En su intento por evitar de cualquier modo que el Congreso Nacional convirtiera en ley el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias votado en Diputados, el Poder Ejecutivo terminó tropezando con sus propias cifras. Fue tal el exceso verbal de algunos funcionarios del gobierno por demostrar lo “irresponsable” y “demagógico” del proyecto de oposición (así lo calificó el presidente Mauricio Macri apenas se votó), que hasta el propio titular de la AFIP, Alberto Abad, terminó adjudicándole a la modificación propuesta “un costo fiscal bruto de 132.541 millones de pesos”. Si ello fuera cierto, equivaldría a decir que el impuesto a las ganancias sobre el trabajo personal (cuarta categoría) prácticamente se elimina con el proyecto de Diputados, ya que el total de lo que pagan anualmente los trabajadores de medianos y altos ingresos por el impuesto apenas supera dicha cifra.

El volumen por lo recaudado por Ganancias sobre el trabajo personal (la denominada Cuarta Categoría) es tratado como un “secreto de Estado”, ya que el dato no se informa ni hay respuestas precisas cuando se consulta a los funcionarios. Sin embargo, hay consenso en que la proporción del pago de asalariados y autónomos ha ido en ascenso en los últimos años en relación a lo que pagan las empresas por el mismo impuesto. El economista Horacio Rovelli, de EPPA, especializado en temas fiscales y monetarios, sostiene que “los recursos de la cuarta categoría representan más de un tercio de la recaudación del impuesto a las ganancias, en tanto una de cada cinco corporaciones empresarias no paga el tributo porque está exenta o declara pérdidas, verdaderas o dibujadas”. El total del impuesto a las ganancias recaudado hasta noviembre de este año sumó 390 mil millones de pesos, y estimando para diciembre una recaudación de 35 mil millones, completaría en el año 425 mil millones. De acuerdo a la estimación de Rovelli (que es compartida por otros expertos), la suma atribuible al impuesto sobre el trabajo personal oscilaría entre 140 mil y 150 mil millones de pesos.

Alberto Abad, de la AFIP, expuso ante las comisiones del Senado el martes último. Allí soltó el dato de que “el costo fiscal bruto del proyecto del Gobierno es de 49.550 millones de pesos, y el del aprobado en Diputados, de 132.541 millones de pesos”. Costo fiscal bruto es medir su incidencia antes de compensarlo con lo que se recaude con otros impuestos que se crean o se amplían, como el impuesto a los juegos de azar o la reposición de retenciones a la minería. Es decir, las cifras de Abad se refieren al impacto directo de subir el mínimo no imponible, elevar deducciones, cambiar la escala de las alícuotas y demás modificaciones directas sobre la normativa de Ganancias. De allí la inconsistencia de sus dichos: si este año la Cuarta Categoría pagará 140 mil millones de pesos, sostener que las modificaciones tendrán un costo de 132.500 millones es casi suponer que el impuesto sobre el trabajo personal desaparece. No es eso lo que surge del proyecto votado en la Cámara Baja.

Los dichos de Abad entraron incluso en contradicción con las expresiones de otros funcionarios del gobierno. Un organismo de análisis insospechado de vínculos con la oposición, la consultora Economía & Regiones –cuyo Economista Director es Diego Giacomini–, en un trabajo titulado “Las modificaciones al impuesto a las ganancias” expresa, textualmente:

“Según datos oficiales, la reforma tributaria propuesta por la oposición tiene un costo fiscal de 65.557 millones de pesos sobre el impuesto a las ganancias, a la vez que reduce el costo neto a 39.807 millones mediante la creación de nuevos impuestos”. Es decir, citando fuentes oficiales, habla de un costo fiscal “bruto” que se acerca a la mitad del que expresara Abad un día después de publicado este informe, en el Senado.

Es evidente que el gobierno intentó inflar el costo fiscal del proyecto de la oposición para trasladarle el problema a las administraciones provinciales: si baja groseramente la recaudación coparticipable, las provincias pasarán penurias durante el año 2017. Lo curioso es que el debate sobre la distribución del ingreso fiscal y las obligaciones de las provincias surgiera recién como consecuencia de la modificación de lo que deben pagar los asalariados de más altos ingresos, pero no cuando se llevó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

No es esa la única falacia que deja al desnudo este debate vacío y con los datos cambiados que planteó el Gobierno sobre el impuesto a las ganancias. Si lo que está en cuestión es la asignación de los recursos, el ex diputado nacional Claudio Lozano propuso un enfoque diferente. “Si lo que traba el debate es el costo fiscal, hay que traer a la discusión que en el año 2017 se dejará de recaudar en el impuesto a las ganancias casi 85 mil millones de pesos tanto vía regímenes promocionales como por otros mecanismos de exención, y creemos que este conjunto de beneficios deberían revisarse, ya que muchas hoy carecen de sentido”. El detalle, aclaró Lozano a este diario, surge del propio texto de la Ley de Presupuesto, donde se estima, por ejemplo, que por regímenes promocionales se resignarán en el impuesto a las ganancias 28 mil millones de pesos en 2017. “Si fueron promociones para inversión, habría que revisar si se cumplieron y si hoy tiene sentido que sigan vigentes”, propuso el economista y dirigente de la CTA Autónoma. Otras exenciones que pesan como “costo fiscal” para el año próximo son las que benefician a intereses de títulos públicos, de depósitos en entidades financieras y por obligaciones negociables, que suman 34 mil millones de pesos en beneficio de las personas que los reciben; y la exención a magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales que representan otros 5600 millones de pesos. Pero de esto, no se habla.