“El miedo y la angustia se apoderaron del barrio”

“El miedo, la angustia, la intranquilidad y la locura se apoderaron de las calles y del barrio” tras la llegada de Miguel Etchecolatz, relata una vecina del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Otra confiesa que desde el 27 de diciembre no lleva a sus hijos a la plaza para evitar la cercanía con el genocida. “No pido que se vaya a otro barrio, pido justicia, que vuelva a la cárcel, nadie merece tenerlo cerca”, razona. Ambos testimonios forman parte del escrito que los querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad en el ex Circuito Camps, donde el ex director de investigaciones de la policía bonaerense acumula seis condenas, presentarán hoy al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para pedir que le revoquen el arresto domiciliario. Argumentan no sólo la ausencia de un mínimo control jurisdiccional –como dejó en evidencia la salida del represor a una clínica privada, sin urgencia ni autorización del tribunal–, sino también la lesión a los derechos de víctimas, familiares de víctimas y ahora también vecinos, ajenos al proceso pero que sufren en carne propia la resolución que sacó al represor de la cárcel y les arruinó sus días. Medio millar de esos marplatenses llegarán hoy a La Plata para pedirles personalmente a los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris que antes de volver a pronunciarse hagan una audiencia pública en el bosque y escuchen a los vecinos para dimensionar el daño que causaron.

Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Anahí, querellantes como Elsa Pavón, Cristina Gioglio, Estela de la Cuadra, Nora y Marta Ungaro, Emilce Moler, Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Belén Gil Sánchez, Mariana De Marco, la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Docentes Universitarios y la Federación Universitaria de La Plata, la Asociación de Trabajadores Universitarios, la CTA, entre otros, encabezan el escrito que firman los abogados Guadalupe Godoy y Emanuel Lovelli. La presentación cuenta con la adhesión de organismos marplatenses y nacionales, y de cientos de ciudadanos de Mar del Plata, recolectadas desde el espacio “Vecinos sin genocidas”.

“Ustedes se condenan”

El TOF-1 le otorgó la domiciliaria a quien fuera mano derecha de Ramón Camps en agosto de 2016. Como tenía prisión preventiva en otras causas, el beneficio no se hizo efectivo hasta el 27 de diciembre último, cuando el TOF-6 porteño de José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero le ofrendó el mismo beneficio. El 20 de enero el represor salió de su casa rumbo a una clínica sin acreditar ninguna urgencia y sin autorización del tribunal platense, al punto que su defensora se enteró cuatro días después y debió llamarlo para poder explicar los motivos. Igual que en 2006, cuando le revocaron la domiciliaria por primera vez, entonces por incumplir el compromiso de no tener armas, Etchecolatz “demuestra desprecio y rechazo” a toda orden judicial, confirmando su determinación “de desconocer la legitimidad de los tribunales que lo juzgaron”, advierten los querellantes.

La domiciliaria se otorgó sin cumplir condiciones mínimas como identificar al personal del patronato de liberados que debe supervisarla, denuncian. Destacan que el TOF-1 no recibe informes sobre el monitoreo electrónico ni sobre las custodias ni sobre las visitas que recibe el principal investigado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en 2006. “No se dispone de un sistema de control fehaciente e inmediato que neutralice el peligro real que constituye Etchecolatz en su casa”, pues “se ha resuelto conceder la detención domiciliaria a una persona que nunca ha respetado las pautas impuestas sin verificar la implementación de una sola de las condiciones para su procedencia”.

Para dimensionar al personaje recuerdan sus palabras antes de ser condenado en 2006. “No es este Tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”, amenazó a los jueces un día después de la desaparición de López. La investigación de ese caso puso al descubierto sus contactos con policías, militares y grupos neonazis, incluyendo varios radicados en Mar del Plata. Frente a semejantes antecedentes no dudan en afirmar que “el control jurisdiccional es insuficiente y pone en riesgo a víctimas y querellantes”, y contrastan su situación con la de detenidos por delitos comunes con prisión preventiva como Milagro Sala, que tiene el perímetro de su casa vigilado con cámaras, con control de asistentes, límites de visitas y hasta prohibición de ingreso de elementos electrónicos.

Antiguas y nuevas víctimas

Desde que Etchecolatz se encuentra en su casa, personas que fueron  víctimas directas, sus familiares y ahora también los vecinos del bosque vieron afectados sus derechos, ya sea por temor, por su seguridad personal o por la perturbación a las pautas de convivencia que genera la cercanía con el genocida. Sobre las víctimas que lo padecieron durante el terrorismo de Estado, el escrito cita al Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), que advirtió que la domiciliaria de un símbolo del genocidio como Etchecolatz “representa no sólo un agravio al conjunto de la sociedad democrática sino que en particular a sus víctimas y familiares les significa el retorno al pasado de terror y angustia que afecta sensiblemente su salud integral”. El ex policía ha reivindicado sus acciones, ha intentado deslegitimar a los jueces y no ha dicho una palabra sobre el destino de sus víctimas ni de los niños robados.

“Cuando el Estado otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a un genocida, en estas condiciones, con la afectación de innumerables derechos, nos dice a las víctimas y a todos que vale más la tranquilidad del genocida en sus últimos años que la vida, la seguridad y la confianza de los sobrevivientes, de los vecinos del barrio donde va a vivir, del conjunto de los ciudadanos que seguimos bregando por comprender y elaborar las consecuencias del genocidio”, destacan los firmantes, y agregan que el Estado incumple las responsabilidades que asumió frente a la comunidad internacional al disminuir el efecto de las sanciones por graves violaciones a los derechos humanos.

La novedad del caso Etchecolatz es que personas ajenas al proceso judicial “padecen dramáticamente en su cotidiano las consecuencias de una medida judicial que no fue sopesada debidamente” y que se tomó “visualizando sólo a una parte”, advierten. El Bosque Peralta Ramos se caracterizaba por su entorno natural y por ser un lugar tranquilo y alejado del ruido. Ya en la primera domiciliaria del genocida, anulada en 2006, su presencia generó un repudio generalizado y el Concejo Deliberante lo declaró persona no grata.

La mala nueva del 27 de diciembre causó otro revuelo y la formación del espacio “Vecinos sin genocidas”, que organizó diversas acciones de rechazo. Quienes marcharon y se manifestaron el 5 de enero frente a la casa del condenado por torturas, asesinatos y apropiaciones no sólo se toparon con un gran despliegue policial: también vieron cómo los fotografiaban desde una ventana, en un indisimulado acto de intimidación. El neonazi autóctono Carlos Pampillón sumó lo suyo al contar en las redes sociales que el día anterior fue a dejar sus “respetos” al genocida y esperaba cruzarse con “alguna ratita roja”. El domingo 7, la calle que circunda la casa apareció rodeada de vallas, sujetas –para peor– de los pilotes de una incipiente construcción de la hija de un desaparecido que pensaba montar allí su hogar. El lunes último, durante la actividad cultural por el mes transcurrido desde la desgracia, sus custodios –además de tirar basura y estropear plantas– se instalaron en ese terreno para garantizar la protección del genocida.

Pero más allá de episodios o provocaciones puntuales, la pesadilla cotidiana para los vecinos se traduce en la presencia permanente de agentes de seguridad, patrullajes con motos o admiradores del genocida paseando por el barrio. “Pensar que un ser tan siniestro convive con no- sotros es aterrador. Cuando le contaba a mi hija de diez años su pregunta fue: ‘si es un asesino, robó bebés y es tan malo, ¿por qué está en la casa?’ Y no tuve ni tengo herramientas para explicárselo. Creo que no las hay y los justificativos para la domiciliaria son muy endebles, sobre todo después de ver cómo se traslada impunemente a una clínica privada”, escribió una vecina que vive hace 20 años en el bosque. “No debe estar entre nosotros. Me niego a naturalizarlo”, destaca.

Una mujer advierte sobre “la terrible situación de tener que explicarles a mis hijos de 11 y 7 años que no podemos ir a jugar a esa plaza a la que íbamos siempre porque a unos metros esté viviendo un genocida. Policías, gendarmes, vallas, casas tapiadas, en esto se convirtió el barrio”. “No pido que se vaya a otro barrio, pido justicia: que vuelva a la cárcel, nadie merece tenerlo cerca”, reflexiona.

Otra mujer que se instaló allí con su pareja hace apenas cinco meses relata que desde la llegada de Etchecolatz “el bosque cambió rotundamente su ritmo y vemos policías por todos lados”. “Estoy enojada, angustiada y con miedo. Tenerlo a unas cuadras remueve parte de mi historia y la de mi familia, ya que mis viejos fueron detenidos y torturados por genocidas cómo éste”, explica, y le pide a los jueces “que tengan en cuenta cómo nos modificó nuestra cotidianidad la llegada de Etchecolatz al barrio.”

Una vecina relata que desde el 29 de diciembre “el miedo, la angustia, la intranquilidad y la locura se apoderaron de las calles y del barrio” y cuestionó a los jueces porque “sin la menor consideración a las víctimas, sin un mínimo estudio sociológico y psicológico de lo que provoca que un genocida esté en su casa, le dieron la prisión domiciliaria a uno de los personajes más temibles, perversos y siniestros del terrorismo de Estado”.

“Tal vez, quienes tomaron estas medidas no dimensionaron las consecuencias de su decisión”, se permiten dudar los firmantes, y piden a los jueces Castelli, Vega y Esmoris que “ante los hechos que han sucedido y continúan sucediendo pueden rever las medidas adoptadas en función de la extensión del daño causado”. En base a la flamante ley 27.372 de derechos de las víctimas de delitos, que deben ser escuchadas antes de cada resolución que las afecte, le piden al tribunal que se constituya en Mar del Plata y escuche de primera mano a viejas y nuevas víctimas.