El fiscal Federico Delgado apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de enviar al fuero penal económico la denuncia por presunto lavado de dinero mediante sociedades offshore de dos hermanos del presidente Mauricio Macri. Se trata de una causa que se inició por una denuncia de la Fiscalía de Hamburgo seis días antes de las elecciones primarias de 2015 cuando una firma constituida en Panamá, vinculada a Gianfranco y Mariano Macri, le pidió a un banco alemán que cerrara su cuenta allí, transfiriera los fondos a otra cuenta en Ginebra y destruyera todo rastro de su existencia. El fiscal cuestionó la declaración de incompetencia de Casanello y recordó que antes debe haber una investigación para dar “un mínimo significado legal a los hechos. La decisión quedó en manos de la Sala II de la Cámara Federal.

Según la documentación que envió la Fiscalía alemana, el 19 de octubre de 2015 la firma panameña BF Corporation le requirió el banco UBS Deutschland AG que cerrara su cuenta y transfiriera los fondos a otra en el banco J. Safra Sarasin en Ginebra. Los apoderados de BF Corporation, creada por el bufete Mossack Fonseca, pidieron además “destruir toda la correspondencia” de los archivos del UBS y sus apoderados se negaron a responder preguntas del banco sobre operaciones millonarias. UBS emitió entonces reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado. BF Corporation era operada por el estudio del contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel. En agosto de 2016, cuando Interpol informó a sus oficinas rioplatenses sobre los Panamá Papers, incluyó los ROS de la fiscalía alemana y mencionó como “personas implicadas” a Gianfranco y Mariano Macri, a Lussich Torrendel y a sus hijos Rodrigo y Santiago, también contadores.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) formuló denuncias en el fuero penal económico pero en el caso del clan Macri optó por remitir la documentación a Casanello y Delgado, a cargo de la causa de los Panamá Papers. El 29 de diciembre el juez se declaró incompetente. El fiscal apeló la resolución y recordó que según la Corte Suprema “cualquier declaración de incompetencia debe ser luego de una investigación previa que permita atribuir un mínimo significado legal a los hechos, circunstancia que no ocurrió en el caso”.