Los cambios a la ley de Riesgos de Trabajo comenzaron a arrojar los resultados esperados por el Gobierno. La cantidad de juicios iniciados contra las aseguradoras se redujo un 6,5 por ciento interanual en octubre de 2017 pero como advierten asociaciones de abogados laboralistas y sindicatos, el objetivo se logró bloqueando la posibilidad de que los trabajadores accidentados y enfermos inicien acciones legales en la justicia laboral. Las modificaciones aprobadas el año pasado impusieron una instancia médico-administrativa obligatoria previa al inicio de cualquier demanda. Con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la legislación, los 69 tribunales de trabajo distribuidos en todo el territorio provincial fueron reemplazados con 15 comisiones médicas para iniciar un reclamo. La radiografía se replica alrededor del país donde los trabajadores accidentados o enfermos deben trasladarse cientos de kilómetros para ser evaluados y reclamar una reparación a las ART. Existen apenas 48 sedes en todo el país. Desde el Espacio Intersindical, Salud Trabajo y Participación de los Trabajadores advierten que las comisiones médicas incumplen con el plazo de 60 días hábiles. Denuncian que en las comisiones de Paso del Rey o Lanús existen demoras de hasta 9 meses para fijar la primera audiencia. Consultada por PáginaI12, la Superintendencia de Trabajo reconoció la existencia de demoras aunque aseguran que los tiempos son ahora inferiores a 6 meses. 

El diagnóstico siempre fue compartido. El sistema de riesgos de trabajo instalado a mediados de los '90 que creó las ART no funciona. Desaliento a la prevención, miserabilidad de las reparaciones, violación de derechos y garantías le valieron más de dos docenas de tachaduras de inconstitucionalidad que abrieron la vía para el reclamo judicial. Las reformas impulsadas por el kirchnerismo no lograron solucionar esos problemas que encabezaban la agenda patronal. Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada el discurso oficial se apropió del reclamo empresario contra la denominada "industria del juicio" que, en sus términos, impone costos excesivos, lesiona la creación de empleo y, además, pone en riesgo la sustentabilidad de las aseguradoras. 

La solución oficial para acabar con las demandas no buscó ampliar el reducido listado de enfermedades contempladas por el sistema, evitar las altas médicas apresuradas, solucionar la negativa de las ART a cubrir reagravaciones ni reparar la ausencia de prevención y seguridad laboral que eran algunas de las causas más relevantes a la hora de iniciar acciones legales. Los cambios taponan la posibilidad de iniciar juicios por accidentes. O sea, atacaron la consecuencia de las mezquindades del sistema reponiendo una instancia médico administrativa obligatoria creada por la reforma de mediados de los 90 que, tras ser declarada inconstitucional en distintos fallos desde 2004, pasó a ser una instancia voluntaria. 

Las comisiones médicas son las responsables de determinar si se trata de una dolencia laboral, el grado de incapacidad y el monto de la reparación. Recién cuando finaliza ese recorrido los asalariados disconformes pueden iniciar un reclamo judicial pero las nuevas reglas inducen a la firma de acuerdos. La SRT destaca que la cantidad de comisiones médicas creció 30 por ciento desde el recambio presidencial aunque, según advierte, el proceso se aceleró en 2017. “Con la nueva ley el trabajador no sólo debe iniciar la instancia previa obligatoria y excluyente de la vía administrativa, sino también que si apela a la justicia no cobra, lo que en la práctica vulnera sus derechos porque se encuentra en estado de necesidad e indefensión”, explicó a este diario el abogado laboralista Gastón Valente, miembro del Espacio Intersindical, Salud Trabajo y Participación de los Trabajadores.

“Antes esto no sucedía, porque las ART estaban obligadas igual al pago de la prestación y, cuando no era correctamente liquidada, el trabajador siempre podía recurrir a la Justicia. Por eso, el servicio de conciliación no funcionó en instancia administrativa y fue derogado en 2014. Ahora, las ART consiguieron una ley hecha a medida. Pueden llegar a acuerdos con el trabajador, sin importar si se respetan sus derechos laborales y ello cierra todo tipo de reclamo judicial ulterior. Con la reforma se creó un nuevo campo de impunidad en el ordenamiento jurídico”, explicó el letrado que forma parte de los equipos legales de la CTA Provincia de Buenos Aires y el Suteba.

“La SRT se propone continuar con esta política de descentralización en el servicio abriendo otras nuevas comisiones médicas en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar que el 81 por ciento de los trabajadores que se accidente tendrá un servicio de atención médica a menos de 50 kilómetros de su domicilio o lugar de trabajo”, sostuvo el superintendente, Gustavo Morón, al visitar un camión-oficina emplazado en Ezeiza que durante algunos meses funcionará como comisión médica.

Uno de los argumentos que esgrimen los abogados laboralistas en contra de la reforma es que lesiona el derecho de acceso a la Justicia. “Muchos trabajadores que viven alejados de los principales centros urbanos deben recorrer cientos de kilómetros hasta la comisión más cercada, cuando podrían recurrir al juzgados en su ciudad de residencia”, advierte Valente. Cuando un trabajador de la construcción que vive en Dolores se accidentaba podía recurrir directamente al tribunal de trabajo de su ciudad. Desde que la provincia adhirió a la nueva ley tiene que desplazarse 268 kilómetros a la comisión médica de Mar del Plata para que médicos determinen si se trata de una dolencia laboral. Si el individuo no está de acuerdo con la resolución deberá apelar al tribunal de trabajo marplatense o ante la Comisión Médica Central porteña que se encuentra a 218 kilómetros.

“El sistema de comisiones médicas no otorga las garantías del debido proceso, ni de la tutela judicial efectiva y continua que es un derecho humano básico. Quienes integran las comisiones no son imparciales, no tienen estabilidad y no aplican los principios del derecho del trabajo. En muchos casos son médicos que resuelven cuestiones jurídicas, sus sueldos son en gran parte solventados por una de las partes en conflicto, las ART. Además dependen absolutamente del superintendente que por 'necesidad y urgencia' puede derivar la sustanciación de trámites desde una comisión médica a otra si, por ejemplo, un dictamen no es del agrado del organismo”, indica Valente al señalar que el escenario bonaerense se replica alrededor del país. En Santa Cruz, donde como en la mayoría de las provincias sólo hay una comisión, un trabajador que se accidenta en Pico Truncado debe recorrer 687 kilómetros para viajar hasta la dependencia en Río Gallegos cuando antes contaba con un juzgado con competencia laboral en su ciudad. En Chubut, donde funcionan dos comisiones médicas, un trabajador que se accidenta en Esquel debe recorrer 576 kilómetros hasta Comodoro Rivadavia mientras que antes de la reforma disponía de un juzgado con competencia laboral en su ciudad.