El gobernador Miguel Lifschitz ratificó la rescisión consensuada del contrato que vinculaba a la provincia con la empresa Arssa como concesionaria de la autopista Santa Fe‑Rosario. El mandatario firmó el 1 de febrero el decreto 90 que dio por concluído el proceso de revisión del respectivo convenio de extinción. "Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes", sostiene el primer artículo según publicó ayer el diario El Litoral, y acota que "no existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue".
La medida cierra una sucesión de hechos polémicos iniciados cuando Lifschitz decidió terminar el contrato con Arssa en la mitad de su plazo ‑cinco años de un plazo de diez‑, ante el incumplimiento del requisito
de repavimentación total de la traza del corredor.
La empresa sólo había ejecutado el 30 por ciento de esa obra, y se amparó en la macroeconomía ‑entre otras razones‑ para justificar su accionar. La provincia terminó rescindiendo el contrato a fines de 2016 de manera consensuada, liberando a la empresa de perder sus garantías, pagar multas o ser sancionada. Pero en abril de 2017, Fiscalía de Estado advirtió al Poder Ejecutivo que no estaban claras las causas por las que el contrato concluía; no había precisiones en todas las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades. Esta
hipótesis abría la puerta a una eventual rescisión unilateral de parte de la provincia. El gobernador dictó entonces el decreto 1.017; ordenó revisar todo el proceso y fijó para ese trabajo un plazo de seis meses.
La revisión derivó en una auditoría que el Ministerio de Infraestructura ‑mediante contratación directa y con honorarios de 1,7 millón de pesos‑ dejó en manos del estudio Cassagne Abogados y del ingeniero civil Miguel Gueydan. El primero debía hacer un informe jurídico; el segundo, un estudio sobre los aspectos técnicos y económicos de la concesión.
