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Comodoro Py es una cancha inclinada en la que los funcionarios del gobierno anterior parecen no tener chance. El aparato político-judicial-mediático, en sintonía con el macrismo, servicios de inteligencia y la conexión internacional con la derecha republicana e israelí protagonizan algo parecido a Jujuy, pero con modales levemente –sólo levemente– más prolijos. Este lunes, el edificio de los tribunales de Retiro será escenario de otro episodio de la saga: a las diez de la mañana se realizará la audiencia ante la Cámara de Casación para que los jueces decidan sobre la apertura de la investigación de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Los más importantes juristas del país, León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier y Luis Moreno Ocampo coincidieron en que no existía delito alguno en el texto redactado a las apuradas por Nisman, quien encima puso en el centro de la ejecución del ilícito un Memorandum firmado por el gobierno votado en las urnas, es decir un tratado que luego fue refrendado por las dos cámaras del Congreso. Entre las maniobras insólitas permitidas por la justicia, el juez Claudio Bonadio armó una causa colectora, en el que se investiga el Memorandum pero imputando a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman por traición a la patria. La trama podría tener un final casi cantado: desembocaría en que le van a dar la causa por el Memorandum a Bonadio.
Antecedentes
La denuncia de Nisman fue desestimada dos veces por el juez federal Daniel Rafecas y dos veces la Sala I de la Cámara Federal confirmó el fallo. También el fiscal de Casación Javier De Luca coincidió con los criterios que dejó asentados Rafecas: que no existe delito en la denuncia de Nisman; que el Memorandum nunca entró en vigencia, de manera que nunca causó ningún efecto jurídico; que las escuchas no indican nada y fueron realizadas sobre dirigentes sin facultades ejecutivas.
El camarista Jorge Ballestero fue aún más lejos: estudió las escuchas y descubrió que una parte fue armada, uniendo tramos de conversaciones con otras realizadas mucho después. En una de las escuchas, un supuesto agente de la SIDE -denunciado en su momento por falsear el cargo–afirma haber participado de las negociaciones con Irán, mientras que Migraciones demostró que nunca salió del país.
Interpol dejó asentado que no hubo gestiones para levantar las órdenes de captura con alertas rojas, al contrario de lo que figura en la denuncia de Nisman. Es más, el entonces secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, afirmó que Timerman insistió una y otra vez en que no se podían levantar las órdenes de captura, una facultad que sólo tenía el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Nisman afirmaba que se acordó, en compensación por el Memoradum, un intercambio de cereales por petróleo iraní. Se trataba de un imposible: la Argentina no tiene refinerías para tratar petróleo pesado como el iraní.
En diciembre de 2014, un mes antes de su muerte, Nisman firmó otro texto en el que no acusaba a CFK y a Timerman por encubrimiento, sino que elogiaba la política del gobierno. Su secretaria, Soledad Castro –tras meses de diálogo con la ex pareja de Nisman– testificó que Nisman le había ordenado borrar esos tramos. Curiosamente, Castro fue designada como secretaria en la Corte Suprema, aunque el argumento es que esgrimió un magnífico curriculum.
¿Febrero?
Con estos antecedentes, mañana se realizará la audiencia en la Cámara de Casación, ante los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes decidirán si la denuncia de Nisman se abre o no. A esta instancia se llega de forma curiosa. La DAIA argumentó que hubo novedades en el caso, a partir de una llamada entre Héctor Timerman y el entonces presidente de la AMIA Guillermo Borger, en la que el canciller dijo lo que siempre dijo y lo que era la postura de la justicia: que la responsabilidad del atentado era de Irán y que por eso debía negociarse con Irán que declaren los sospechosos. La llamada fue grabada en forma clandestina, pero se la usó como prueba. La DAIA alegó que quedó firme la inconstitucionalidad del Memorandum, ya que el gobierno de Macri retiró el recurso pendiente. Ese estado tampoco constituía novedad alguna: la Sala I de la Cámara Federal ya lo había declarado inconstitucional cuando Rafecas firmó su fallo.
Nada importó. Todo fue parte de la cancha inclinada de Comodoro Py destinada a imputar a CFK y a Timerman. Ni siquiera pesan dos aspectos finos de la jurisprudencia, como que el fiscal De Luca no haya impulsado el recurso porque está de acuerdo con Rafecas y la Sala I. Hay muchos antecedentes de que no se permite el impulso de causas si no lo impulsa el fiscal y no es admisible sólo el impulso de un querellante. Además, el presidente de la DAIA no tiene poder especial de la institución para querellar, como lo pide el Código Procesal.
En la audiencia hablarán Alejandro Rúa y Graciana Peñafort en representación de Timerman, y posiblemente Lucila Larrandart en nombre de Andrés El Cuervo Larroque, porque éste figura en las escuchas. La DAIA presentará un escrito. Tras la audiencia, los integrantes de Casación tienen veinte días hábiles para resolver. Todo indica que el fallo no saldrá antes de fin de año, por lo que la lógica indica que se conocerá recién en febrero, después de la feria judicial.
Apuestas
La feroz campaña política-judicial-mediática estuvo orientada a que la Casación abra la denuncia de Nisman. Para ello, se tiene que revocar el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que es la que ratificó lo decidido por Rafecas. Todos apuestan a que Hornos y Borinsky tomarán esa decisión. La consecuencia es que apartarían a la Sala I y dejarían a cargo a la Sala II de la Cámara Federal. El paso siguiente sería que la Sala II, alineada firmemente contra el gobierno anterior, ordenaría la apertura de la denuncia. Y el remate es que se argumentaría que Bonadio tiene la causa por traición a la patria más adelantada que Rafecas, por lo que el inefable Bonadio, punta de lanza contra CFK, quedaría a cargo del expediente. No faltan quienes opinan que semejante maniobra es demasiado grosera, por lo que habrá que esperar los acontecimientos.
Maier, quien fuera titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA, sostuvo que “hubo un tratado entre Argentina e Irán con un objeto preciso que era poder interrogar a las personas que un juez argentino creyó sospechosas y que por esa razón, al no comparecer, pidió su captura y eso fue volcado al orden internacional. Ese tratado, que fue ratificado por el Congreso es imposible que constituya un delito. Yo hubiera desestimado la denuncia”.
Zaffaroni coincide: “No se advierte ni siquiera el comienzo de ejecución de un delito, ni una tentativa. Es evidente que se trató de mover la causa porque estaba parada y por eso se gestionó la declaración de los sospechosos. De ninguna manera hubo encubrimiento. Es un error conceptual, muy difundido en los medios, de que hay que hacer sí o sí medidas de prueba. Pero no es así. Por ejemplo, se dice que hubo gestión para levantar las órdenes de captura, pero la realidad es que el Ejecutivo no tenía facultades para eso, sólo lo podía hacer el juez, no hay manera de que haya encubrimiento”.
Arslanian, ex ministro de Justicia y uno de los penalistas más reconocidos del país, señaló que “la Comisión de la Verdad, tan cuestionada, nunca entró en vigencia. Y además no tenía facultades judiciales ni vinculantes. Nada de eso implicó que el Ejecutivo o el Legislativo entorpecieran la investigación. No hay manera de que pudiera haber un encubrimiento y que los sospechosos zafaran de una imputación. Eso era facultad del juez”.
El jurista radical Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó a las Juntas, fue escueto en su momento: “Es una denuncia que tiene más de política que de judicial”. Moreno Ocampo, ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, resumió: “Me tomé el trabajo de leer las 300 páginas y encontré cero pruebas de la existencia de un delito”.
Pese a estas opiniones, la cancha está inclinada. Los abogados de Timerman irán en queja a la Corte por el caso de la traición a la patria. Es el paso previo a llevar todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
