El fiscal Ramiro González le dio formalmente inicio a la investigación sobre Luis Miguel Etchevehere, actual ministro de Agroindustria, por haber cobrado un bono de 500 mil pesos de su ex empleador, Sociedad Rural Argentina, cuando ya había sido designado para el cargo que hoy ocupa en el gabinete nacional. El fiscal pidió ayer una serie de medidas de prueba al juez Marcelo Martínez de Giorgi, para poder determinar si el funcionario incurrió en algún delito al recibir esos fondos que posteriormente devolvió, cuando el hecho tomó estado público. Ayer mismo, fuerzas de seguridad secuestraron en la sede de la SRA (Florida 460) libros de actas y toda la documentación contable relacionada al hecho investigado: el pago del bono al ex titular de la entidad.
La denuncia por el cobro del bono, presentada ante la Justicia el 28 de diciembre de 2017, no es la única que recae sobre Etchevehere, ni siquiera la más grave. Otras están referidas a la reducción a la servidumbre de personal en negro que trabajaba en sus explotaciones agropecuarias, o a la estafa a sus socios (entre ellos, familiares directos) y al Estado por desvío de fondos y evasión impositiva. Sin embargo, la causa impacta directamente sobre el grado de confianza y el manto de incorruptible con el que pretende cobijarse el gobierno de Mauricio Macri. Además, la apertura de investigación se produce a pocos días de que se desatara el escándalo en torno al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La acusación al ministro de Agroindustria por el bono de 500 mil pesos fue presentada como un delito de acción pública por el denunciante, ya que lo cobró en concepto de “liquidación final” por los años en que se desempeñó como titular de la SRA, “a pesar de que el estatuto de la organización establece que los cargos directivos son No Rentados”, según el texto de la denuncia presentada el 28 de diciembre de 2017. La inevitable “confusión de intereses” entre ser responsable de la cartera agropecuaria y los negocios que representa una entidad patronal como la Sociedad Rural, hace del pago de ese bono, cuando ya se conocía la designación de Etchevehere en el Ejecutivo, un hecho pasible de investigación.
Tras tomar estado público la denuncia, en los primeros días del mes de enero de este año, el actual presidente de la SRA, Daniel Pellegrina, intentó justificar el pago de dicho bono a Etchevehere, señalando que se trataba de “una retribución excepcional”. Según reveló el diario La Nación, la decisión se tomó al final de una asamblea de socios de la Sociedad Rural “luego de un extenso debate”, lo cual sugiere que no hubo pleno acuerdo en asignarle esa suma. Etchevehere, a su vez, respondió por escrito la denuncia afirmando que la suma recibida le fue abonada “en concepto de honorarios por los servicios prestados como presidente entre los años 2012 y 2017”. El pago, según declaró, se hizo efectivo el 16 de noviembre, una semana antes se que el Boletín Oficial publicara su nombramiento. Sin embargo, su designación como reemplazante de Ricardo Buryaille ya se había dado a conocer el 31 de octubre.
El controvertido pago tendría, además, una historia de conflictos internos en la centenaria entidad rural. Según consigna el diario Clarín, Etchevehere renunció el 1º de octubre a la presidencia de la Sociedad Rural pero, llamativamente, también como socio de la entidad. El fiscal Ramiro González, en su dictamen, reflejó el disgusto de parte de la dirigencia ante la asignación del bono de medio millón de pesos a Etchevehere, sector que habría manifestado que dicha resolución “afecta el buen nombre y honor” de la entidad y, en consecuencia, solicitó “la devolución de tal pago”. El diario Clarín señala a Mercedes Lalor, directora por la zona centro bonaerense, integrante de una familia histórica en la SRA, como uno de los referentes de este sector crítico que calificó como un hecho “desagradable” y “pésimo ejemplo, un pésimo antecedente”, el haberle otorgado un bono de 500 mil pesos a Etchevehere previo a su paso a la poltrona ministerial.
El fiscal Ramiro González está interesado ahora en conocer el trámite por el cual se resolvió el pago del bono en favor de Etchevehere y el movimiento de los fondos que dio lugar a su efectivización. Aunque el ministro de Agroindustria resolvió devolverle a la Rural dicho bono con posterioridad a la denuncia, desde el juzgado que entiende en la causa interpretan que ello no cambia el sentido de la investigación, porque lo que se busca determinar es si hubo o no delito en haber aceptado el pago de parte de una entidad que está directamente involucrada en las resoluciones y políticas que define a diario la cartera a cargo de Etchevehere. En resumen, si el pago puede ser categorizado como “coima” o “cohecho”.
