El Gobierno resolvió salir por arriba del laberinto en que había quedado envuelto por el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, su ex empleada doméstica y la tira de amigos conchabados en el SOMU. Si bien el  decreto “antinepotismo” seguramente tuvo buena recepción –no hace falta que lleguen los focus–, no es ese el principal conflicto de tipo ético generado por el macrismo en sus dos años largos de gestión. La proliferación de familiares en la gestión dificulta en parte la imagen de “nueva política” que Cambiemos intenta encarnar, pero en verdad lo que más controversias –y denuncias– les generó no fueron los casos de esposos, hermanos y cuñados diseminados en poltronas oficiales sino los evidentes episodios de conflictos de intereses de los funcionarios macristas. Como explicaba un legislador opositor que colaboró con el armado del listado de causas para esta nota, el problema no debería pasar por 30 o 40 sueldos extra de la administración pública que ahora supuestamente se van a ahorrar sino por cientos de millones de dólares de negociados gracias a los vínculos con el poder.

“Los conflictos de intereses son la antesala de la corrupción”, definió la cordobesa Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, cuando visitó el país en diciembre pasado. De paso, le dejó un mensaje a la titular de la OA, Laura Alonso, a quien dijo conocer de sus épocas de ONG. “Los organismos de control deben ser independientes del controlado”, deslizó. Cada vez más cuestionada, Alonso anunció días atrás que propondrían una nueva ley de Etica Pública con base en tres ejes: el nepotismo, los conflictos de intereses y declaraciones juradas. Sin embargo, si realmente quisiera, ya tendría para hacerse un festín en el rubro.

Por ejemplo, con respecto al propio presidente Mauricio Macri aún está en curso y sin mayores novedades la causa por la deuda del Correo Argentino –propiedad del grupo familiar–, cuando el Gobierno avaló un acuerdo que la fiscal de Cámara Gabriela Boquin consideró “abusivo y perjudicial”, al calcular en 70 mil millones de pesos el perjuicio para el Estado. Si la fiscal no se hubiera interpuesto, el acuerdo se hubiera cerrado en el mayor sigilo. Otro tema vigente es el de la llegada de las compañías aéreas low cost. La colombiana Avianca compró las acciones de Macair, la aérea de los Macri, y cerró casi en combo la adquisición de rutas de cabotaje para volar con su firma Avian. Como para hacerlo más turbio, Carlos Colunga -quien siempre manejó la compañía de los Macri- se convirtió con el traspaso en el CEO de Avian.

Otro paso de ética dudosa fue cuando firmó un decreto para flexibilizar el blanqueo de capitales y permitir el ingreso de familiares de funcionarios. PáginaI12 reveló luego que su hermano Gianfranco había aprovechado para blanquear 35,5 millones de dólares. Vale acotar que el Presidente, hermano

mayor de Gianfranco y CEO de las empresas familiares durante años, apenas si afirma poseer unos cinco millones de dólares en las declaraciones juradas que le presenta a Alonso, a quien no le surgió curiosidad

por la situación. El último negocio conocido de las empresas Macri tuvo que ver cuando, sin haber pasado por una licitación, se las ingeniaron para comprar y vender seis parques eólicos. Gracias al pase de manos se hicieron con casi 50 millones de dólares. Bastante más jugoso que el sueldo de las hermanas Triaca.

Hubo varios funcionarios que participaron del negocio del dólar futuro. En la causa están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Axel Kicillof, además de otros 13 funcionarios del gobierno anterior, pero ninguno del actual, aunque fueron quienes ganaron fortunas con la operatoria. Un caso fue el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien hasta el día antes de ser funcionario manejaba el fondo de inversión Axis, que luego del triunfo de Macri y antes de su asunción compró 700  millones de pesos en dólar futuro, una operatoria que hasta ahí no le había interesado. También su esposa, Ximena Ruiz Hangling, se hizo de otros 31 millones. En situación similar está el vicejefe de Gabinete y estrella ascenso en la constelación Cambiemos, Mario Quintana, quien manejaba el fondo Pegasus y la firma Farmacity, ambas con compras millonarias de dólar futuro. Según la declaración del gerente del Mercado a Término de Rosario (Rofex), Diego Fernández, en una reunión realizada el 13 de diciembre de 2015 con Quintana y Caputo se fijó el precio que se pagaría por esos contratos. Es decir, ellos mismos determinaron su ganancia.

Según la vigente ley de Ética Pública que Laura Alonso quiere “profundizar” en una nueva versión, los funcionarios deben “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”. Aquí no habían pasado ni tres días completos. Tanto Caputo como Quintana mantienen sus acciones en esos fondos de inversión, que no paran de crecer gracias a sus buenos contactos. Días atrás, la publicación Letra P reveló que la Anses había abonado 540 mil pesos en concepto de comisión a Axis para colocar parte de sus activos en Lebacs. Nadie supo explicar por qué el organismo oficial necesitó la intermediación del fondo privado fundado por Caputo para hacer esa operatoria. El ministro de Finanzas, además, estuvo entre quienes quedó más expuesto con la filtración de los Paradise Papers, que reveló que también había manejado los fondos Alto Global –inscripto en las Islas Caimán– y el Noctua –basado en Miami y Delaware–, dato omitido en sus declaraciones juradas.

La lista es larga y no para de renovarse periódicamente. Por ejemplo, con las evidentes vinculaciones de Mario Quintana con la flamante Flybondi, cuyo propietario, Richard Guy Gluzman, es su socio en varios emprendimientos. A inicios del macrismo, Gluzman había agarrado una changa como asesor en la Acumar hasta que se supo y debió renunciar. Pero el listado no estaría completo si no se mencionara el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO y accionista de Shell, empresa a la que benefició de manera evidente durante su gestión vía compra de gas a Chile y licitaciones de barcos petroleros. Ni Laura Alonso se pudo hacerse la distraída y Aranguren debió anunciar –en verdad lo hizo el propio Macri– que vendía sus acciones en la petrolera.

Un nuevo actor que surgió en escena es el enigmático Darío Lizzano, un argentino radicado en Nueva York que maneja el fondo de inversión PointState Capital, cada vez más activo desde la llegada del macrismo. Lizzano aparece detrás de la compra de Iecsa –la constructora del primo de Macri, Angelo Calcaterra–, de la constructora Caputo SA –de Nicky Caputo, el mejor amigo del Presidente y primo del ministro de Finanzas– y de uno de los parques eólicos que pertenecían a Socma. Para coincidencia es mucho. El diputado del FpV-PJ, Rodolfo Tailhade, un denunciador perseverante de los negocios del macrismo, se encuentra detrás del rastro de este personaje de quien, sospecha, podría tratarse de un testaferro. 

Habrá que esperar. Dentro de poco Laura Alonso va a tener su nueva ley.