Enero de 2014 fue un mes caliente en materia económica. El 22, la cotización del dólar aumentó 23 centavos, cerrando en 7,12 pesos para la venta. Era el mayor salto del valor de la moneda norteamericana en once años. Ese día, la Presidenta CFK anunció el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina (Progresar) destinado a jóvenes de 18 a 24 años que cumplieran determinadas condiciones (desempleados, trabajadores informales o que percibieran un salario inferior al mínimo vital y móvil) y continuaran con sus estudios o capacitación profesional. 

El lanzamiento del Progresar fue una contestación implícita a las presiones del “mercado”. En otras palabras, la Presidenta descartaba un ajuste ortodoxo vía reducción del gasto público. Así, el Programa se sumaba a un conjunto de instrumentos (Plan de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional Familias, el Programa Argentina Trabaja, el Plan de Abordaje Integral AHI, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Plan Nacional de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, y el programa Conectar Igualdad) articuladores de una extendida red de contención social.

En campaña electoral, Mauricio Macri prometió que “nadie va a perder lo que tiene”. El gobierno de la Alianza Cambiemos mantuvo el Progresar pero no actualizó el monto del beneficio. El importe original (600 pesos) había sido incrementado un 50 por ciento en abril de 2015. A partir de entonces, el haber permaneció congelado en 900 pesos. Eso determinó una licuación del poder adquisitivo, entre abril de 2015 y diciembre de 2017, cercana al 50 por ciento.

Ahora, el gobierno anunció una recomposición del monto. El aumento otorgado varía, en función a los diferentes tipos de becas, entre 38,9 y 48,2 por ciento. Más allá de eso, el relanzamiento del Programa implica un sustancial cambio de enfoque. El acceso deja de ser universal y las exigencias académicas son mayores, entre otras cuestiones. 

Los investigadores del Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) sostienen en El ajuste del Programa Progresar del Plan Universal a la Beca Individual que “el programa cambia drásticamente de ser un derecho con la finalidad de equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos a un programa meritocrático atado al rendimiento académico. Las becas Progresar son profundamente regresivas: es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de bajos hogares de bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica. El requisito de aprobación del 75 por ciento de las materias (a diferencia de las 2 materias anuales del programa Progresar), como también el establecimiento de montos diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural en favor de los alumnos pertenecientes a familias de clase media universitaria”.

Las nuevas reglas de juego provocarán una reducción del padrón de beneficiarios. Los investigadores del Cepa estiman un recorte cercano a las 380.000 becas. Los principales perjudicados del enfoque “meritocrático” serán los sectores más postergados. “El que corre en zapatillas y sobre el asfalto es más factible que llegue primero que el que corre descalzo y sobre el empedrado”, ilustra el Secretario general del sindicato docente UTE Eduardo López.

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@diegorubinzal