Desde hoy y hasta fines de este año, en Tucumán se realizará el juicio oral por el asesinato de Paulina Lebbos, uno de los casos de mayor gravedad institucional registrados en la provincia desde el retorno de la democracia. El hecho ocurrió en febrero de 2006 y llegó a juicio oral con un acusado por el crimen y otros cinco imputados por encubrimiento, entre ellos un funcionario político que acompañó al ex gobernador y actual senador nacional José Alperovch y dos miembros de la cúpula policial durante esa gestión de gobierno. Alberto Lebbos, padre de Paulina, era subsecretario de la Juventud durante el gobierno de Alperovich y renunció al cargo para acusar al ex gobernador de ser “responsable ideológico del encubrimiento”, en una entrevista con PáginaI12 realizada a principios de la investigación. Se estima que Alperovich será citado a declarar en el proceso oral, aunque sus respuestas llegarían por escrito.

Tal es la trama institucional del caso que se atribuye más importancia, con razón, al juzgamiento por el delito de encubrimiento de Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad de Alperovich, y de los policías Hugo Raúl Sánchez y Nicolás Barrera, quienes se desempeñaron como jefe y subjefe, respectivamente, de la Policía de Tucumán, designados por Alperovich. El cuarto imputado es el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito, y el quinto es otro policía, Hugo Waldino Rodríguez, quien ya estaba retirado en el momento en que ocurrió el asesinato de Paulina Lebbos, estudiante de comunicación de 24 años. 

En la causa que será analizada por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por los jueces Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, el único acusado por la privación ilegal de la libertad y asesinato de Lebbos es el remisero Roberto Luis Gómez, el único de los acusados que estuvo preso y que recuperó su libertad a fines de 2016, por decisión de la Corte Suprema de la Nación, que tuvo en cuenta que se había cumplido todos los límites que establece la ley para los procesados sin condena que cumplen prisión preventiva.

Se estima que el debate se extenderá hasta fines del corriente año porque tienen que pasar por el juicio cerca de 200 testigos, entre ellos Alperovich, quien repondería por escrito dada la facultad que se le atribuye por el hecho de ser senador nacional en ejercicio. En algún momento de la larga y sinuosa investigación, el ex gobernador de Tucumán llegó a decir que sabía perfectamente quién era el asesino de Paulina, pero nunca dio su nombre. Ese dato, casi olvidado, fue recordado por Alberto Lebbos, el padre de Paulina, motivo por el cual, como querellante, requirió a los jueces que se interrogue al ex mandatario provincial sobre cómo supo ese dato y acerca de las razones para mantenerlo en secreto. 

Pablo Daniel Alperovich, uno de los hijos del senador, tuvo que someterse en diciembre pasado, por orden judicial, a una extracción de sangre para comparar su ADN con otros patrones genéticos incorporados al expediente ante la sospecha de que podría estar vinculado con el crimen. Otro que estuvo bajo interés dentro de la causa fue Gabriel Alperovich, otro hijo del ex gobernador, quien pasó por la misma situación que su hermano, pero finalmente fue desvinculado de la causa. 

El instructor judicial dispuso, además, realizar una prueba caligráfica a Beatriz Rojkés de Alperovich, la esposa del ex gobernador tucumano y actual presidenta del Partido Justicialista de Tucumán.

En el debate, como resultado de las pruebas incorporadas en el texto de la elevación a juicio, sólo se analizará la línea que tiene como autor del hecho a Roberto Luis Gómez, aunque a lo largo del proceso se consideraron otras hipótesis sobre el homicidio. Aunque esas hipótesis fueron descartadas, salvo que aparezcan nuevas pruebas, nunca se terminó de descartar la posibilidad de que en el homicidio participaran otras personas no identificadas. Por ahora, el celular de la víctima es la mejor prueba contra el único imputado por el homicidio. 

Por error u omisión, el fiscal del caso, Carlos Albaca, no analizó quién utilizó el teléfono celular de la joven el día que desapareció, ya que pasaron trece días sin tener rastros de su paradero, hasta que encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. El segundo fiscal, Diego López Avila, tuvo en cuenta esa pista y llegó al principal acusado. El IMEI, un código que tienen todos los celulares, llevó al esclarecimiento mediante el trabajo realizado por un equipo especializado que logró descifrar cómo, cuándo y quiénes lo habían utilizado después del crimen. Así se determinó que el aparato había sido activado en distintos sectores del sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Los llamados analizados se produjeron a partir de las seis de la mañana del 26 de febrero de 2006, cuando Paulina Lebbos salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado. Cerca de las 6.30 de ese día, ambas jóvenes se subieron a un remís color bordó y mientras Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400, Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio César Soto, pero nunca llegó a destino. Recién encontraron el cuerpo 13 días después al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana. 

Mediante el análisis de los datos del celular de Paulina, con la ayuda de personal de la Fiscalía cuarta y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se terminó de armar el rompecabezas cuando se descubrió que los chips de tres personas fueron introducidos en el teléfono. Los señalados fueron Antonio Maximiliano Gallardo, una mujer que dijo que la línea era utilizada por Gómez y una tercera persona que nunca pudo ser identificada. De esa forma se llegó a Gómez, pero se mantienen las dudas y las especulaciones sobre la participación de otras personas. 

Por decisión del juez Francisco Pisa, el sospechoso Gallardo estuvo detenido junto con Gómez, pero después logró demostrar que le habían fraguado la firma en un negocio cuando habilitaron la línea del celular en cuestión. Hoy sólo está acusado Gómez por el asesinato, pero el encubrimiento sigue en la primera línea por su condimento político-institucional.