Igual que en los comienzos de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería  se aferra a la estrategia del Gobierno de acusar a las víctimas. Mientras en la causa se desa- rrollan medidas claves para establecer la posible responsabilidad penal de los agentes en la persecución de un grupo de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen que tuvo como consecuencia la muerte del joven cuando acompañaba una protesta, la fuerza que responde a la ministra Patricia Bullrich presentó ayer una denuncia en la que pide que se investigue lo que considera una presunta asociación ilícita y tres supuestos falsos testimonios (de dos mapuches y un amigo de Maldonado) para generar una versión que la incrimine. El expediente está a cargo de la fiscal Silvina Avila, que también interviene en la causa sobre la muerte, y del juez Guido Otranto, que fue apartado de ese expediente por parcialidad. Desde enero tramitan otra denuncia en sintonía del Ministerio de Seguridad, que pone en duda ocho testimonios y sugiere una suerte de complot. “Es una denuncia claramente intimidatoria”, dijo a PáginaI12 Verónica Heredia, abogada de la querella de la familia.

En la causa que ahora está a cargo del juez Gustavo Lleral, y que debe determinar qué pasó y cómo murió Maldonado, se están llevando a cabo medidas centrales. Una de ellas es el análisis completo del contenido de los celulares de 20 gendarmes que estuvieron más cerca del río Chubut en la zona donde fue encontrado el cuerpo y que participaron de la persecución a los mapuches en el territorio. Se había hecho un análisis parcial de los aparatos, que arrojaba que habían estado apagados. El peritaje se amplió con una apertura total del contenido conocer el contenido y la llamada “georreferenciación”, que establece donde estaba  cada agente. Además faltan imágenes del operativo que la fuerza debería tener y aportar, en especial del lapso entre las 11.30 y las 13 del 1 de agosto, el momento que desaparece Maldonado. Y, está pendiente que el juzgado logre la declaración testimonial de un grupo de personas que el día de la persecución de Gendarmería estaba en la ruta 40, en el ingreso a la comunidad.

A esto se suman medidas en desa- rrollo pedidas por la familia, que todavía guarda grandes dudas sobre qué pasó con Santiago antes de que cayera al río. Se está peritando, por ejemplo, su documento de identidad, que estaba en muy buen estado pese a los 78 días transcurridos desde la desaparición y no estaba en una bolsa, pese a versiones que lo afirmaban. También se peritan billetes que tenía en la ropa. La autopsia indicó muerte por ahogamiento e hipotermia, pero la abogada Heredia señala que “no se determinó cuánto tiempo estuvo en el agua: da un rango, según distintos métodos podrían ser 53 días, más de 60 o 73, por eso nosotros seguimos sospechando solicitando medidas que ayuden a esclarecer, no sabemos si estuvo todo el tiempo en el agua”. “Su mochila nunca apareció –agrega– ¿y si tenía disparos de la Gendarmería?”

Ese es el cuadro de situación de la principal causa, frente al que el Ministerio de Seguridad primero y la Gendarmería ahora introducen sus denuncias. La Gendarmería  pide investigar a quienes, en su óptica, serían responsables de la difusión de lo que llaman una “falsa hipótesis” de que Maldonado había sido “desaparecido por personal” de la fuerza. Habla de rastrear autores intelectuales o materiales, en el ámbito de la comunidad, el judicial y los medios masivos. Y pone el foco en tres testigos: Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi. Santana había relatado cómo la Gendarmería ingresó a la comunidad y persiguió a un grupo y que mientras algunos cruzaron el río a Santiago lo subieron a una camioneta de Gendarmería. Pilquiman es la mamá de Lucas, conocido como testigo E, quien dijo haber estado con Maldonado al momento de cruzar el río, pero que Santiago no cruzó. Claudia había estado con él también en la ruta. Garzi es un amigo de Santiago que hizo una llamada a su celular el 2 de agosto, que duró 22 segundos pero sólo hubo silencio. Heredia plantea que si la Gendarmería objeta que se analice posible desaparición forzada “no pueden investigar su denuncia la fiscal Avila y Otranto, porque ella propuso esa carátula para el expediente y él hizo lugar, además que ya fue apartado”. La carátula no cambió. 

La Gendarmería carga las tintas en los testigos y dice que la fuerza no tuvo ninguna responsabilidad. Es que eso es precisamente lo que se investiga y es ostensible que la fuerza ingresó con más de 50 agentes a la comunidad en un allanamiento ilegal y a los tiros. Alegaron un delito en flagrancia: que los mapuches les arrojaban piedras para rechazarlos, pero hasta ahora todo apunta a que las pedradas sucedieron una vez que los gendarmes estaban en el territorio. El único imputado es un gendarme, Emanuel Echazú, que puso defensor cuando se filtraron sus fotos con la cara ensangrentada y se supo que se peritarían las lesiones y su ubicación. Una foto satelital lo mostraba muy cerca del lugar donde fue hallado Maldonado. Una enfermera dijo que lo atendió dentro de la comunidad, no en la ruta como sostenía la fuerza. Pero en el doble juego de ser acusada y convertirse en acusadora, la Gendarmería además de todo querella por el corte de ruta del 31 de julio.

En el expediente sobre la muerte y la desaparición, que tiene el juez Lleral, la Gendarmería también se presentó con la estrategia de acusar y presionar: quieren que declaren los abogados de Naturaleza de Derechos que habían hecho la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en una advertencia al Estado argentino. Habían presentado relatos. Uno era el “testigo E”, Lucas Pilquiman, que según en ese texto decía que había estado con Santiago en los últimos momentos antes de cruzar el río pero que lo había agarrado la Gendarmería. Lucas, de 19 años, testificó ante Lleral con una citación que no fue notificada a las querellas. Describió la persecución de Gendarmería pero no fue exactamente igual, no dijo que se lo llevaron. Heredia pidió la nulidad y se la negaron. La Gendarmería busca un careo.

Hoy la causa no tiene definiciones. Faltan medias y declaraciones. “Quieren socavar los testimonios, intimidar a los más vulnerables. Quieren impedir que la gente que aún no lo hizo declare. Insisto con que peligra la investigación. Estas denuncias son actos que demuestran que la investigación es atacada por el propio gobierno”, advierte Heredia.

La denuncia del Ministerio de Seguridad también radicada en el juzgado de Otranto también cuestiona testimonios. Los mismos que Gendarmería y otros más, como el de Lucas. Hay otra causa con sentido similar  en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, contra el constitucionalista Eduardo Barcesat, por acusar al Gobierno. La denuncia es del abogado Denis Pitté Fletcher. La causa la tiene el juzgado de Julián Ercolini. Barcesat hizo, en efecto, una denuncia contra el Poder Ejecutivo y Gendarmería por encubrimiento en la investigación de la desaparición de Maldonado, cuando era ostensible por dichos de la propia Ministra Patricia Bullrich y las intervenciones de sus funcionarios en el expediente, que clamaban por desligar a la fuerza con la causa en pleno trámite y sembraban pistas falsas y ofensivas para la familia de la víctima. Desde decir y plantear que Santiago podía haber herido a un puestero de la estancia de Benetton (algo desmentido luego por el ADN) hasta que estaba en Chile, o escondido. Entre otras anomalías, el defensor Fernando Machado denunció que las camionetas de Gendarmería usadas en el operativo fueron lavadas antes de ser peritadas. Aquella causa por encubrimiento la tuvo el juez porteño Rodolfo Canicoba Corral y en noviembre la Cámara Federal dijo que era incompetente. Debía mandarla a Esquel, pero allí en tribunales informan a este diario que por ahora no está en ninguna parte.