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Desde Caleta Olivia
Desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos submarinistas que el ARA San Juan tenía cuando menos “seis falencias graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que significa que el submarino corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. La información era de conocimiento del entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y del actual ministro de Defensa, Oscar Aguad. Luego de analizar la profusa documentación receptada por envíos de la Armada y en allanamientos realizados en cuatro dependencias de la fuerza, es inevitable que la jueza federal de esta ciudad, Marta Yañez, convoque a prestar declaración al almirante Srur y que vuelva a requerir al ministro Aguad para que explique cuestiones que surgieron luego de su testimonio por escrito, recibido a fines del año pasado.
Del informe surge que algunas de las deficiencias advertidas no fueron solucionadas por falta de presupuesto. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales como el submarino con 44 personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo negligencia criminal”. Una de las tantas incógnitas sobre el ARA San Juan es conocer datos sobre la misión que estaba cumpliendo en lugares donde es frecuente el cruce con buques de guerra de otros países o naves dedicadas a la pesca ilegal (ver nota aparte).
Antes de la declaración de los auditores de la Armada, el miércoles, Tagliapietra fue claro sobre el rol que les adjudica: “Ellos no son los malos de la película, todo lo contrario, ellos señalaron la existencia de anomalías, pero la Armada los trató como si fueran dos cuatro de copas, no los escuchó y puso en el agua al submarino en las malas condiciones en las que estaba”. El problema, según el querellante, es “el sistema burocrático y la cadena de mandos por la que subió una advertencia grave que no fue tenida en cuenta y ahora hay que establecer las responsabilidades”.
El sistema de contralor de cualquier nave de guerra comienza por el informe de su capitán. En el caso del ARA San Juan, el responsable desde febrero de 2017 era el capitán Pedro Martín Fernández, conocedor de la nave porque antes se había desempeñado como segundo comandante. En su momento, Fernández refrendó los informes de sus antecesores, los capitanes Blanco e Yrigoyen. Las revisiones se hacen en forma permanente y con más razón, teniendo en cuenta que el buque había sido sometido a la llamada reparación de “media vida”, para volver a navegar a fines de 2011, principios de 2012.
El informe, que tenía el carácter de “secreto” como todo lo que es considerado un asunto de seguridad nacional, fue evaluado y aprobado por el ex auditor de la Inspección General de la Armada contralmirante Guillermo Lezana, quien lo firmó el 20 de diciembre de 2016, una semana antes de que dejara el cargo en manos de su sucesor, el contralmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quien el 5 de enero de 2017 corroboró con su firma la validez del informe y lo elevó al Comando en Jefe de la Armada, entonces a cargo del almirante Marcelo Srur, quien tuvo que renunciar a fines del año pasado, luego de la tragedia del submarino.
El informe alertaba sobre una serie de por lo menos seis “deficiencias” graves, entre ellas fallas en las baterías, en el funcionamiento de las escotillas y la falta de “pirotecnia de seguridad” (bengalas marinas que se utilizan para dar el alerta, en superficie, ante cualquier situación de emergencia), entre otros problemas que debían ser solucionados. En el caso de las escotillas, las reparaciones debían ser realizadas en “dique seco”, es decir fuera del mar, en tierra firme. Por recomendación de la empresa constructora alemana, las inspecciones y eventuales arreglos debían realizarse cada 18 meses, luego de la reparación de “media vida” que finalizó en 2011.
Pérez Bacchi confirmó que al mes de septiembre pasado el submarino llevaba 39 meses en el mar sin realizar el control en “dique seco” y que tenía turno para hacerlo recién en el mes de mayo de este año, lo que señala de manera contundente una anomalía grave. Se sabe que el ex titular de la Armada, Marcelo Srur, estaba al tanto de esa situación, pero al mismo tiempo se afirma en círculos cercanos a la Casa de Gobierno, que el hecho era desconocido por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien debe haber recibido el informe fechado en diciembre de 2016. En el juzgado federal de esta ciudad se considera improbable que Aguad no haya sido notificado, motivo por el cual seguramente será llamado en su momento Srur y consultado nuevamente Aguad, quien hizo una primera aparición testimonial, por escrito, en la causa.
Las advertencias en el informe eran contundentes: “Las deficiencias encontradas (durante la inspección) en el equipamiento del ARA San Juan dificultan su alistamiento para cumplir con los planes de rigor”. Se señalaba la existencia de “limitación en la vida útil de las baterías” e incluso la falta de equipamiento en caso de tener que asistir a los tripulantes frente a una lesión o herida de cierta importancia.
Para la confección del informe se tuvieron en cuenta incluso las recomendaciones que habían formulado en su momento los dos comandantes de la nave, anteriores al capitán Fernández. Las revisiones se hacen en forma permanente y se tiene en cuenta el aporte de la tripulación, sobre todo de los jefes de Electricidad y de Operaciones.
El informe pasó por todos los cuerpos orgánicos de la fuerza: el Comando de Submarinos, el Comando de Adiestramiento, hasta llegar a la Jefatura del Estado Mayor de la fuerza. Los que realizan el informe, que se hace sobre la base de conocimiento objetivo de expertos submarinistas como el capitán Gabriel Attis, actual jefe de la Base Naval de Mar del Plata, quien fue convocado por los auditores por su experiencia en la especialidad. El rol posterior del auditor es controlar si las recomendaciones se han realizado, algo que no ocurrió con el tema de las inspecciones y reparaciones en “dique seco” y en otras cuestiones importantes.
Tal vez por cuestiones burocráticas, no fue reemplazada la pirotecnia de seguridad que estaba vencida. En diciembre de 2016 fue detectada la falta de ese elemento importante en cualquier emergencia, pero la solución no se produjo por falta de presupuesto, aparentemente. “La compra fue aprobada en enero de 2017, pero la firma proveedora, de Estados Unidos, nunca la envió por falta de pago”, aseguró Luis Tagliapietra. “La firma dijo primero que no tenía stock, pero que si recibían el pago podría enviar la partida en 180 días, pero como no hubo pago, nunca llegó la pirotecnia de seguridad elemental para una emergencia”. El querellante insistió en este punto: “No es que estaban esperando que se entregue el material, ni siquiera pagaron para que las entreguen seis meses después”.
Durante la declaración testimonial de Pérez Bacchi, el querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan, le dio este ejemplo: “Yo tengo un edificio donde funciona su auditoría y determino la existencia de problemas estructurales que ponen en riesgo la vida de los que trabajan en ese lugar, pido la reparación y me dicen no hay plata, hay que licitar, hay que esperar un año. ¿Quién es el responsable si pasa algo y la gente tiene que seguir trabajando en esas condiciones?”. Eso es lo que se trata de determinar en la causa del submarino: ¿Quién es el responsable?
“Lo que pasó con el submarino, tal como lo vemos nosotros, es lo mismo que pasa hoy con la falta de presupuesto para los hospitales, para un montón de situaciones que tienen que ver con la vida de las personas y no se tienen en cuenta desde el poder político”, subrayó Tagliapietra. Y agregó: “No hay presupuesto para cuestiones vitales, pero el presidente Macri tiene presupuesto para alquilar un avión a seis mil dólares la hora”.
En el expediente, las advertencias sobre las deficiencias en el submarino desaparecido el 15 de noviembre “fueron hechas por personas expertas en la materia y por esa razón era imprescindible que se realizaran todas las reparaciones y aportes necesarios para la seguridad de los 44 tripulantes y también para un navío que representa a la Armada Nacional, si no se tiene en cuenta eso, no sé que queda para un indigente que se tiene que ir a vivir en un edificio a punto de derrumbarse”.
Tagliapietra afirmó ante Página/12 que cuando más recorre la información que está en el expediente “más me convenzo de que hubo una desidia importante, una desidia que yo llamaría criminal porque acá se jugó con la vida de 44 tripulantes, que en realidad eran 46, porque los dos que se bajaron en Ushuaia salvaron su vida de milagro porque lo que pasó luego de zarpar de esa ciudad, podría haber pasado cuando zarparon de Mar del Plata hacia el sur del país”.
