Ninguna sorpresa hubo el domingo para quien conozca la realidad política ecuatoriana. El presidente Lenín Moreno (foto) triunfó cómodamente en una consulta hecha a su medida, y a la decisión de “descorreizar” el país que mostró desde que asumió el gobierno, tras una segunda vuelta electoral en que Correa había sido importante para su triunfo por una muy leve ventaja sobre una oposición hegemonizada por la derecha tradicional.
Moreno puede estar satisfecho de haberse impuesto en todas las preguntas de la consulta; logró sus propósitos principales: la posibilidad de modificar todos los cargos de control estratégico en el Estado que quedaban aún en manos de partidarios de Correa, y la prohibición de un posible nuevo mandato para el expresidente.
Para Rafael Correa, se hace difícil el futuro político. Llegó a esta contienda en medio de una fuerte ofensiva jurídica y mediática en su contra, y con la pérdida del control de Alianza País, la organización política que él creara y que ahora lidera el actual presidente. Jorge Glas, el vicepresidente inicial de Moreno que se mantuviera leal a Correa, fue destituido y está preso, con condena a seis años de prisión. En esta situación, el ex presidente sólo puede ofrecer a sus seguidores sangre, sudor y lágrimas.
En cambio, el sector de Alianza País que apoya a Moreno cuenta con el poder del Estado y la posibilidad del acceso a cargos públicos. Con todo ese viento a favor, la victoria con alrededor del 75% en varias de las preguntas de la consulta resultó amplia y esperable.
Ya en la “letra chica” de este resultado, hay algunos detalles que subrayar. Correa arañó el 36% en la pregunta por una posible reelección, obviamente referida a su persona. Sacó allí 10% más que en otras preguntas, lo que deja claro que un sector nada menor de la población sigue apoyándolo en las urnas.
En esa pregunta, cabe advertir que Correa logró mucho más de la mitad de los sufragios de los electores de Alianza País. Es que, asumiendo que el 50% de los votos son de Alianza País y el otro 50% de la que sería oposición –conformada por un pequeño sector progresista y amplia hegemonía de derechas–, queda claro que en las preguntas en que Moreno obtuvo el 75% de los votos totales, sólo la mitad de Alianza País lo apoyó: un 25% del total de votantes. El otro 50% viene de quienes fueron oposición el año pasado.
Ello implica que Correa, enfrentado a todos a la vez (industriales, banqueros, partidos políticos conservadores, los medios de comunicación y gran parte del sistema judicial), ha retenido el control de la mitad del electorado de su partido, lo cual no es poco: sigue siendo un político con fuerte poder de convocatoria, y reteniendo un capital electoral importante.
Moreno, al margen del resultado halagüeño, controla un limitado electorado propio para quien está en la presidencia: el 25% del total. El resto de los votos por el “Sí” pertenece a la oposición variopinta que es de derechas, con algún leve condimento de movimientos sociales e indígenas.
Alguien podría creer que esos votos de la derecha son ahora de Moreno. La situación es menos clara: el sector de Alianza País que apoya al actual presidente –quien se ha quedado con el espacio partidario, lo que llevará a Correa a promover otra organización– no está homogéneamente dispuesto a un programa que pudiera favorecer a esas derechas.
Fue evidente en dos recientes decisiones: cuando Moreno eligió a Vicuña como nueva vicepresidenta, una mujer con claros antecedentes de izquierda; y cuando se le otorgó la ciudadanía ecuatoriana al detenido Assange, quien representa un caso paradigmático del período de Correa.
En ambos casos, la derecha mediática puso el grito en el cielo, se manifestó decepcionada con las decisiones de Moreno, y advirtió –con dejos de sorpresa– que no es ella la que gobierna. Tal había sido su conformidad previa con Moreno, que un académico conservador llegó a reprochar por TV que la vice elegida no fuera miembro de un partido opositor.
Ello reveló que en los políticos de Alianza País que apoyan a Moreno hay acuerdo para rechazar a Correa, pero no lo hay si se tratara de abandonar las políticas sociales progresistas que se desarrollaron los últimos 10 años.
Despejados –para Moreno– lo que él entiende como fantasmas del pasado, le toca ahora desplegar su programa de gobierno. La amplia alianza de la derecha más el sector de Alianza País que ahora pudo sostener, no podría mantenerse a largo plazo. Momentáneamente puede hacerse algunos contrapesos sociales a políticas macroeconómicas que parecen marchar hacia rumbos neoliberales. Pero a poco andar, o se trabaja en políticas de apoyo social e inclusión, o se sostiene un programa económico de apertura al libre mercado trasnacional. No hay caminos intermedios.
* Profesor de Epistemología de la Universidad Nacional de Cuyo.