El presidente sudafricano, Jacob  Zuma, renunció ayer a su cargo, acatando así la petición de dimisión de su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA). El ex mandatario se encuentra envuelto en numerosos casos de corrupción y ayer la policía arrestó a miembros de una familia de empresarios por uno de los casos más resonantes que salpica al presidente. 

Pese a manifestarse en desacuerdo, Zuma, de 75 años, comunicó su decisión final en un discurso transmitido por televisión. Aseguró que no entiende por qué su partido pidió su renuncia inmediata el martes, pero que se pliega a la voluntad de la organización. “El CNA no se debe dividir en mi nombre”, dijo. “Serví al pueblo sudafricano lo mejor que pude”, afirmó, y agregó que para él fue un honor. Anteriormente, había dicho que nadie le había dado una explicación sobre lo que se suponía que había hecho, por lo que la petición de dimisión le parecía injusta. Sin embargo, había estado dispuesto a aceptar el resultado de la moción de censura que el CNA había convocado para hoy y que sería votada por el Parlamento. Con la decisión de Zuma, ello no fue necesario y dio por terminado así su segundo mandato. 

La presidencia de Zuma se ha visto ensombrecida por las acusaciones de que garantizó acuerdos comerciales a una familia de empresarios, los hermanos Gupta, y haberles permitido tener influencia en la política, desde el nombramiento de ministros y directores de empresas estatales .Recientemente, la familia fue criticada cuando una de sus compañías asumió la gestión de una granja lechera que poco después recibió del departamento provincial de agricultura un pago de 34 millones de rand (2,85 millones de dólares). Un alto tribunal ordenó en enero la congelación de todos los activos relacionados con la granja. 

Ayer, la policía sudafricana detuvo a uno de los miembros de la poderosa familia de empresarios de origen indio, protagonistas junto al mandatario de una de las investigaciones por supuesta corrupción en el Gobierno más sonadas en el país. Según informó la televisión pública sudafricana, efectivos del directorio de investigación criminal prioritaria registraron uno de los complejos de los Gupta en el norte de Johannesburgo y, además de incautar documentación y otros materiales, realizaron dos detenciones: la de uno de los Gupta (cuya identidad no se ha dado a conocer) y la de un asesor. 

Junto al presidente Zuma, los Gupta son los protagonistas de la investigación conocida como “Captura del Estado”. El nombre hace referencia a un informe publicado en 2016 por la entonces defensora del Pueblo sudafricana, Thuli Madonsela, en el que se acusaba al presidente y a varios altos cargos de ilegalidades en la concesión de contratos públicos millonarios. Madonsela argumentaba que los hermanos Gupta, con intereses en sectores diversos como la minería, el transporte o la comunicación, tenían prácticamente bajo su poder el aparato del Estado. El informe incluyó a testimonios y diversas pruebas, como una declaración del ex viceministro de Finanzas Mcebisi Jonas sobre cómo uno de los tres hermanos Gupta le ofreció, en presencia de Zuma, ser titular de la cartera de Finanzas poco antes del cese de su entonces responsable, Nhlanhla Nene. El caso causó un fuerte impacto en la opinión pública y Zuma no pudo hacer nada para impedir que la Justicia ordenara en diciembre al Gobierno establecer una comisión de investigación.  

Estas acusaciones se cuentan entre las que más han dañado la reputación del presidente, pero no son las únicas. Contra él pesan actualmente 800 causas, también por corrupción, relativos a contratos de armas de finales de los noventa, dentro de una causa que podría costarle un procesamiento judicial en breve. Otro caso célebre es el que en 2016 obligó a Zuma a devolver medio millón de euros de fondos públicos que se gastó de forma ilegal en la reforma de su residencia privada. 

La imagen de corrupción e ineficiencia de Zuma se convirtió en un problema creciente para su propio partido, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) que gobierna en Sudáfrica desde el fin del apartheid, hasta el punto de que sus propios compañeros, liderados por su vicepresidente, Cyril Ramaphosa, le exigieron el martes la dimisión. 

“Aquellos que son corruptos, que roban a los pobres, serán llevados ante la Justicia”, aseguró públicamente Ramaphosa el pasado domingo, lo que se leyó como una referencia directa a las negociaciones que ha estado manteniendo en privado con el jefe de Estado. Ramaphosa, que es también el líder del partido, asumirá mañana como nuevo presidente de Sudáfrica.