El Gobierno, que había avanzado en dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad hasta que lo frenó un fallo judicial, vuelve a la carga. En este caso, se conoció un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad que ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones. Según señaló una fuente de la Agencia al portal Nuestras Voces, el criterio para frenar las pensiones a niños y niñas con discapacidad es que “no tienen incapacidad laboral”. El mismo instructivo pone mayores condiciones para personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson, entre otros. También van a revisar sus bienes. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarán si cobrar sus pensiones que ya estaban por ser otorgadas a unas 20 mil personas.

El documento interno no lleva firma ni membrete. Simplemente, señala que comienza una “revisión de expedientes en resoluciones”. El texto comenzó a circular el 25 de enero entre los trabajadores de la Agencia. Los instruía a tomar medidas sobre los expedientes en tránsito para otorgar pensiones. 

Les ordena que las liquidaciones a los menores deberán separarse y elaborar un listado de todos los menores de edad. Una fuente interna señaló a los periodistas de sitio web que “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, lo que implica que aquellos que iniciaron el trámite no recibirán en lo inmediato las pensiones. Según señaló esa fuente, es porque como son niños “no tienen incapacidad laboral”.

En el resto de los casos, sostuvo que se debían volver a revisar los expedientes por parte del equipo médico de la Agencia. Ordena enviar “a la oficina 32” (de la sede en Hipólito Yrigoyen 1447) un total de 20 mil expedientes, que deberán ser revisados por un plantel de cinco médicos. El resultado es previsible: la demora de la entrega de las pensiones. 

En el documento revelado por el portal también se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte. En el documento se indica que se van a revisar estas personas en base al “equipo Sintys”, que es Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Esto implica que van a ver si tienen bienes y los pueden excluir.

La Agencia Nacional de Discapacidad es presidida por Javier Ureta Sáenz Peña y depende de la Secretaría General de la Presidencia. PáginaI12 intentó comunicarse con él para obtener precisiones sobre la medida, pero en su entorno sostuvieron que no las tenían, por lo menos, hasta ayer. 

La medida llega once mese después de que el Ministerio de Desa- rrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara dar de baja las pensiones de 170 personas. La funcionaria anunció que iba a revisar la medida, pero en los hechos muchas personas siguieron sin volver a cobrar las pensiones. Es por eso que la abogada de Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Varina Suleiman, presentó un amparo y ganó en todas las instancias. Curiosamente, el Gobierno, que había dicho que daba marcha atrás con la medida, apeló en cada caso en el que se ordenaba restituir las pensiones. No le fue bien: la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.

No obstante, parecería ser que se siguen buscando vías para recortar las pensiones a las personas con discapacidad. El instructivo interno sostiene que pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania) y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD. En los hechos, esto pone un freno a que se otorguen 20 mil pensiones, que desde hace un año están esperando para ser otorgadas. El retraso para estas personas podría ser de tres años más. 

El secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, señaló que el Gobierno “va a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito” y alertó que con esa actitud viola la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad. Por su parte, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, indicó a este diario que “cualquier definición que implique disminuir cualquier tipo de rubros para niños y niñas va en contra, en términos de derecho humanitario, de la lógica de no regresividad. Si se conquistó un estándar mínimo para los chicos, no puede ser reducido”. 

“Tengo mis dudas de que esta Agencia tenga la competencia administrativa para determinar esto en materia de niños, más allá de que sea el órgano ejecutor. Es una decisión evidentemente política y que afectaría en derecho superior del niño”, indicó Moreno, quien destacó que no hay un acto jurídico oficial por el que se tome esa decisión. “Se afectaría también el sistema de seguridad social de los niños. Y esto puede ser tachado eventualmente de inconstitucionalidad”, advirtió el asesor tutelar. “Los chicos tienen una doble vulnerabilidad: la que le reconoce el Estado por ser niños y la propia de su discapacidad. Las dos están reconocidas en la Constitución nacional”, advirtió.

Por su parte, la asesora tutelar Mabel López Oliva detalló que “las pensiones son parte de los sistemas de seguridad social para proteger a grupos vulnerables. Para los Estados, por los tratados internacionales, son grupos prioritarios. Cualquier intención de acotar o de achicar algo que ya está regulado, que es quien tiene o no tiene derecho, tiene que pasar un test de razonabilidad. Tiene que haber un escrutinio muy rigoroso que implique que esta política no esté yendo para atrás en algún derecho de una población vulnerable. Además, como Estado, se debería demostrar que es una medida que se toma al haber agotado otras medidas. Las pensiones son lo último que se puede recortar”. “Todas estas personas no tienen vínculo con el mundo laboral, porque son niños y no lo deben tener”, advirtió la especialista en niñez.

En tanto, la abogada Suleiman, de REDI, señaló “el criterio de invalidez laboral es inconstitucional. Lo primero que debería hacer el Gobierno es presentar un proyecto para reformar ese decreto de 1997 y armonizarlo con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. La protección para personas con discapacidad no puede estar unida al criterio de invalidez laboral. Es el mismo argumento que dimos en el amparo con las pensiones”. “El Pacto de San José de Costa Rica les da protección a las personas con discapacidad. Y el Gobierno no puede utilizar otro criterio. Hay que ser cuidadosos, porque las personas con discapacidad tiene derecho a una vida autónoma”, concluyó.