Un proyecto de ley propone bloquear la designación de funcionarios con patrimonios alojados en guaridas fiscales. La iniciativa 5867-D-2017 fue presentada en noviembre del año pasado con la firma de catorce legisladores del bloque del Frente para la Victoria pero no recibió tratamiento en ninguna de las dos comisiones a las que fue girada. Ante la proliferación de empresas y cuentas no declaradas en paraísos fiscales controladas por miembros del Poder Ejecutivo, los diputados opositores buscarán reimpulsar el tratamiento legislativo de la normativa redactada por el diputado neuquino Norman Darío Martínez cuando reinicie la actividad parlamentaria.

El proyecto no se limita a condenar las irregularidades asociadas a las empresas no declaradas en Islas Caimán del ministro Luis Caputo o la millonaria cuenta bancaria secreta en Andorra controlada por el subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan. El texto propone, además, prohibir al Estado contratar empresas con presencia en el mundo offshore. La magnitud de las maniobras realizadas por las grandes corporaciones a través de la red de servicios financieros offshore convierte a la Argentina en uno de los países con mayor pérdida de ingresos fiscales del mundo. La evasión asciende hasta el 4,4 por ciento del PIB. Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea son los únicos países del mundo donde el fenómeno alcanza o supera a la medida argentina. La fuga de capitales no solo redunda en menos recaudación sino que constituye una fuente de inestabilidad macroeconómica permanente al retacear fondos para la inversión y presionar sobre el sector externo.

“La presente ley tiene por objeto impedir que las personas físicas o jurídicas que tengan patrimonio en países sin convenio de reciprocidad con Argentina para proveer información impositiva, bancaria y patrimonial; puedan contratar, celebrar convenios, u obtener cualquier tipo de beneficio del Estado, o ser funcionario del mismo”, sostiene el primer artículo del proyecto elaborado por Martínez. Atento a la opacidad y secreto del mundo offshore que ofrece escenas de voyeurismo financiero con las megafiltraciones como Offshoreleaks, Swissleaks, Luxleaks, Bahamas Leaks, Panama Papers y Paradise Papers la iniciativa propone que “las personas designadas como funcionarios públicos o que ocupen cargos electivos en violación a lo previsto en la presente ley, perderán su condición de tales en forma automática en el momento de conocerse la violación descripta, siendo destituidos automáticamente”. La normativa propone la creación de un registro de guaridas fiscales. La reforma tributaria aprobada por el gobierno en diciembre incluyó la creación de una lista de jurisdicciones no cooperantes aunque el Ministerio de Hacienda todavía no lo reglamentó.

La única excepción es para los cargos de presidente y vice “a quienes se les iniciará juicio político, debiendo reintegrar al Estado el doble de los montos percibidos de este en cualquier concepto más las actualizaciones e intereses correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le quepa tanto a estas como al responsable de su designación”. La prohibición tendrá vigencia incluso si los activos offshore dejaron de pertenecer al patrimonio del funcionario dentro de los cinco años del momento de la designación. “Lo que ocurre en la actualidad es que las empresas y personas con grandes patrimonios abonan nulas o mínimas tasas impositivas gracias a que cuentan con los servicios de profesionales de cuantiosos honorarios, mientras que las pequeñas empresas y los asalariados no pueden evitar el pago de sus tributos”, advierte el proyecto al argumentar la necesidad de controlar los abusos corporativos en materia fiscal.

Que la iniciativa reciba tratamiento parlamentario y, más aun, una eventual aprobación es improbable pero los autores del proyecto enfatizan la necesidad de regular y sancionar las maniobras de ocultamiento, evasión y lavado canalizadas a través de la red global de guaridas fiscales que, según la ONG británica Tax Justice Network, encabezan Estados Unidos, Suiza e Islas Caimán. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker estimó que los actores económicos privados explican el 63 por ciento de los flujos financieros ilícitos mientras. El restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales. Las cifras son consistentes con los protagonistas locales del mundo offshore y la proliferación de estructuras en esas jurisdicciones a nombre de los principales funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Mauricio Macri, cada vez que tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado.

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@tomaslukin