Otra vez un escándalo y muchas dudas rodean el sorteo de una causa en Comodoro Py. En esta ocasión se trata del expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y otras 24 personas, que fue elevado a fin de año por el juez Sebastián Casanello para que se haga el juicio oral. En ese momento, por vacaciones, la Cámara de Casación no quiso asignar el caso. La semana pasada, un supuesto error técnico del sistema informático que en teoría no soportaba el tamaño del expediente, impidió designar un tribunal oral. Los que conocen de cerca el tema saben que en 2017 hubo una gran resistencia a que la causa fuera elevada a juicio, en especial planteada por la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción –órganos del Poder Ejecutivo– que pedían insistentemente que se incluyera a Cristina Kirchner. El sorteo se destrabó ayer, con una intervención de los expertos en tecnología del Consejo de la Magistratura, y le tocó al Tribunal Oral Federal 9, un tribunal nuevo, formado en diciembre e integrado por jueces del fuero ordinario convertidos en jueces federales sin concurso por una ley que impulsó Cambiemos a fines de 2016 y el voto de la mayoría oficialista del Consejo.

La causa, donde hay tres personas detenidas –Báez entre ellas–, estuvo más de un mes en el aire, sin juez. Casanello la elevó el 29 de diciembre, tras recibir insistentes planteos para incluir a CFK en el juicio y no elevar el caso sin ella. El juez consideró que en su expediente no había pruebas para eso. Como el argumento era que el dinero lavado era de la obra pública y estaba relacionado con la familia Kirchner y también su actividad inmobiliaria, todavía en Comodoro Py consideran que otras causas que tramitan por ese tema podrían terminar unificadas con la de Báez, que la Cámara Federal en sus resoluciones llama “la ruta del dinero K” inspirada en la definición de Clarín. Es decir, futuros tribunales orales deberían debatir si el TOF 9 se queda con todo y juzga también a CFK, algo posible.

El nuevo tribunal oral de Comodoro Py está integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Noceti es considerado un ultraconservador en tribunales y de posiciones jurídicas duras. En un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, donde actuó como subrogante, consideró que esos delitos prescriben, contra lo que dice la legislación internacional y la jurisprudencia local. Noceti viene del Tribunal Oral 17, donde tuvo que como secretario a Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo, y quien postuló su nombre y el de los otros dos jueces para el nuevo tribunal. Noceti pidió pasarse al Tribunal 10, cuando se proyectaba que sería transformado en tribunal oral federal con el argumento de que llevaba muchos años (12) en el mismo tribunal y que el cambio haría “renacer” su “ímpetu, dedicación y esmero” (sic). Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados que hacía campaña con consignas antikirchneristas y conserva ascendencia en el Consejo y otros jueces. Becerra, hijo de un general del Ejército, también es hombre de carrera tribunalicia nombrado en 1993 y de perfil conservador.

El Tribunal Oral 10 se convirtió en Tribunal Oral Federal 9 el 7 de diciembre con el voto del propio Mahiques que lo propuso, del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, los radicales Angel Rozas y Mario Negri, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el titular del Consejo, Miguel Piedacasas. Se basaron en una ley que logró el oficialismo a fines de 2016, para convertir jueces ordinarios en federales sin concurso, con el argumento de que hay muchas vacantes y hacen falta tribunales. El Consejo aprueba con mayoría simple. Los tribunales orales federales son los que juzgarán gran cantidad de causas que afectan a funcionarios del gobierno anterior, y a futuro, al gobierno actual, si es que llegan a esa instancia.

Lo que pasó antes de la asignación del caso Báez a estos jueces fue tan llamativo como sus designaciones. En diciembre Casación no quiso hacer el sorteo. El antecedente de la manipulación probada del sorteo de la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra llevó a que el tribunal empezara a evitar sorteos en verano. En aquella oportunidad, además, el actual presidente de Casación, Eduardo Riggi, quedó sospechado porque aparecía en las escuchas que revelaron una trama que buscaba evitar la detención del líder ferroviario José Pedraza. 

El hecho es que la causa contra Báez pasó a ser sorteada la semana pasada. La primera dificultad fue para Casanello, que no lograba cargar al sistema la llamada “minuta” con toda la información de la causa. Eso fue el viernes, y a última hora el juez recibió asistencia de uno de los técnicos que trabaja en el sistema de sorteo. Finalmente logró subir una minuta parcial, donde sólo figuraba Lázaro Báez como imputado. En un acta quedaba constancia de que son 25 los acusados. Antes de que el lunes se hiciera el sorteo, la defensa de Báez reiteró un pedido: que se hiciera en forma manual, con un bolillero, a la vieja usanza, ya que existe una acordada de la Corte Suprema que lo habilita. Recordaron las irregularidades ya conocidas en sorteos e invocaron una causa que está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, donde los peritajes revelaron que el sistema de sorteos es altamente vulnerable. Casación le trasladó el tema a la Cámara Federal, y ésta le dijo a Casanello que hiciera nuevamente la “minuta”.  Pero no accedieron al sorteo manual.

Así las cosas, el lunes en presencia de abogados que se quejaron porque la nueva minuta tenía datos equivocados, se puso en marcha la computadora del sorteo: la escena de suspenso terminó con un cartel de “error”. La máquina no procesaba la información. Los abogados insistían en el sorteo manual porque, además, pedían que les mostraran qué variables se tienen en cuenta para asignar a un determinado tribunal y nadie les daba respuesta. Secretarios y abogados estuvieron una hora y media, y el error persistía. La explicación en Casación, que a la vez repetía lo que les decían en la dirección informática del Consejo, era que la información era excesiva (toda la causa está digitalizada) para el tiempo de respuesta de la máquina. Finalmente, ayer fue convocado nuevamente el sorteo, se redujo la minuta, un especialista amplió el tiempo de respuesta de la máquina, y en diez segundos salió sorteado el flamante Tribunal 9.

Dos cuestiones quedaron ayer en evidencia: empiezan a operar los tribunales orales de Comodoro Py impulsados por Cambiemos, después de fallas “repentinas” en el sistema informático judicial de sorteos, que se conocen hace mucho tiempo y cuyo origen nadie termina de dilucidar ni subsanar.