Hay mucho que analizar en la intervención militar decretada por Michel Temer en la provincia de Río de Janeiro. Teóricamente, se intervino solamente en lo que se refiere a seguridad pública, a raíz de la explosión de violencia. Sin embargo, hay mucho más.

 Para empezar, a lo largo de los últimos nueve años y medio las fuerzas armadas, en especial el ejército, intervinieron 12 veces en Río, especialmente en la capital. Pero lo hicieron siempre en situaciones puntuales, a pedidos del gobernador provincial de turno y siempre en conjunto con las fuerzas locales de seguridad. Los resultados han sido ínfimos, y las acciones dejaron, principalmente entre los moradores de las favelas, un sentimiento –justificado, a propósito– de violencia y humillación.  

 Ahora, es muy distinto: al nombrar un general –Walter Braga Netto– como interventor en todo lo que se refiere a la seguridad pública, el decreto de Temer deja bajo su control la policía civil (judicial e investigativa), la policía militar (vigilancia y actuación callejera), el sistema penitenciario, las inteligencias policiales y hasta el cuerpo de bomberos.

 Y más: Braga Netto no se reportará al gobernador Luis Fernando Pezão, pero directamente al ministro de Defensa, Raul Jungmann, y al general-jefe de seguridad nacional, Sergio Etchegoyen. El mismo y muy inepto, inoperante e incompetente gobernador provincial reconoció ayer que su carrera ‘termina aquí’. 

 El general Braga Netto podrá nombrar, cesar, alterar o lo que quiera en toda la estructura de personal de seguridad pública. Podrá, y ciertamente lo hará, determinar acciones de represión en los bastiones del narcotráfico, que controla prácticamente todas las más de mil favelas de la ciudad, además de implantar medidas en la provincia, también bastante afectada por la disputa de territorios entre distintos bandos de traficantes.

 La segunda más rica y poblada provincia brasileña, y principalmente su capital, especie de vidriera del país a los ojos del mundo, pasa a tener, concretamente, una intervención militar. Y hay un nuevo poder: el ejército controlará todo el cuerpo de seguridad de la provincia y además un gordo puñado de tropas militares, que realmente decidirá qué y cuándo hacer algo.  Es una medida inédita, de especial gravedad y que seguramente será de escasísima utilidad. Los soldados del ejército son entrenados para combatir enemigos, no para investigar y efectuar prisiones. Eso, para no mencionar que en su abrumadora mayoría desconocen no solo la ciudad de Río, como los callejones y vericuetos de los cerros controlados por pandillas muy bien armadas y que poco o nada tienen que perder. 

 Prácticamente en unísono, los más prestigiados y respetados estudiosos del tema de la seguridad pública en Río se manifestaron de manera contundente contra la iniciativa de Temer. El español Ignacio Cano, que desde hace décadas estudia el tema, fue sucinto: “Es otro paso más en la dirección de siempre. Sacraliza el mito de que la solución pasa por el ejército, y que la militarización es la salida”. Su colega de oficio, la socióloga brasileña Julita Lemgruber, coincide en la ineficacia de la intervención.  En un cuadro complejo como el de la política brasileña, con un gobierno nacional que además de ilegítimo es ineficaz, la situación de Río es especialmente grave. 

 Literalmente, la provincia está en quiebra. La mitad de los vehículos de la policía están parados por falta de mantenimiento. Los sueldos del sector están siendo pagados con un retraso medio de dos meses. Los chalecos antibalas están, en su mayoría, fuera del plazo de validad. Mientras, el armamento de los traficantes es de última generación y supera, en poder, el de las fuerzas de seguridad.

 Todo eso, sin embargo, no hace de Río un caso único en Brasil: la violencia y la inseguridad se extienden por muchas otras provincias, inclusive con un índice de terror mayor que el registrado aquí. 

 ¿Por qué, entonces, la intervención militar exclusiva? Para empezar, por la visibilidad y por la campaña incesante de los grandes medios de comunicación, otra vez con la TV Globo a la cabeza. Ahora mismo, durante el carnaval, la emisora mostró la alegría de la fiesta en todas las capitales del país, pero concentró en Río las imágenes de violencia. 

 Y, además, porque Temer calculó que, al adoptar una medida que agradará a las clases medias y tendrá impacto en los sectores más conservadores del país, podrá provocar algún aumento en su casi nula popularidad. Y, por fin, una razón concreta: mientras haya alguna intervención federal donde sea en el país, ninguna enmienda constitucional podrá ser aprobada en el Congreso. 

 En el fondo, de eso se trata: la tenebrosa reforma del sistema de jubilaciones y pensiones defendida a hierro y fuego por Temer y los dueños del capital no podrá ser votada en el Congreso. O, mejor dicho, no podrá ser derrotada como fatalmente ocurriría.

 Temer se libra de un tema impopular y busca darle algún brillo a su más que opaca figura. Lo que quizá no sepa es que en realidad puso las dos manos en el fuego. Y los que serán agredidos y humillados por su iniciativa no serán los traficantes, pero los moradores ya abandonados de las favelas. Que, a propósito, también son electores.