Argentina, a pesar de todos los embates, siguen siendo más altos en promedio que en el resto de la región. Distintos trabajos académicos, incluso de organismos como el FMI, demostraron la existencia de una relación inversa entre tasa de sindicalización y desigualdad social. En Europa, por ejemplo la sindicalización se redujo desde el 47 por ciento en 1980 a alrededor del 30 en la actualidad. En los países escandinavos, por ejemplo, la sindicalización bordea el 70 por ciento.

Es en el movimiento obrero organizado, entonces, donde reside el principal resguardo para los derechos sociales hoy amenazados. Pero la etapa superior de cualquier resistencia sindical es que se plasme en un proyecto político programático, una responsabilidad que corresponde a la clase política. En este marco, la reconfiguración sindical podría funcionar como un potente parteaguas y catalizador de la dispersión opositora.