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El policía Luis Chocobar mató a Juan Pablo Kukoc en un contexto tensionado y violento. Un delito grave, descubierto en flagrancia. Pero violando los deberes de quien lleva un arma para ejercer el monopolio de la violencia legítima. No lo es disparar por la espalda con intención y efecto letal.
El procesamiento dispuesto por el juez Enrique Velázquez tipifica razonablemente el hecho: abuso en la legítima defensa. Los abogados de Chocobar piden el sobreseimiento. El policía violó la ley, estima entre tantos este cronista, tiene derecho a un juicio imparcial, no a una absolución exprés decretada por el Ejecutivo.
Puso en riesgo su propia vida y la de ciudadanos de a pie, que pudieron ser embocados por la parva de disparos al cuerpo que no impactaron en Kukoc. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comprueba que entre 1996 y 2017 en la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires el 74 por ciento de las muertes de policías en balaceras ocurrieron cuando estaban fuera de servicio. También matan más, en esas circunstancias, que sus colegas en funciones.
Macri sí actuó con frialdad y premeditación al poner en escena un apoyo incondicional, que invade la esfera de otro poder del Estado mientras emite un mensaje terrible a la sociedad civil. No es aislado, forma parte de una cadena.
El oficialismo –no solo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich– convalida la mano dura extrema, la pena de muerte resuelta en la calle o en rutas o plazas.
Comenzó buscando una coartada en la muerte violenta de Santiago Maldonado, intenta reiterarlo frente al homicidio calificado de Rafael Nahuel. A Chocobar se lo añade adrede: las fuerzas de seguridad tienen manos libres, un camino de ida recorrido más de una vez en la Argentina.
La protesta social está en la mira, puesta bajo sospecha. Las represiones del 8M, del primero de septiembre, de las dos jornadas de movilización contra la Reforma Jubilatoria valen como precedente.
Chocobar, se arguye,es un ejemplo. Ningún “agente del orden” de cualquier fuerza que mató, apaleó, pasó por encima con una moto, vació la órbita ocular de ciudadanos comunes fue separado de su cargo. Y hasta ahora, hay un par de procesados entre decenas.
No es alarmismo sino un sencillo ejercicio costumbrista prever que la “doctrina Bullrich” se implementará en escalada, ante una inminente seguidilla de movilizaciones, paros y ocupaciones pacíficas de fábricas o instituciones que cierran.
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La cortina de humo en redoblona: Es factible y hasta verosímil que el aparato de propaganda macrista haya pensado la movida para contrarrestar la agenda pública, que le es esquiva.
Los números le dan mal, por doquier. Veinte pesos largos vale un dólar, miles de despidos en enero, solo doce funcionarios quedaron prescindidos en la tremenda ofensiva contra el nepotismo… las encuestas son adversare. Pero mover la agenda es, en todo caso, una redoblona: el objetivo principal es acrecentar el autoritarismo y la exaltación de la violencia institucional.
Algunos hechos, menos resonantes, lo corroboran. El Gobierno acelera medidas para expulsar inmigrantes, ora con condenas, ora con detenciones. Se trata de una política constante, construida desde diciembre de 2015, Firma un acuerdo con siete provincias y va por más. De nuevo: un paso más para construir un enemigo estereotipado, visible, culpable de antemano, sin admitir prueba en contrario.
A veces da vergüenza hacer puntualizaciones para discutir barbaridades (“barbariedades”, neologicemos) pero ahí va. Maldonado, Nahuel, Kukoc eran argentinos, jóvenes como cuadra a la mayoría de las víctimas de los abusos de poder armado.
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Pena de muerte, ley marcial: La Constitución Nacional (CN) prohíbe la pena de muerte, sin excepciones. Jamás podría serlo, desde ya, la decisión de un policía de bajo rango, con evidente sobrepeso y falta de entrenamiento.
Ninguna Constitución es pétrea, siempre es posible modificarla. El itinerario es largo y riguroso. Dos tercios de cada una de las Cámaras del Congreso deben votar la necesidad, luego el pueblo elige constituyentes, luego la Asamblea resuelve. El retroceso sería terrible, Macri no la intenta porque los números no le darían. De prepo, las normas se adecuan, para peor.
Los devotos del reingreso “al mundo” podrían aducir que en los países centrales, Estados Unidos en especial, el siglo XXI es una etapa de regresión en materia de derechos humanos y garantías. Desde el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, la principal potencia del planeta legalizó una especie de estado de sitio permanente y selectivo. Se permiten arrestos sin orden judicial, largos encarcelamientos sin condena, se multiplican Guantánamos en todo “el mundo libre”, se cohonesta la tortura (ver recuadro). Hay licencia para matar dentro o fuera de las fronteras de Estados Unidos que abandonó la hipótesis de ser el modelo de libertad para otras sociedades.
Los dueños del mundo son refractarios a comprarnos productos agropecuarios pero nos venden (o donan) ideología, chiches para hacerla realidad, doctrinas.
Los acuerdos de Patricia Bullrich para que la DEA y el FBI injieran en políticas domésticas argentinas generan niveles de intervención que atentan contra la soberanía nacional, cuya existencia todavía se supone.
Completan el paquete las insinuaciones sobre sumar a las Fuerzas Armadas a las cruzadas contra el terrorismo y el narcotráfico. Jaque contra otro logro de la recuperación democrática, sostenido por gobierno de distinto signo partidario
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Carta blanca, zonas grises: Macri podría haber indultado a Chocobar: es una prerrogativa presidencial-monárquica, preservada por la CN. Para el policía el resultado sería similar con enormes diferencias para otros actores sociales. Se debate si es posible indultar sin que medie condena pero el ex presidente Carlos Menem lo puso en práctica antaño y los asesores de Macri son maestros en burlar las reglas o adecuarlas.
La meditada sobreactuación del presidente, acicateará las ínfulas de uniformados de todo el país. El argumento es que la piedra libre aplica solo contra “los delincuentes” pero esa categoría se define en caliente, delegando a cuerpos verticales a menudo muy desatentos a las leyes.
La realidad, además, no se pinta en blanco o negro; los grises se empecinan en abundar. A título de ejemplo pensemos escenas de la vida cotidiana, situaciones de “resistencia a la autoridad”.
Un particular que se encocora y resiste un análisis de alcoholemia, a Bullrich le sucedió no hace tanto. O las tomas de comisarías por vecinos “normales” enardecidos por sospechar que la Policía fue cómplice de algún delito o “libera” zonas para que se cometan. Eventualmente discuten, a veces se enardecen, producen destrozos, alguien tira una piña o un proyectil. ¿Cuándo ese vecino “sacado” por la bronca se transforma en un delincuente que agrede a la autoridad, la que dicta su propia ley Marcial? Una caja de Pandora que se abre, entre tantas.
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Algo nuevo bajo el sol: La violencia institucional dista de ser una novedad incorporada por el macrismo. Las víctimas de gatillo fácil se cuentan por centenares desde 1983. El ingeniero Santos fue uno de tantos “justicieros por mano propia” que atizaron polémicas hace décadas. Las carreras políticas de Luis Abelardo Patti y Antonio Domingo Bussi debieron mucho a su condición de represores. Los etcéteras abundan, duele saberlo.
Pero hasta ahora, ningún gobierno perseveró tanto como el actual en instigar a las fuerzas de seguridad, en no retroceder o reformular políticas ante hechos de sangre, en doblar la apuesta desde hace más de un año.
El entonces presidente Eduardo Duhalde supo que debía renunciar tras los asesinatos de Máximiliano Kosteki y Darío Santillán. Las filmaciones del crimen contra Mariano Ferreyra indujeron a fortalecer al juzgado que investigaba, a la fiscalía y se llegó en un lapso relativamente corto a condenas ejemplares hasta para los instigadores (“autores intelectuales”) del crimen.
Las imágenes gravitan. No hubo de las muertes sucedidas en Chubut y Bariloche. Pero abundan filmaciones de tropelías represivas en Congreso, en Plaza de Mayo. Y se ve con claridad que Kukoc huía, que Chocobar hizo puntería, que lo baleó estando a buena distancia y sin riesgo físico.
Esta columna no propugna el abolicionismo penal, ni siquiera se adentra en la discusión (posible y válida) sobre las causas sociales del delito. Reivindica, apenitas, el derecho del pibe Kukoc a vivir, ser detenido, juzgado y condenado. Recusa sí a quienes celebran al estado que viola reglas básicas.
El célebre postulado del periodista Eduardo Feinmann (“uno menos”) es impropio, amén de salvaje. Una muerte destroza una familia: lo dijo la mamá del ciudadano asesinado, Ivonne Kukoc. Una mujer humilde que se expresó con templanza, dignidad y sentido común de los que carecen protagonistas más resonantes. ¿Los familiares de “delincuentes” también lo son? Solo un nazi podría alegarlo, con esas palabras.
El Presidente cuenta con aliados en otros poderes del Estado. Por ejemplo, el fiscal Ricardo Sáenz que quiso pedir el sobreseimiento de Chocobar ante la Cámara del Crimen, violando las reglas procesales. Su colega de Primera Instancia no había apelado, Sáenz no tenía derecho de alegar. Comenzó a hacerlo, actuando como defensor espontáneo de Chocobar o como vocero de la Casa de Gobierno en Tribunales, o las dos cosas. Los camaristas lo llamaron a silencio, su perorata no formará parte del expediente.
La voz de la mamá genera empatía y hasta ternura. Ya que estamos, para compensar el derroche de odio, habría que dedicarle aunque sea un par de líneas a los médicos del Hospital Argerich que le salvaron la vida al turista Frank Joseph Wolek malherido en el asalto: servidores públicos que honraron su deber.
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Banalizar el mal: Hablamos de algo cualitativamente distinto a las aciagas políticas económicas y sociales de Macri. Son, aunque disgusten, un programa neoconservador, inequitativo… una opción política de cualquier manera. El derecho a la vida, el primero entre todos, para cualquier legislación desde el Renacimiento, es muy otra cosa.
Banalizar el mal, prohijarlo, equivale a fomentarlo. De eso estamos hablando, no de la baja de retenciones, de la pérdida de derechos de los trabajadores, del sesgo de clase de Cambiemos. No es lo mismo, aunque en el idearioneo-con la propiedad privada ranquee muy alto.
