La Cámara Federal revocó ayer el procesamiento del ex ministro de Infraestructura Julio De Vido, de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos y Ricardo Jaime, y de otros funcionarios relacionados con el área en la causa por los subsidios al gasoil en el transporte de colectivos. La acusación del juez Claudio Bonadio se basaba en que se había pagado a las empresas más de lo que correspondía teniendo en cuenta los kilómetros recorridos y que eso generó un perjuicio de 600 millones de pesos al Estado. Los camaristas cuestionaron la forma en la que el juez hizo el cálculo, ya que tomó sólo algunas de las líneas de colectivos y comparó kilómetros recorridos en 2016 con un período anterior de increíble extensión, de 2003 a 2014. Como es obvio, hay líneas que redujeron los servicios porque el subte llegó a sus zonas, líneas como la 60 que sufrieron largos períodos de huelgas, líneas que redujeron los tiempos por los nuevos carriles exclusivos y entonces transportaron más pasajeros en detrimento de otras líneas que los perdieron, hubo crisis empresarias como las del grupo Cirigliano y, por supuesto, al haberse intensificado el tránsito, hay líneas que recorrieron menos kilómetros por unidad en 2016 porque tardaban más que antes en completar el recorrido.
El procesamiento de los ex funcionarios se produjo justo al final de la campaña electoral y cuando aún faltaban tomar 251 declaraciones indagatorias, principalmente a empresarios de las líneas de colectivos de todo el país. Esa fue una de las objeciones de las defensas: se procesó sin haber terminado las indagatorias.
Sin embargo, en la revocatoria de ayer –donde los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero dictaron la falta de mérito, mientras que Martín Irúrzun confirmó el procesamiento–, lo que primó fueron las objeciones a la forma en que Bonadio calculó el perjuicio para el Estado de 600 millones de pesos.
En la defensa formulada por Schiavi y sus abogados –Maximiliano Rusconi y Gustavo Palmeiro– se señaló que cuando se empezaron a aplicar la SUBE y los GPS en los vehículos no hubo cambios significativos en el total de subsidios pagados por el Estado, comparado con los que se pagaron cuando los subsidios se hacían en base a las declaraciones juradas de las empresas. En todo caso, los subsidios fueron levemente más altos con la nueva modalidad: el cálculo por SUBE y GPS dio 111 millones de kilómetros recorridos, y por declaración jurada se pagaban subsidios por 106 millones. Eso demostraría que no hubo fraude.
En base a la SUBE y los GPS implementados en época de Schiavi, del total de las empresas sólo en 38 se verificó que recorrían menos de lo que, supuestamente, se les había pagado. Bonadio tomó esas empresas –sólo esas empresas– para la imputación. Ayer, los camaristas revocaron el fallo del juez diciéndole que no se podían comparar kilómetros de 2016 con los recorridos realizados tres, cinco y hasta diez años antes, porque cambió el tráfico, hubo líneas que entraron en crisis, otras afrontaron huelgas y una larga serie de diferencias que las defensas marcaron en forma detallada.
El ex ministro De Vido sostuvo en su defensa que él no tenía ningún papel en el pago de los subsidios y en el control de las declaraciones juradas, más teniendo en cuenta que no había reclamos, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Otros funcionarios señalaron lo mismo: que no tenían vínculo con el manejo diario de los subsidios.
Por supuesto que es clave que en los aportes del Estado no haya corrupción, pero lo más llamativo del expediente fue que no se imputó a ninguno de los ministros de Transporte de las provincias, que eran los que hacían verdaderamente el control. Eso evidencia la direccionalidad política de la causa.
Más allá de lo judicial, lo cierto es que los subsidios al transporte existen en casi todos los países del mundo, cuando no sucede que los servicios los presta directamente el Estado. Lo que se busca es que el transporte público sea más que accesible porque es la forma en que la población, y en especial los más humildes, van a su trabajo. En la actualidad, la política dio un giro muy notorio: se tiende a reducir los subsidios al mínimo y aumentar los boletos, en promedio, en un 66 por ciento durante el primer semestre de este año.
