Uno de los rasgos más ostensibles de la erosión de la división de poderes es la instrumentalización creciente y constante del Poder Judicial para cometidos políticos. Entender que hechos criminales (homicidios presentados como legítima defensa, asesinatos presentados como “muertes” en el marco de un “operativo” en terrenos indígenas) deben ser “premiados” es hacer una apología del crimen. Sin embargo, si el Presidente lo hace, está bien y se celebra como parte de una “doctrina” novedosa. Si una persona se expresa libremente en los medios, arguyendo un diagnóstico crítico libre sobre Argentina y la región, se la criminaliza. Criminalizar la libertad de expresión política (a la vez que se celebra desde el Estado nacional la represión seguida de muertes) es parte de un fenómeno más amplio: la criminalización y represión de la protesta. Detrás de la crítica a Raúl Zaffaroni, se esconde, naturalmente, la crítica constante al garantismo como doctrina constitucional y penal. Esa doctrina es, sin embargo, un pilar central del Estado constitucional de Derecho. Se arguye que una persona con pensamiento propio pierde, automáticamente, imparcialidad para desempeñar su rol como juez del sistema interamericano. Esto parte de un presupuesto equivocado: que los jueces son u operan como máquinas sin intereses, deseos, posiciones, impresiones, visiones políticas. Los jueces no son máquinas: son personas, seres humanos. Como tales, tienen posturas ideológicas, filosóficas y políticas, principios, valores, deseos, temores, ambiciones, compromisos. Mucho más grave que expresarlas libremente, es callarlos y luego instrumentalizar la estructura de un poder del Estado (presuntamente neutral e independiente) con fines políticos soterrados. Es mucho más común (y mucho mas riesgoso) lo segundo que lo primero. Zaffaroni hace un llamamiento para evitar todo tipo de violencia. Y se lo acusa, paradójicamente, de hacer apología del crimen. Zaffaroni advierte contra los crímenes cometidos en toda la región por parte de las fuerzas de seguridad, y sin embargo, se lo acusa a él (que advierte contra estos crímenes, contra este genocidio por goteo) de hacer apología del crimen. Pareciera que es exactamente al revés: que se quiere matar al mensajero, para no escuchar el mensaje. Casi toda la primera línea del gobierno argentino, a la vez que promueve la violencia contra los sectores más marginales de la sociedad, oculta sus propios crímenes de cuello blanco, crímenes que están, sin embargo, muy vinculados al subdesarrollo y el atraso en que emergen los primeros. El reduccionismo mediático hace que veamos como “peligrosidad” sólo a la criminalidad tosca cometida por sectores marginales. Sin embargo, en términos de desarrollo, es mucho más “riesgoso” y “peligroso” lo primero. No lo segundo. Salir de esta inversión primera es esencial para evitar otra inversión extendida: la crítica a los jueces “garantistas” (enemigos de la República, “cómplices” de la criminalidad), que son quienes, de modo independiente, respetan más la constitución que quienes se oponen a las garantías. Sin embargo, los garantistas son presentados, inversamente, como “poco independientes”, como jueces “ideologizados”, cuando es, como advierte Luigi Ferrajoli, exactamente al revés. El garantismo, en suma, tiene como metodología el positivismo estricto: el pleno respeto de la legalidad. Las garantías no demandan interpretación alguna: son el texto escrito. El derecho positivo. Alejarse de ello (ser no garantista) es incumplir el mandato básico de nuestra ley primera. Ser un juez “poco independiente” (ser un juez “ideologizado” o “politizado” es ser un juez poco “garantista”). Es decir: arbitrariedad. Y la arbitrariedad es la principal enemiga del Estado de Derecho. Por eso, quienes se alejan del “garantismo” (positivista) se autodenominan “neo” constitucionalistas, no positivistas. Se alejan del texto (positivo) de la constitución. Conclusión: los jueces más “ideologizados”, los jueces “más politizados”, los más arbitrarios, los que más se alejan del principio de legalidad, son los no garantistas. Sin embargo, en los medios masivos de comunicación se ha extendido peligrosamente como nuevo lugar común, exactamente lo contrario, la idea inversa. En este contexto crítico (no positivista, no constitucionalista, y no garantista) es que emergen, como dice Bullrich, las “nuevas doctrinas”. La crítica a Zaffaroni, en este contexto regional, en que algunos sectores proponen restablecer penas más duras (incluso la pena de muerte, dando carta blanca a las fuerzas de seguridad), no es un accidente. No parece coherente, sin embargo, acusar a Zaffaroni de hacer apología de los crímenes que él mismo, desde hace décadas, en la doctrina y como juez, viene advirtiendo y buscando prevenir. Pareciera, por el contrario, que se quiere criminalizar a quien más lúcidamente advierte, desde la doctrina, las formas sutiles, y marketineras, constantes (anti-garantistas) de esa apología.
* UBA-Conicet.
