Sin hipótesis de conflicto militar conocidas e invocando “razones de seguridad y defensa nacional”, el gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto “secreto” sobre la compra de material bélico. El sigilo implica que el Poder Ejecutivo no informará qué armamento adquirió ni a quien lo compró y que no hubo licitación sino contratación directa por un costo desconocido. El único respaldo invocado por el presidente Mauricio Macri para justificar el oscurantismo no es una ley del Congreso sino otro decreto de Fernando de la Rúa cuatro meses antes de la crisis que eyectó a la anterior Alianza.
La noticia se conoce a nueve meses de la cumbre del G20, que concentrará en Buenos Aires a mandatarios de las principales potencias del mundo, y tras la gira por Estados Unidos de los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, que incluyó el anuncio del compromiso del gobierno de instalar en la provincia de Misiones una “fuerza de intervención” de la DEA, la agencia antinarcóticos norteamericana, en teoría para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
“Declárase secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente 6/2017 del Ministerio de Defensa de conformidad al requerimiento consolidado y efectuado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, señala el primer artículo del decreto 125/2018 que además de Macri y Aguad firma el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La compra deriva “del análisis del equipamiento existente” realizado por distintas áreas del Estado Mayor Conjunto que encabeza el teniente general Bari del Valle Sosa, se informa en los considerandos. “Resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura”, señala el decreto. La adquisición del material desconocido “renovará capacidades que se encuentran obsoletas y próximas a desprogramarse por su obsolescencia y la falta de munición, lo que impide disponer de la capacidad necesaria para satisfacer la prestación en acciones efectivas o de disuasión”, y constituye “el primer Sistema de Armas en adquirirse en forma conjunta por los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, coadyuvando a la optimización del sostén logístico, minimizando sus servidumbres, la formación de personal y adiestramiento operacional”, agrega.
La norma invocada para burlar la tan mentada transparencia de Cambiemos es el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que estableció el gobierno De la Rúa por medio de un decreto de agosto de 2001, que a su vez fue posible gracias a la delegación legislativa que consiguió el ministro Domingo Cavallo en base a la “emergencia económica”. La letra chica de ese decreto, al enumerar las excepciones que permiten la contratación directa, incluye el caso en el cual el Ejecutivo “haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable” (decreto 1023/01, artículo 25, inciso D, apartado 6). Con la simple declaración del presidente, el organismo contratante (en este caso el Ministerio de Defensa) quedaría “exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”, escribieron Macri, Peña y Aguad para justificar su decisión.
