“Progresá si podés”

Por Lucía Cirmi Obón * y Adrián Rozengardt **

 

El lanzamiento de las Becas Progresar modelo 2018 nos desafía a volver la mirada sobre el Progresar modelo 2014. Las políticas sociales no son un simple efecto de las formas dominantes de concebir la condición de los sujetos. La acción estatal “produce” sujetos, construye imágenes y discursos sobre los grupos sociales, influyendo en sus condiciones de existencia, constituyéndose en un laboratorio en el que se disputan proyectos sobre la sociedad. Lo que “dice” una política, un decreto, una ley, traduce una forma de concebir al otro, individual y colectivamente. 

Tras dejar naufragar el programa durante 2 años -con despidos, congelamiento del monto y bajas de beneficiarios-, el Poder Ejecutivo puso sus ojos sobre el Progresar para cambiar su lógica. Mientras que el decreto de 2014 entendía que “la problemática juvenil tiene múltiples facetas que deben ser contempladas a la hora de abordar la temática, evitando caer en categorizaciones simplificadas y estigmatizantes, (para) un acceso real y flexible a la oferta educativa”; la nueva normativa asegura que el objetivo es construir “una política pública de estímulos (…) que posibilite una organización más eficiente y coherente del sistema, instalando criterios homogéneos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida”. Mientras que el modelo 2014 ponía el foco en que, por distintos motivos, no todos arrancan la carrera desde la misma línea de largada, el modelo 2018 propone que los que arrancan detrás corran más rápido si quieren alcanzar al resto, asumiendo que lo que les falta son ganas de correr. 

El nuevo decreto recortó las transferencias de 12 a 10 cuotas por año. La insuficiente actualización de los montos -de 10.800 a 12.500 anuales- representa una caída de más del 40 por ciento del poder adquisitivo para quienes están terminando el secundario o estudiando oficios (el 60 por ciento de la población objetivo). El incremento superior, del 48 por ciento que se dio a los universitarios tampoco alcanza a compensar la inflación acumulada. 

Aunque la definición del universo se mantuvo, así como los montos diferenciales en carreras estratégicas, otros ejes del programa se derogaron y los requisitos académicos (ya existentes) se incrementaron. Estudiantes de secundario y oficios pasaron de tener que certificar la asistencia a tener que certificar que pasaron de año. Los universitarios pasaron de tener que aprobar una escala progresiva de materias, similar a la que se exige para mantener la condición de alumno regular a cualquier estudiante, a tener que aprobar el 50 por ciento de las materias cada año. Cumplir con esas metas no es un incentivo para recibir más dinero, es un requerimiento para permanecer en el programa. Para algunos, estos requisitos parecerán alcanzables, pero para el núcleo duro de jóvenes en situación de vulnerabilidad, la cosa se pone más difícil. Ningún “incentivo” puede reemplazar la tutoría, el acompañamiento y la escucha a los jóvenes, algo que no alcanzó a ser suficiente tampoco en el modelo 2014, y que hoy ni siquiera se plantea. Se eliminó la obligación de proveer servicios de cuidado para jóvenes con niños a cargo, se derogó el requisito de realizar chequeos de salud, se derogó la posibilidad de empalmar el Progresar con un empleo en sus primeros meses, y se eliminó la participación de otros ministerios en el programa.

Al Progresar 2014 se lo identificó como “derecho” y se hizo centro en el inicio del ciclo, para fortalecer la posibilidad de sortear barreras para ingresar o volver al sistema. El Progresar 2018 premia la llegada, el final del ciclo. Las becas están atadas al “mérito” académico, al resultado. Se convoca desde la idea fuerza de la supuesta “igualdad de oportunidades”, soporte ideológico de las políticas públicas de Cambiemos, cuya idea rectora es la “meritocracia”: donde la “igualdad” consiste en asegurar la posibilidad de competir en condiciones similares, sin considerar ninguna diferencia de origen o condición, como el género, la edad, el ingreso, el lugar donde se habita, el origen étnico, el nivel socioeconómico de los padres, entre otros factores.

Los procesos sociales son colectivos, no individuales, y la educación está absolutamente anclada en esos procesos. Ojalá el tiempo y la evaluación de esta iniciativa demuestre lo contrario, pero es posible que esta modalidad promueva que los que más la necesitan se queden afuera. 

* Mg. en política social para el desarrollo ISS-EUR, ex coordinadora del Progresar. 
** Mg. en políticas sociales Flacso. Observatorio de políticas públicas y experiencias comunitarias de niñez y adolescencia UNQ.

“Los más perjudicados”

Por Eva Sacco *

Promedios y generalizaciones pueden esconder la realidad. Encarar una discusión sobre el efecto de las políticas macristas, necesariamente implica considerar el efecto diferencial sobre los sectores sociales. El mercado no derrama igualdad y cuando el Estado relega su papel no todos resultan igual de afectados o beneficiados: jóvenes, adultos mayores y mujeres sufren el mayor peso del cambio en la orientación de la política pública.

Tanto la informalidad como el desempleo son dos problemáticas que afectan a los jóvenes. Mientras que en el segundo trimestre de 2017 el desempleo era de 8,7 por ciento, para los jóvenes de entre 18 y 25 años fue 21,9 por ciento y la informalidad superó el 50 por ciento. Las dificultades de inserción laboral de este estrato etario exceden a la coyuntura del mercado de trabajo. Pero también se amplifican para este colectivo las variables que afectan a la economía en general.

Desde la llegada de Cambiemos se han acentuado los programas de inserción bajo condiciones de precarización -aunque con magros resultados en términos de empleo- en detrimento de los programas que incentivaban la formación profesional y universitaria de la juventud como el Progresar que mantuvo el monto de la asignación (900 pesos) congelado durante dos años. El gobierno anunció la semana pasada la renovación del beneficio por medio del programa de Becas Progresar, con una recomposición del monto y el pasaje de la esfera de la Anses al Ministerio de Educación.

Aunque el programa presenta una serie de requisitos adicionales en relación con la performance académica de los beneficiados que muestra un claro sesgo ideológico con relación a la concepción de los derechos sociales, debe notarse que se da en un contexto no solo de caída de la imagen del gobierno sino también en los primeros meses de un año que se avizora muy difícil para los trabajadores, la economía y donde muy probablemente se disparen los indicadores de desempleo juvenil.

En el otro extremo etario, los adultos mayores también fueron muy perjudicados. A contramano del proceso de inclusión social que implicaron las moratorias previsionales y la institucionalización de la movilidad jubilatoria, el actual gobierno implementó las leyes de “Reparación Histórica” y “Reforma Previsional”. Desde el CEPA calculamos una diferencia proyectada para el 2018 superior a los 4500 pesos anuales comparando el viejo coeficiente de ajuste con el actual. Pero además de la pérdida de poder adquisitivo, el actual sistema se aleja de los criterios de igualdad y equidad, como consecuencia de la discriminación planteada entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en detrimento de estos últimos que quedan afuera de la garantía del 82 por ciento del salario mínimo.

Esta diferenciación también fue aplicada a la hora de fijar por Decreto un bono extraordinario pagadero por única vez que para los jubilados por moratoria ascenderá a 375 pesos y para los que cuentan con 30 años de aportes será del doble. Además, la eliminación de las moratorias previsionales promueve la creación de una categoría de jubilados (beneficiarios de la pensión del adulto mayor) para los que no tienen aportes que apenas cobran el 80 por ciento de una jubilación mínima.

La supuesta meritocracia, es el concepto desde el cual se estructura la nueva concepción sobre los beneficios sociales donde se reconocen diversos grados de derechos vinculados a los diferentes grados de aportes para los jubilados y rendimiento académico para los estudiantes. Esta diferenciación, que no considera diferentes trayectorias vitales y puntos de partidas, posee un componente de discriminación de género muy importante. En el caso de los jubilados por moratoria, es de destacar que el 82 por ciento de los mismos fueron mujeres. Dada la mayor informalidad femenina (36 por ciento en mujeres y 31 por ciento en varones, según el Indec) y menor tasa de actividad, de continuar estas políticas, una gran parte de las mujeres que no cuenten con patrimonio propio o una familia que pueda y quiera hacerse cargo económicamente, estarán condenadas a la indigencia.

Por otro lado, las Becas Progresar al establecer diferentes niveles de beneficios en función del rendimiento académico castigan doblemente a las mujeres de menores ingresos y bagaje cultural. No solo cuentan con menos herramientas para enfrentar una carrera universitaria o terciaria, sino que en virtud del mayor peso que las tareas de cuidado revisten para las mujeres, tienen menos tiempo que sus pares varones para dedicarse al estudio. En nuestra sociedad, aún el peso del cuidado de hermanos menores, adultos mayores o hijos (recordemos que el segmento etario al que se dirigen las becas coincide con la etapa reproductiva de las mujeres) sigue recayendo en mucho mayor medida sobre las mujeres.

* Integrante del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).