La prisión domiciliaria otorgada a Miguel Etchecolatz sigue sumando rechazos y el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, uno de los que otorgó el beneficio, sigue acumulando pedidos formales para que dé marcha atrás en esa decisión. Quienes ahora le dicen que si Etchecolatz se queda en su casa del Bosque Peralta Ramos “una vez más la Justicia se volverá injusticia” son los integrantes del Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas. Mediante un escrito entregado a los jueces, adhirieron al pedido que los querellantes de la causa Circuito Camps habían presentado el lunes y que acompañaron los vecinos del barrio marplatense que alberga al genocida desde fines de diciembre. “Con el otorgamiento de esta prisión domiciliaria, la pesadilla retorna al barrio y a los hogares que conocemos, para recordarnos que alguna vez tuvieron el poder de quitar la vida en nombre del Estado”, advierte en el documento el colectivo que incluye a la hija del represor, entre otros y otras. 

El escrito está destinado a los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, quienes en agosto de 2016, en fallo dividido –Vega votó en contra–, habilitaron a Etchecolatz a cumplir sus múltiples condenas en su casa. Es la primera expresión formal que realiza este conjunto de ex hijxs de genocidas desde que comenzó a reunirse y a pensar estrategias colectivas de acción y acompañamiento al proceso de memoria, verdad y justicia, a principios del año pasado.

“Venimos a adherir al pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz”, plantean en el escrito judicial, donde recuerdan la participación de miembros del colectivo en el escrache al genocida que se llevó a cabo el domingo 7 de enero, en el barrio donde se instaló el 29 de diciembre y que llegó hasta las vallas con las que la Policía y la Prefectura protegió la vivienda. “Participamos de esa actividad como lo hacemos desde hace más de veinte años: sin banderas, sin volantes, en silencio. Acompañando, desde el más profundo respeto, a las Madres, los Hijos y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado”, aclaran. 

“Solicitar la revocatoria a la prisión domiciliaria de Etchecolatz no quiere decir no valorar la Justicia”, sostiene el colectivo, sino “que se rozan a contrapelo lo traumático y el horror que sabemos son siempre actuales, siempre vigentes” y que “si esto no sucede, una vez más la justicia se volverá injusticia”. Haciendo pie en el repudio de los vecinos marplatenses para insistir en el regreso de Etchecolatz al penal de Ezeiza, así como en la lucha de los organismos de derechos humanos y de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, el Colectivo de Ex Hijxs de Genocidas les recuerda a los jueces que “la construcción que hizo la sociedad sobre los crímenes aberrantes que cometieron nuestros ex progenitores fue enorme. Y que, por ello, no se puede esperar que no tenga una idea distinta a la que considera la Justicia con una decisión como la domiciliaria”.

En ese sentido, advierten que “la Justicia no piensa desde el dolor, mas no por ello se le puede pedir a una sociedad profundamente dolorida por los estragos llevados a cabo por el Estado sostenerse en razones jurídicas” y que “la Justicia hoy se desliza hasta la más insondable oscuridad, perdiendo todos los ciudadanos esta protección que el Estado debe proporcionarnos”.

En el documento, aseguran a los jueces que con el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad vuelven “a sentir el perfume del terror, el sonido de sus pasos sigilosos y la angustia por la justicia rota”, así como “el miedo de andar por la calle y de vivir junto a los asesinos, que ya demostraron su poder en democracia con la desaparición de Jorge Julio López”. Que con el beneficio “los genocidas pretenden recordarnos su poder y de lo que son capaces. Y ellos, nosotrxs lo sabemos, son capaces de todo”.

“Sin embargo, ya no cuentan con nuestro silencio asfixiante, porque hoy somos muchxs lxs ex hijxs de genocidas que no callamos, que repudiamos profundamente lo que hicieron y, también, lo que siguen haciendo hoy sus encubridores civiles”, aclara el documento. Está firmado por Erika Lederer –cuyo padre fue el segundo jefe de la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo–, Rita Vagliati –cuyo padre fue un comisario que participó en crímenes de lesa humanidad–, Mariana Dopazo –que se cambió el apellido para no llevar el de su padre, Etchecolatz–, y varios otros y otras que en el texto exigen “cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, y sus cómplices civiles y eclesiásticos”. Y remarcan: “Nosotrxs no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos”.