César Jaunarena estaba a punto de tomar el colectivo  en Callao y Santa María, en Rincón de Milberg, Tigre, cuando se detuvo junto a él un patrullero y los policías a bordo le pidieron que los acompañara para oficiar de testigo en un allanamiento. Se iba a hacer en la vivienda de Alcides Díaz Gorgonio, el prefecto acusado de robar el día anterior en la casa de Sergio Massa, en julio de 2013. Tiempo después Jaunarena, de 21 años, denunció que recibía llamadas amenazantes, de muerte inclusive, y que sospechaba de la policía. Reveló que cuando firmó el acta de aquel operativo tuvo que insistir para que se la dejaran leer y que uno de los uniformados le dijo que sólo notaría que el dinero que figuraba era menos del que se había hallado. A los pocos días, contó el joven, personal de la fiscalía de Mariano Magaz (que investigaba el robo) lo fue a buscar a su trabajo en el Mercado de Beccar para interrogarlo sobre el procedimiento. Según relató, el fiscal le indicó “que no diga que se había encontrado más dinero que el que estaba escrito en los papeles debido a que Sergio Massa no tenía declarado todo el dinero que le robaron”. La denuncia por amenazas e irregularidades le tocó al fiscal Washington Palacios. No bien quiso avanzar, le sacaron la causa. Nunca se esclareció nada y Palacios enfrenta ahora un pedido de juicio político fogoneado por fiscales afines al massismo que le adjudican un supuesto intento por beneficiar al prefecto implicado. Este martes se reúne el jurado para evaluar si lo suspende.

La denuncia contra Palacios fue presentada por otro fiscal llamado Claudio Scapolán, quien fue titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas (UFIC) del departamento judicial de San Isidro, disuelta a comienzos de este mes después de una denuncia de Elisa Carrió por múltiples anomalías. Scapolán es mano derecha del fiscal general de San Isidro, actualmente suspendido en su cargo, Julio Novo, procesado también por encubrimiento de una organización dedicada al tráfico de drogas y del doble crimen de Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, dos colombianos acribillados a balazos en el shopping Unicenter. Se sospecha que el homicidio habría sido planeado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados por narcotráfico.

El fiscal Palacios explicó, en diálogo con PáginaI12, que “en los tribunales de San Isidro es de público conocimiento que Novo y Massa (desde sus tiempos de intendente de Tigre) habrían formado un entramado tendiente a encubrir delitos graves vinculados con intereses políticos y económicos”. El fiscal considera que la UFIC, que comandaba Scapolán, habría sido creada para eso: hacer creer que se investiga, cuando en realidad se estaría ofreciendo protección al delito. También recuerda que en 2009, trece fiscales de San Isidro denunciaron a Novo por malversación de fondos, obstaculización de investigaciones, negligencia e incompetencia en asignación de recursos, abusos funcionales (como traslados intempestivos de fiscales)  y violencia laboral. De ahí en más, ilustró, varios de ellos fueron sufriendo denuncias a modo de represalia. Cita: a Diego Molina Pico con el caso García Belsunce, Lino Mirabelli que investigó un desfalco en Vicente López cuando Enrique “Japonés” García era intendente y a Luis Angelini, el fiscal que investigó el doble homicidio de Unicenter. Ahora, interpreta Palacios, le llegó el turno a él por querer investigar los extraños episodios que rodearon al robo a Massa.

Un primer dato llamativo fue el intento inicial del líder del Frente Renovador por ocultarlo, que no se pudo sostener por más de dos semanas. Sucede que Massa vive en un barrio cerrado, Isla del Sol, y en ese entonces estaba en plena campaña para las elecciones legislativas, cuyo eje era la seguridad, que evidentemente no funcionaba ni para él. Horacio Verbitsky reveló en este diario lo ocurrido y explicó que “la orden de impedir que trascendiera (…) fue impartida por el fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, por lo cual no se cumplió con la obligación de cargar el robo en el Sistema Informático del Ministerio Público”.  

La denuncia de Jaunarena, que agrega el dato acerca del dinero, fue presentada en 2014. En el acta del allanamiento decía que se habían secuestrado medallitas, anillos, aros, gemelos, relojes, una lapicera Mont Blanc, una medalla con el nombre de Massa, dos pendrive y tres dvd, 1200 dólares y 40.000 pesos. También había armas, una con silenciador. En un segundo domicilio allanado, aparecieron 25.000 pesos más.

El de Massa no es el primer caso en el que quien debe cuidarlo es protagonista del robo. Le pasó también a Gabriela Michetti: por la sustracción de sus 200.000 pesos y 50.000 dólares fue procesado David Cruzado, policía de la Metropolitana que la custodiaba. Otro denominador común de ambos casos es que sus víctimas intentaron ocultarlo. El robo a Michetti se conoció ocho meses después, cuando lo reveló el diario cooperativo Tiempo Argentino. A la vicepresidenta la investigan ahora por las dudas sobre el origen de ese dinero y su vinculación con la Fundación Suma. Al intendente de La Plata, Julio Garro, también le robaron de su casa: denunció 25.000 pesos faltantes, pero el policía detenido por el hecho declaró que se había llevado 6 millones de dólares. Garro dijo que es falso y extorsivo.

Díaz Gorgonio fue condenado en abril de 2015 por el tribunal criminal 7 de San Isidro a 18 años de prisión por robarle a Massa, siendo miembro de una fuerza de seguridad, que portaba un arma y cumplía funciones de inteligencia. El fiscal que impulsó la condena fue Magaz (cercano al massismo), el instructor de la investigación. Palacios, por su lado, tenía que corroborar si el relato de Jaunarena tenía asidero: había dicho que en el allanamiento además de poner un monto inferior al dinero incautado, la última hoja del acta (donde figuraba la plata) fue destruida y vuelta a hacer; que además de los policías, el fiscal y la familia de Díaz Gorgonio, en el segundo procedimiento entró un hombre de civil con un bolso vacío, que al salir estaba lleno. Palacios pidió el acta. La fiscalía no se la quiso dar. En cambio, el fiscal Scapolán le pidió a él copia de la causa para utilizar en otra investigación; Palacios a su vez le dijo que quiere ver su expediente ya que no entendía qué era.

Cuando finalmente consiguió el acta al ir en persona al tribunal 7, Palacios corroboró que la declaración del changarín tenía coherencia y detectó que en el acta faltaban firmas de los presentes (como la del comisario a cago del operativo, la del hombre de civil que resultó ser, según otros testigos, un funcionario municipal llamado Diego Santillán, la de Jaunarena y la del imputado), y que la firma del sargento Suárez era notablemente distinta en la última página que en el resto. Al volver de sus vacaciones en febrero de 2015 se encontró con que el juzgado de garantías de Pilar le había pedido que se inhibiera de investigar y que pasara la causa a Scapolán. Palacios apeló y la fiscalía de Novo no sostuvo su recurso, por lo tanto perdió. Al final supo que la causa a cargo de Scapolán era una presentación de Graciela Garate, la esposa de Díaz Gorgonio, según la cual el dinero que se llevaron de su casa en realidad era de la venta de un fondo de comercio y un crédito de Prefectura. Scapolán desestimó esa presentación, y desactivó también la pesquisa de Palacios.

A raíz del juicio por el robo a Massa, el senador massista Jorge D´Onofrio instaló la teoría de que la causa iniciada con la denuncia de Jaunarena era trucha. Scapolán le dio forma de pedido de juicio político, con el argumento de que Palacios querría beneficiar al prefecto acusado. “Que yo investigara el allanamiento no tenía por qué hacer caer la prueba de cago contra Díaz Gorgonio. Había prueba, como filmaciones y registros del country”, subrayó Palacios a PáginaI12. “Yo solo investigaba si en el procedimiento se había cometido algún delito. El problema era que esto podía afectar el interés de Sergio Massa”, planteó.

–¿Por qué Elisa Carrió salió a defenderlo? –le preguntó este diario

–Ella conoce bien el entramado. Fue la primera que le pidió juicio político a Novo y nos apoyó a los fiscales en 2009.

Como fiscal de Pilar, Palacios era competente para investigar a policías del partido de Tigre. A la vez los fiscales de Tigre investigan a los de Pilar. Se llama “competencia cruzada” , para evitar favoritismos con los policías con los que los fiscales conviven. En cuatro años había procesado a 60 policías del feudo de Massa por delitos de todo tipo (malversación, apremios, torturas). Como el cargo de Novo podría quedar vacante, en el massismo fantasean con que él pueda aspirar a eses lugar y quieren evitarlo a cualquier costo.

Desde que comenzó a tramitar su juicio político, algunos medios empezaron a decir que Palacios pertenece a la organización Justicia Legítima (como si eso fuera delito o mala palabra) aunque jamás fue a una reunión pero lo más impresionante fue que varios portales de noticias anunciaron que había sido suspendido en el cargo, algo que no es cierto y que recién este martes decidirá el jurado.