Luego de una semana de reconfiguraciones penales y nuevas imputaciones en la megacausa por estafas inmobiliarias, la defensa de algunos imputados adelantó que presentará recurso extraordinario para que la Corte provincial revise las acusaciones. Se trata de una apelación contra el fallo de la Cámara Penal que asignó agravantes, quitó figuras penales y en su mayoría avaló la acusación de los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, por una docena de hechos. Otros solo apelarán que la provincia haya sido aceptada como querelante. Así, a días del cierre del año judicial, los movimientos en el legajo no cesan. Rosario/12 detalla qué dijo de cada uno el camarista Daniel Acosta y en qué situación quedaron los once imputados "de guante blanco" acusados de estafas, defraudación, asociación ilícita y lavado de activos.

 

La Fiscalía informó a la Procelac para que se investiguen delitos que exceden la competencia provincial.

 

"Estamos ante una pluralidad de hechos verificados a lo largo de mucho tiempo con una misma modalidad comisiva y cierto nivel de organización. También debe sumarse cierta permanencia de protagonistas y nivel de asignación de tareas", expresa el fallo de Alzada al revisar la orden de prisiones preventivas dictada por la jueza Mónica Lamperti, hace dos meses, cuando cayeron presos los sindicados. Además, en los últimos días, la Fiscalía mandó un informe a la Procelac para que se investiguen delitos que exceden la competencia provincial.

 

Roles y relaciones

 

  • Roberto Aymo es el hombre que aparece en la mayoría de los casos como beneficiario del falso poder de los verdaderos dueños de los inmuebles. A partir de éste se inician las maniobras. El informe que Narvaja envió a la Procelac la semana pasada da cuenta de que tiene relación con Ariel "Guille" Cantero, líder de la banda de Los Monos, a quien visitó en la cárcel de Piñero, el año pasado. Es uno de los principales acusados de asociación ilícita en un rol "de relevancia".
     
  • Eduardo Torres es el escribano que aparece junto a Aymo en la mayoría de los hechos. Incluso, ambos tienen causas en el antiguo sistema penal, y Torres llegó a ser condenado. Es el notario a cargo de los poderes falsos que dan inicio a las maniobras. La Cámara también le asignó un rol de relevancia en la banda y le agravó el delito de lavado por ser funcionario público.
     
  • Jonatan Zarate es el chofer de Aymo, que aparece como "testaferro" en algunas de las causas. Ahora está en prisión domiciliaria ante un acuerdo de la defensa y la Fiscalía.
     
  • Ramona Rodríguez es la pareja de Aymo, quien también aparece como prestanombre de algunos de los ilícitos y fue confirmada como parte de la asociación ilícita, por la Alzada. Seguirá en prisión domiciliaria, tanto por problemas de salud que requieren tratamiento oncológico, como por su hijo de cinco años.
     
  • Maximiliano González De Gaetano también fue confirmado como parte de la asociación ilícita "para la apropiación fraudulenta y/o violenta de inmuebles que luego son reconducidos en el tráfico formal con apariencia de legalidad". Tras un acuerdo con la Fiscalía seguirá preso hasta la audiencia previa al juicio; pero se le otorgaron salidas para las Fiestas de fin de año, por cuestiones humanitarias, ya que su madre es discapacitada. En el informe a la Procelac se lo relacionó con gente vinculada al sindicado narco asesinado Luis Medina.
     
  • Marcelo Jaef, el dueño de la clínica de implantes dentales que lleva su apellido es el único de los imputados de "guante blanco" que quedó dentro de la asociación ilícita achacada. Su actuación fue calificada por la Cámara como "'vaso comunicante' entre el grupo apropiador y aquellos que acometieron la fase final del lavado del campo de Villa Amelia. También aparece en un hecho de tentativa de apropiación". Para la Alzada, "tomó un protagonismo activo, derrochando iniciativa y erigiéndose en el principal actor de aquello que se considera un claro ejemplo de lavado. Las escuchas dan cuenta que fue quien tuvo mayores posibilidades de conocer todo sobre la operación inmobiliaria concretada". En el informe a la Procelac, el fiscal avisó que compra autos de alta gama y se los vende a De Gaetano, por lo que está acusado de recibir dinero ilícito, ante las relaciones de De Gaetano.
     
  • Jorge Oneto tuvo una conducta que "puede acomodarse a la tercera y última fase del proceso que consiste en introducir al mercado el bien una vez aislado a través de la etapa de ocultamiento, creando la apariencia de legalidad a través de más transacciones". Se le quitó la figura de asociación ilícita que había asignado el fiscal. Pero se consideró que "surge claramente perfilado el reproche en función de delito de lavado"; ya que "sobran los indicadores de apariencia delictiva". Sin embargo, quedó en libertad por tener un rol "menos gravoso" y por manifestar su voluntad de devolver el bien adquirido.
     
  • Luis María Kurtzemann es el notario de Oneto, acusado de "informar operaciones en forma segmentada (sobre la cantidad de dinero) para eludir los controles predispuestos para prevenir el lavado de activos". Para la Cámara, "lo obrado por éste se orienta a dar cobertura a su cliente, dejando de lado las obligaciones a su función de escribano". Sin embargo, seguirá libre con fianza de 800 mil pesos, pero se le agravó la figura de lavado de activos, por ser funcionario público.
     
  • Pablo Abdala es el gerente del diario La Capital, cuya defensa insiste con que fue víctima. "Es cierto que el cuadro conviccional a su respecto no tiene el peso que se apreciara respecto de otros imputados", dijo el camarista, por lo que decidió que mantenga la libertad, bajo caución de 400 mil pesos. Consideró que la evidencia en su contra es de "menor entidad", pero no le quitó sustento. En las escuchas con Jaef, su amigo, se admite como "testaferro" de la operación, al estar acusado como segundo "comprador connivente" del campo de Villa Amelia.
     
  • Leandro Pérez "intermedió activamente en las dos operaciones sucesivas del inmueble de Villa Amelia y se quedó con parte del producto final de la segunda operación", dijo la Cámara; aunque estimó que "no tiene la dosis suficiente de sustento sobre la asociación ilícita". Sin embargo, dos días después, el fiscal Narvaja le sumó nuevas imputaciones, incluso por un fideicomiso creado para realizar un loteo con uno de los terrenos mal habidos, de Arroyo Seco. También se mandaron a la Procelac informes que dan cuenta de vínculos con gente relacionada al narcotráfico.
     
  • Juan Bautista Aliau es el escribano que seguirá en prisión domiciliaria, pese a que se le imputaron cuatro hechos nuevos y su situación se agravó con la acusación por lavado de activos en calidad de funcionario público.