Tras el último aumento de precios de los combustibles –primero aplicado por Shell, inmediatamente acompañado por las otras petroleras privadas y, finalmente, convalidado por YPF–, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Producción, reclamó a las distintas compañías que expliquen el criterio con el cual definen los precios de mercado. De oficio, el organismo apuntó así a develar si en dicho comportamiento hubo un acuerdo previo de precios entre las distintas compañías, lo que se conoce como maniobra de “cartelización” entre supuestas competidoras. 

“No hay que asustarse por la cartelización”, fue la sorprendente respuesta que dio Juan José Aranguren, ministro de Energía, al ser consultado sobre el tema en una entrevista radial el martes último. “El quid de la cuestión es lograr más competencia en el mercado, y es difícil porque YPF tiene el 58 por ciento del mercado, que es lo que recibimos de herencia de los 90”, se explayó el ministro, atribuyéndole toda la responsabilidad a la petrolera estatal. Empresa que, vale recordar, está bajo su propia órbita, al menos en las políticas que lleva adelante. Pero está visto que Aranguren se sigue sintiendo más cómodo en su rol de CEO local de compañía privada multinacional que en el de funcionario público de alto rango. De hecho, ocupa este último lugar funcionando como si todavía ejerciera el anterior. 

Las mismas sospechas de cartelización de mercado caían sobre Shell cuando Aranguren era su presidente. Por más que YPF tuviera una posición dominante con casi el 60 por ciento de ventas de combustibles en todo el país, esa proporción era y es muy inferior en los grandes centros urbanos, donde Shell tiene desplegada en forma estratégica su red de estaciones de servicio, concentrándose en los puntos de mayor venta. 

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la petrolera angloholandesa sostuvo una muy dura disputa con el gobierno por precios, rechazando cualquier tipo de regulación y hasta desplegando maniobras que pusieron al límite del desabastecimiento al mercado. En esos años, Shell llegó a aumentar los precios muy por encima de YPF, provocando que los automovilistas formaran largas colas frente a los surtidores de esta última, hasta provocar el agotamiento de las existencias. Cuando el público se veía obligado a ir a las estaciones Shell para cargar, por falta de combustibles en YPF o para evitar hacer horas de cola, el argumento de Shell era que “la gente nos elige por mejor calidad y atención”, y que cualquier medida de regulación o control de precios iba contra la libre determinación del usuario o consumidor. Cualquier semejanza entre estas maniobras especulativas de mercado con las falacias con las que el neoliberalismo, de la mano de Milton Friedman y la escuela de Chicago, se impuso en la región, comenzando por las dictaduras de Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla en los 70, no es mera coincidencia.