Contrariamente a lo que se cree, seis de cada diez personas están interesadas en política, es decir que les prestan atención a lo que se está debatiendo, a las noticias que tienen que ver con el manejo del país, los procesos electorales y lo que pasa en la Casa Rosada y en la oposición. Una proporción similar –seis de cada diez personas– considera que el Estado es el actor fundamental para el desarrollo de un país y para combatir la pobreza. Los datos provienen de una gigantesca encuesta sobre ciudadanía y valores ciudadanos que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, un área que mezcla todas las clases sociales y que –según los sociólogos– en el aspecto político es bastante representativa del total del país. Cuando se evalúa qué es para el ciudadano un país mejor, las opiniones están divididas: algunos hablan de justicia, otros de igualdad y, en un tercer lugar más distante, de orden. Por ahora, no se ha perdido para nada el ideal igualitario ni ha crecido la idea de que hay todo en manos del mercado o las empresas. 

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), un consorcio en el que participan la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y la Universidad Nacional de Hurlingham. La muestra fue inusualmente grande, 9000 casos en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 distritos del Gran Buenos Aires. El trabajo se realizó en colaboración con la consultora Opina Argentina, que lideran Facundo Nejamkis y Andrés Gilio. Los sociólogos sostienen que en materia de seguridad, CABA y el Gran Buenos Aires tienen una problemática propia, específica, pero en materia de opiniones políticas, representan bien a la totalidad del país. “Pese al cambio radical de modelo producido hace dos años –señala Matías Barroetaveña, quien dirige el CEM– ,la ciudadanía mantiene la visión Estado-céntrica post 2001. Es el Estado, y no el mercado, el depositario de las expectativas de mejora de la situación económica y social”.

Política

En general, se ha sostenido que la política les importa a pocos: sólo una pequeña minoría casi especializada. La encuesta del CEM, sin embargo, exhibe lo contrario. No sólo el 62 por ciento de los consultados en el área metropolitana dijeron estar interesados en política, sino que la gran mayoría de ese 62 por ciento (el 40 por ciento) afirmó que está muy interesado. También, en contra de lo que se cree, el sondeo demuestra que los jóvenes son los más interesados: en esa franja, el 67 por ciento de los que tienen entre 19 y 29 años afirman que siguen las cuestiones políticas. Entre los mayores de 60, los interesados bajan a menos del 60 por ciento. 

En la otra punta llama la atención que sólo el 10 por ciento dice que no está nada interesado en la política. Es una proporción muy baja, al punto que no es irrazonable evaluar a la Argentina como uno de los países más politizados. Tal vez explique la diferencia, por ejemplo, con lo que se vió en Brasil, con una presidenta destituida sin pruebas y yéndose de la casa de gobierno con escasa movilización. 

Estado

La retórica de que el mercado arregla todo, el concepto de la mano invisible y que hay que reducir el Estado como sea, no tiene gran penetración en la sociedad argentina. El trabajo del CEM y Opina Argentina demuestra que más del 60 por ciento de los consultados afirman que el Estado es el actor más importante para desarrollar un país y para reducir la pobreza. Cuando a la gente se le pregunta quién tiene el papel principal para reducir la pobreza, casi el 64 por ciento contesta que es el Estado, frente a un 16 por ciento que señala a las empresas y porcentajes muchísimo menores para la iglesia y las organizaciones no-gubernamentales (ONG). Esto permite ver que no se espera nada de los empresarios y, aunque se pueden apreciar las obras de solidaridad de la iglesia y las ONG, el concepto central es que sólo el Estado y la política pueden equilibrar aunque sea en parte los desequilibrios entre ricos y pobres. 

Lo llamativo es que también una sólida mayoría del 62 por ciento considera que el Estado es el motor del desarrollo de un país, triplicando al 20 por ciento que afirma que la clave está en la iniciativa privada. Es probable que esas opiniones tengan que ver con la “lluvia de inversiones que nunca llegaron” y también con los servicios privados deficientes. Desde otro ángulo, hay una especie de orgullo tradicional por algunas de las empresas emblemáticas del país: YPF, Aerolíneas, en los últimos tiempos la venta del reactor nuclear del Invap o los satélites Arsat. Nuevamente impacta que sean los jóvenes quienes tienen una visión más férrea sobre el papel del Estado en el desarrollo y en la lucha contra la pobreza: mientras el 71 por ciento de los que tienen entre 19 y 29 años reafirman el rol estatal, entre los mayores de 50 ese porcentaje baja al 52 por ciento. 

Finalmente, se le preguntó a los 9000 encuestados qué es lo que entienden por un país mejor, un país con más desarrollo y con mayor bienestar de la sociedad. Las prioridades señaladas por los consultados empiezan con la justicia (37 por ciento), igualdad (29 por ciento), orden (21 por ciento) y libertad (ocho por ciento). Esto indica que se empieza por valores que tienen que ver una mirada social, igualitaria, de distribución de la riqueza. 

El CEM decidió indagar un poco más sobre ese 21 por ciento que habla de orden y le preguntó a los encuestados qué es lo que entienden por orden. Una parte minoritaria habló de seguridad y hasta de represión, pero cómo se ha visto tradicionalmente en la Argentina hay una franja –alrededor del 15 por ciento– que suele tener posturas autoritarias. El CEM detecta esa franja entre los que piden orden.

Más allá de la franja autoritaria minoritaria lo cierto es que los dos años de mensaje privatista, anti-estatal, de insistencia en que hay que achicar el Estado, en la población metropolitana la presión político-mediática entró poco hasta ahora. El ciudadano común no quiere quedar en manos de las empresas y el mercado, sino que sigue viendo al Estado como el instrumento para encabezar transformaciones.