Lejos de dar las explicaciones que le reclamó por escrito la diputada Elisa Carrió, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que no le preocupa “demasiado” la opinión de la líder de la Coalición Cívica y aliada del oficialismo, quien lo acusa de proteger –junto al operador macrista Daniel Angelici– a los ex fiscales imputados por encubrir el atentado a la AMIA. El mismo ministro que un día antes del alegato en la causa por el encubrimiento del atentado revocó el poder del abogado que iba a pedir penas de prisión para José Barbaccia y Eamon Mullen, ordenando que lo reemplazara un íntimo de Angelici –quien en los hechos los defendió– se esforzó ayer por tomar distancia de esa decisión: afirmar que “el Gobierno no tomó ninguna posición”, como si la Unidad Especial de Investigación AMIA no dependiera de su ministerio.
La semana pasada Carrió acusó a Garavano y Angelici de manipular la causa AMIA para encubrir a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, para quienes los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron en diciembre ocho años de prisión como partícipes de los delitos de peculado, privación ilegal de la libertad y coacciones de los ex policías acusados y luego absueltos por el atentado. La referente de la CC-ARI, parte de la Alianza Cambiemos, se ocupó de aclarar que no tiene diálogo con el ministro, repudió los “condicionamientos y presiones” contra los abogados de la Unidad que en teoría conduce el radical Mario Cimadevilla, le pidió “explicaciones sobre su intempestiva decisión” y aseguró que no forma parte “ni del amiguismo ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”.
El comunicado de Carrió fue en respuesta a la decisión de Garavano de revocar el poder al abogado Enrique Ventos, que iba a acusar a los dos ex fiscales, y de reemplazarlo por José Console, secretario del tribunal de disciplina de Boca Juniors, el club presidido por Angelici, operador judicial del oficialismo. Console, a quien Memoria Activa denunció por hacer “un alegato en defensa de los imputados”, está inhabilitado además para ejercer la profesión y representar al Estado porque desde el año pasado fue designado en el Consejo de la Magistratura porteño. Además, la esposa del imputado Barbaccia, Silvina Rivarola O’Connor, forma parte del entorno íntimo del ministro como directora de coordinación y representante nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende de Garavano. Carrió había advertido sin dar nombres sobre “los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”.
“El Gobierno no tomó ninguna decisión”, trató de distanciarse ayer Garavano en una entrevista por Radio con Vos, y resaltó: “No conozco, no vi en mi vida (y) no designé” a Console, a quien en realidad ordenó designar según la notificación que su secretario de Justicia, Santiago Otamendi, envió a Cimadevilla el día anterior a la audiencia. “Lo que el Gobierno decidió es que los abogados que habían intervenido en el juicio, en la audiencia oral, porque ninguna persona más lo podría hacer, eran los que tenían que llevar adelante estos alegatos del modo que ellos lo entendieran”, sugirió. Ante la pregunta de si consideraba justo que Carrió pidiera su juicio político, Garavano respondió que “es un problema de la doctora Carrió” y “no es algo que me preocupe demasiado”.
