Desde Washington, donde se reunió con representantes de la DEA y el FBI, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó las críticas de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre sus postulados de una "nueva doctrina"  para el accionar de las fuerzas de seguridad bajo la presunción de inocencia. "Si vos querés tener una verdadera política de seguridad, tenés que generarle a las fuerzas la idea de que si actúan ante el delito, vos los vas a proteger", aseguró la ministra para reafirmar la posición estatal ante casos como los de Luis Chocobar o el caso conocido hoy del oficial del Grupo Halcón que mató por la espalda a un adolescente que habría intentado robarle en Quilmes. 

"Nuestra doctrina es que las fuerzas sientan el Gobierno, que el Estado argentino las protege en su acción legítima", indicó Bulrrich, en una rueda de prensa con periodistas argentinos en Washington, dando por legítimo el accionar de Chocobar, a pesar de las críticas de organismos de derechos humanos y especialistas, y el procesamiento dictado por el juez Enrique Velázquez bajo la carátula de homicidio agravado por exceso de la legítima defensa. 

En cuanto a las críticas del titular de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien consideró que el gobierno de Cambiemos "parece respaldar la violencia policial", Bullrich lo minimizó diciendo que tiene "una mirada que en la Argentina nos ha costado un aumento de la violencia" y aseguró que en su gestión la tasa de homicidio bajó de 7 puntos cada 100.000 a 5,2 en dos años. En cuanto a estadísticas, el martes pasado, en una entrevista radial, la ministra desestimó por "falsas" las estadísticas de la Correpi sobre gatillo fácil y violencia institucional y prometió hacer público un informe rechazando caso por caso de los 725 muertes a manos de la fuerza represivas estatales recolectados por esa entidad en dos años de gobierno de Cambiemos. La organización respondió convocando a la ministra a un debate público. 

"Esto no va en contra de las garantías constitucionales. Las acciones que se realizan para defender a la población, a terceros, como dice la Constitución, a la propiedad, son legítimas. Cuando un miembro de una fuerza policial, en persecución de un delito, de un delincuente, tiene que utilizar su arma, está haciendo una acción legítima", insistió la ministra en una entrevista publicada por La Nación. En ese tono, Bullrich negó que existan diferencias entre ella y el ministro de Justicia, Germán Garavano, respecto de la intención manifiesta de modificar el Código Penal para aumentar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad en las calles. 

"La discusión que se está dando con el código penal hay una comisión en la que participamos todos. Y todavía el código penal que va a salir todavía no está", reafirmó la ministra su intención poco precisa de quitar la figura de legítima de defensa en el casos de policías, figura que figura en la causa Chocobar por el exceso en su accionar. En ese sentido, Bullrich volvió a cargar contra el Poder Judicial y generalizar como legítimos todas las intervenciones de las fuerzas de seguridad al indicar que en los últimos se había generado "una parálisis" porque "el policía sabía que si llegaba y tenía un enfrentamiento y se encontraba con el delincuente terminaba preso".

"Si hay acciones ilegítimas, este es el gobierno que más policías ha metido preso, entre la nación, las policías locales y la provincia de Buenos Aires", se defendió la ministra respecto de casos que no tienen que ver con la violencias institucional y el gatillo fácil en discusión. 

Al cierre de su visita a Washington, la ministra destacó que la DEA incrementará su presencia en la Argentina con más personal y un nuevo puesto de trabajo en Misiones para "la lucha contra las drogas" y el avance en acuerdos de capacitación por la Policía Federal por parte del FBI.