El Tribunal Oral Federal 2, que está a cargo del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, intimó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia y a su Unidad especializada para que informen sobre las posibles incompatibilidades del abogado José Console, quien ejerce la querella en nombre del Gobierno, pero que en paralelo es secretario letrado en el Consejo porteño. La información fue exigida bajo apercibimiento ya que ninguno de los órganos cumplió con el plazo de 24 horas que los jueces impusieron el viernes último. Console quedó a cargo de alegar en el juicio hace dos semanas, cuando el ministro Germán Garavano desplazó de ese papel a su antecesor, Enrique Ventos. Ayer terminó de hacer su acusación y pidió algunas penas más bajas que la fiscalía, además de la anunciada absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Si se confirma la inhabilitación del abogado, el tribunal dijo que podrá ser anulado el alegato.

Apenas terminó la feria judicial, en el juicio por encubrimiento del caso AMIA le tocaba alegar a la querella del Ministerio de Justicia, que debe cumplir el compromiso estatal frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el esclarecimiento del atentado y su encubrimiento. Según había informado el equipo jurídico a la fiscalía (UFI AMIA), el Gobierno pediría las mismas penas que ésta. Sobre la hora, y frente a ese panorama, el ministro Garavano ordenó desplazar al abogado Ventos, quien haría el alegato, y reemplazarlo por Console, quien planteó una acusación suavizada y promovió la absolución de Mullen y Barbaccia, acusados de tener un papel central en el pago a Carlos Telleldín de 400 mil dólares para generar un relato falso e imputar a un grupo de policías bonaerenses (lo que motivó que el primer juicio terminara anulado). Los ex fiscales tienen una relación cercana con el ministro. 

A raíz de estos hechos, la abogada del Ministerio Mariana Stilman, que también se había retirado del juicio en marzo pasado porque le indicaban que no fuera activa en las audiencias, renunció directamente a la Unidad. Stilman es muy cercana a Elisa Carrió, quien a través de un comunicado de la Coalición Cívica en medio del revuelo se diferenció del Gobierno al decir: “no formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo ni de encubrimiento judicial alguno”. Garavano defendió a Console y su alegato. Pero se preocupó en llamar a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Marcela Basterra, una abogada afín al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, antes de que respondiera el pedido de tribunal oral, según cuentan en despachos de ese organismo. Allí se vivieron horas de alta tensión porque hubo integrantes que se resistían a respaldar un informe que negara la incompatibilidad.

La semana pasada, el abogado José Manuel Ubeira –de la querella de los policías que estuvieron presos por la acusación falsa de Telleldín– le pidió al TOF2, ante numerosos trascendidos, que esclareciera cuál es la situación del abogado Console. Según la documentación a la que accedió PáginaI12, en el Consejo de la Magistratura porteño fue nombrado a partir del 2 de mayo de 2017 como “secretario letrado en la planta Gabinete Unidad Consejero de Silvia Lorelay Bianco”. Bianco es representante de la Legislatura por Cambiemos en el Consejo (órgano que elige y sanciona jueces) y fue la reemplazante de Enzo Pagani cuando falleció. Es pareja del jefe de asuntos jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, ligado al operador y presidente de Boca Daniel Angelici. Console, además, es el secretario del tribunal de disciplina del club xeneixe. Según la resolución 170/2014 del Poder Judicial de la Ciudad, los secretarios letrados como Console son considerados funcionarios y tienen entre las incompatibilidades previstas la del ejercicio profesional y la de desempeñar cualquier otro “cargo, empleo o ejercicio profesional remunerado, público”. Los funcionarios son equiparables a jueces ya que la misma resolución señala que les caben las mismas incompatibilidades, también establecidas en la Ley 7 (Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad).

Por ahora el Consejo porteño no le respondió al TOF2 sobre esa circunstancia. También espera informes del Ministerio de Justicia y de la unidad AMIA que dirige Mario Cimadevilla sobre los detalles de su designación. Los jueces anunciaron que la validez del alegato queda supeditada a la validez del nombramiento de Console. El abogado de Mullen y Barbaccia intentó ayer que se suspendiera la audiencia, que beneficia a sus clientes, para evitar planteos de nulidad. El tribunal rechazó el pedido para evitar demorar el juicio, que ya lleva dos años con audiencias una sola vez por semana. Así, Console hizo su alegato por el Ministerio de Justicia. Pidió: seis años de prisión para Carlos Menem y el ex titular de la ex Side Hugo Anzorreguy, 8 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano (la fiscalía había pedido 13). Para el subsecretario de Inteligencia, Juan Anchézar, y Carlos Castañeda (departamento del Protección del Orden Constitucional) pidió 4 años; 3 años para el ex agente Patricio Finnen; un año para Rubén Beraja, ex titular de la DAIA. A Telleldín casi lo equiparó con Galeano, y le pidió 7 años y a su abogado, Víctor Stinfale, y su ex pareja, Ana Boragni, un año y seis meses. Para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, absolución, lo mismo que para el ex comisario Jorge Fino Palacios.

“El alegato del escándalo, el de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que representa al Estado Argentino, terminó como lo anticipamos: con un intento de garantizar la impunidad. Ya desde el inicio del alegato de la querella con un texto desprolijo y con numerosos errores de todo tipo, el abogado que envió el ministro Germán Garavano, avisó que los amigos quedarían afuera, y así fue (en alusión a los ex fiscales)”, dice un comunicado difundido ayer por Memoria Activa. “El problema acá es la decisión política del ministro Garavano que da una orden con argumentos falaces para absolver a Mullen y Barbaccia”, subrayó el abogado Rodrigo Borda. Las querellas de familiares están en un estado de alerta y preocupación por el devenir de este juicio. La agrupación Apemia, por ejemplo, señaló días atrás un intento por debilitar y minimizar el juicio construyendo una “nueva historia oficial del encubrimiento del atentado”.