La jueza Elena Liberatori intimó ayer a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, para que el lunes presente a la Justicia el protocolo contra las tomas de los colegios que anunció el miércoles. La medida de la jueza responde a que cualquier propuesta sobre un instructivo para las tomas debe hacerse dentro del expediente abierto en septiembre del año pasado, cuando Liberatori anuló el protocolo que se aplicó en tres colegios tomados y que llegó a los directivos por medio de un correo electrónico oficial del ministerio, aunque Acuña nunca reconoció que hubiera salido de la cartera.
Tal como había indicado a PáginaI12 el asesor tutelar Gustavo Moreno cuando Acuña anunció el instructivo, “cualquier propuesta de protocolo por parte del Poder Ejecutivo local deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4, a cargo de la jueza Liberatori, ya que allí se tramitan los expedientes judiciales iniciados por la asesora tutelar Mabel López Oliva y por mí en representación de los alumnos, y por un grupo de padres representados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire, en relación a la causa que iniciamos cuando denunciamos el instructivo que criminalizó la protesta estudiantil durante el año pasado”, reiteró ayer Moreno.
Esto ocurrió en septiembre, cuando los directivos de las escuelas Julio Cortázar, la Normal 2 Mariano Acosta y la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, presentaron denuncias penales contra los estudiantes durante las tomas de septiembre, a partir de un instructivo que había llegado a las escuelas través del correo electrónico de la Dirección de Escuela Media, según Moreno, del mail del coordinador de las supervisiones, Gabriel Cruz. En ese momento, la jueza Liberatori había dado lugar al amparo presentado por los asesores tutelares que obligó al ministerio a dejar sin efecto el instructivo. Aun así, la ministra Acuña negó que el protocolo hubiera salido de la cartera.
La resolución emitida ayer por Liberatori ordenó a la ministra “llevar en el plazo de un día (que será el lunes) el protocolo o pautas de acción elaboradas para el caso de la toma de escuelas y el acto administrativo que las dispone”. Moreno apuntó que “los anuncios oficiales a través de los medios masivos de comunicación no se condicen con la institucionalidad ni la legalidad que la cuestión requiere, más aún cuando la postura actual de la ministra de emitir un protocolo se contradice con la contestación de la demanda en tales expedientes judiciales, donde los abogados del Poder Ejecutivo porteño manifestaron la innecesariedad de dictar un protocolo”. El asesor tutelar detalló que, en el marco de ese expediente, “habíamos solicitado como pretensión de fondo la sanción de un protocolo que asegure el derecho a ser oído de los estudiantes de manera colectiva, con estándares mínimos de seguridad y de no criminalización, y con respeto al derecho a la educación de los estudiantes”, lo cual había sido rechazado por el ministerio.
Moreno destacó que “la postura del ministerio se limita a la intervención en lo mediático, ya que no presentó su propuesta en sede judicial hasta el día de hoy (por ayer)”. Esta forma de proceder por parte de la cartera, según él, responde a la misma lógica desde que se inició el conflicto por la reforma Secundaria del Futuro: “Tratan de generar un impacto mediático, pero no brindan información pública suficiente y no impulsan mecanismos de participación de los centros de estudiantes, que están reconocidos legalmente, en la elaboración del protocolo, y sin advertir que independientemente de los efectos jurídicos que puedan derivarse para alumnos y para los padres en ocasión de cada ocupación, debe priorizarse la solución al nudo de conflicto”, afirmó.
El asesor tutelar recordó que a fines de noviembre la Justicia ya había fallado contra el ministerio, por la otra causa que él y la asesora tutelar López Oliva iniciaron contra la cartera por la falta de información pública sobre la reforma educativa. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado entonces al ministerio que brindara la información faltante sobre el proyecto y a que conformara una mesa de trabajo para discutir la reforma con toda la comunidad educativa. “Este fallo demostró que los reclamos de los estudiantes eran reales y que era el ministerio el que estaba en falta durante todo el conflicto”, aseguró Moreno. La primera mesa de trabajo se realizó en diciembre, mientras que la segunda, según lo dispuesto por la jueza Ceclilia Mólica Lourido, se llevará a cabo el jueves 22 de febrero. Moreno indicó que en esa audiencia la jueza “deberá decir si la información sobre la reforma es completa”.
Informe: Juan Funes.
