“El Gobierno genera en las fuerzas de seguridad la ilusión de que su reconocimiento va a llegar a través de acciones ilegales”, afirma la especialista en formación militar Sabina Frederic, quien en diálogo con PáginaI12 analizó el efecto que el respaldo del Poder Ejecutivo al policía Luis Chocobar –procesado por asesinar de un disparo por la espalda a un delincuente– tiene sobre los uniformados, y su reflejo en distintos hechos ocurridos desde entonces, como el tiroteo en Tribunales y la muerte del cadete torturado en la Escuela de la Policía de La Rioja. Frederic es doctora en Antropología Social, investigadora del Conicet y profesora en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también dirige el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. Entre 2009 y 2011 fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa.
–¿Cómo influye en las fuerzas de seguridad el respaldo político del Gobierno al accionar del policía Luis Chocobar?
–Es un cambio y un movimiento muy peligroso, arriesgado e irresponsable. Primero, porque es un respaldo a conductas ilegales, que no están sostenidas ni siquiera en las legislaciones más punitivistas del mundo. Hasta la pena de muerte se produce luego de un proceso judicial. Pero, además, porque influye en un elemento que es simbólico, que es dónde buscan los policías el honor. Cuando la conducción les señala que el camino del reconocimiento son conductas como la de Chocobar, empiezan a moverse así, porque lo necesitan, como cualquier persona, pero, además, porque muchos de ellos son bastante sensibles al reconocimiento público y social, ya que tienen muchas carencias por otro lado. Muchos son jóvenes que están tratando de salir de situaciones de extrema vulnerabilidad social. Este respaldo alienta a quienes dentro de las fuerzas son más fácilmente llevados a una actitud violenta. Creo que algunos episodios lo muestran: el tiroteo en pleno centro, el abuso de los instructores en La Rioja, todo ocurre con muy pocos días de diferencia.
–¿Qué consecuencias produce en las fuerzas la contradicción de recibir, por un lado, el apoyo del Gobierno y, por otro, acusaciones en la Justicia y cuestionamientos de parte de la sociedad?
–Genera costos personales, como problemas de stress o accidentes. Hace que vivan una serie de conflictos muy complicados y que sean así agentes con un margen de vulnerabilidad muy grande. Eso produce que a la hora de actuar estén muy atravesados por esas contradicciones, lo que hace todo aún más peligroso. Creo que los funcionarios de este gobierno no miden las consecuencias de lo que dicen, solamente las encuestas. Esta sobreactuación de respaldo a las fuerzas es falsa, lo único que hace es generar mayor maltrato interno y mayor riesgo para las fuerzas y para la sociedad en general.
–Desde el oficialismo afirman que había una falta de reconocimiento a las fuerzas de seguridad por parte del gobierno anterior, ¿coincide en esa lectura?
–Sí, faltó reconocimiento gubernamental. Hubo una tensión fuerte entre la conducción y las fuerzas de seguridad y armadas que no pudo resolverse. Claro que no es totalmente uniforme, hoy en día encontrás militares que reconocen que la gestión de Nilda Garré fue la mejor que tuvieron. La policía y la gendarmería sintieron que el gobierno anterior no confiaba en ellos, había como un presupuesto de desconfianza. Entonces, había que demostrar que no se era culpable. Eso no terminó de procesarse y este gobierno viene a hacer todo lo contrario, pero por caminos que no son mejores que los de la anterior gestión.
–¿Cómo interpreta lo que sucedió con Emanuel Garay, el cadete fallecido en la Escuela de Policía de La Rioja por las condiciones extremas a las que fue expuesto durante el primer día de instrucción?
–Es muy difícil probar que hay una relación directa, pero la verdad que es mucha casualidad que se produzca a tan pocos días de la defensa de Chocobar. Hubo un episodio en febrero de 2007, en la escuela de cadetes de la Policía Federal, donde quedaron varios cadetes internados. A partir de eso, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ordenó que toda actividad de instrucción fuera supervisada por profesores de educación física, al menos en el ámbito federal. Desde entonces, ese tipo de abuso por parte de instructores es mucho más excepcional y, de hecho, en 11 años no ocurrió. Ahora sucede y con un daño mucho mayor que en 2007, cuando no murió nadie. Es grave.
–La ministra Bullrich estuvo el jueves en la academia del FBI en Estados Unidos y anunció un acuerdo de cooperación con esa agencia para capacitar a los uniformados de la Policía Federal. ¿Cuál es su opinión?
–De entrada no rechazaría la idea de tomar cosas del FBI que nos puedan servir. El tema es qué se toma y cómo se aplica, y la verdad que no tengo mucha confianza en cómo está llevando las cosas el Gobierno en ese sentido. La cuestión a veces es cuando se compra un modelo, lo que también significa hacer negocios. Seguramente Estados Unidos nos va a vender cursos y equipos.
–¿El cambio de doctrina policial anunciado por el Gobierno se corresponde ahora con un cambio en la formación de las fuerzas?
–No. La formación no cambió mucho con el cambio de gestión. En algunos casos mejoró. Por ejemplo, ahora los gendarmes que ingresan tienen que hacer un curso más largo que antes. Pero los principios son los mismos. El tema es que la formación es importante, pero no garantiza la actuación policial. La formación está muy internalizada en la mayoría, lo vimos en nuestro trabajo de campo: creen en la importancia de hacer un uso profesional de la fuerza y de velar por las garantías del prójimo, pero las señales del gobierno actual entran en ese territorio. Hay muchas personas que están en contra de seguir esa línea oficial, los policías o gendarmes no son autómatas.
Entrevista: Inés Fornassero.