"Razones de coordinación de agendas de los funcionarios y autoridades convocados". Con este argumento, el ministerio de Justicia justificó la reprogramación del viaje de Germán Garavano a Bariloche, que estaba previsto para el 28 de febrero. Iba a participar de una actividad del Foro Patagónico de Superiores Tribunales, justo el mismo día que en esa ciudad comenzará el juicio de extradición a Chile de Facundo Jones Huala.
Fuentes gubernamentales dijeron que era una “coincidencia” el arribo del ministro de Justicia para la presentación de una base de datos de personas con pedido de captura, en el mismo momento en que en los tribunales de Bariloche se decide la suerte de Jones Huala, detenido desde el 27 de junio.
Así, el 4 de abril será la presentación del "sistema informático integrado, que permitirá acceder online a una base de datos oficial y actualizada con las órdenes de captura dictadas por todos los tribunales del sur del país", con la presencia de Garavano en la ciudad, cuando se supone que ya se habrá resuelto la situación del joven mapuche.
Chile reclama a Jones Huala por un incendio de 2013, en la Región de los Ríos, hecho por el cual dos sospechosos fueron juzgados y absueltos después de un año de proceso. Además, la justicia trasandina lo imputa por tenencia de armas y por violar la Ley de Extranjería. Jones Huala ya tuvo un juicio de extradición que fue declarado nulo, cosa que confirmó la Corte Suprema en agosto pasado.
La comunidad mapuche anunció su intención de acampar durante el proceso. El Movimiento Mapuche Autónomo del Pue Mapu iniciará una “jornada de acampe informativo y cultural” frente al Gimnasio que oficiará de tribunal. El grupo pide la “libertad y no extradición” de Jones Huala, al tiempo que reclama el fin de la “persecución, criminalización y encarcelamiento al pueblo mapuche”.
La ofensiva represiva contra los mapuches se intensificó desde el arresto de Jones Huala a fines de junio pasado. Poco más de un mes después, se produjo el operativo de la Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado, de cuyo destino nada se supo durante más de dos meses hasta que su cuerpo apareció en el río Chubut. El 25 de noviembre pasado, mientras Maldonado era despedido por sus familiares y amigos, Prefectura reprimió a un grupo mapuche en Villa Mascardi, y Rafael Nahuel fue muerto por la espalda.
Todo esto fue acompañado por la prédica del Gobierno, que a través del ministerio de Seguridad postuló la creación de un “Comando Unificado” entre Nación, Río Negro, Neuquén y Chubut para reprimir a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo al que elevó a la categoría de organización armada insurrecional. Para fundamentar esto, se citaron recortes de diarios sobre acciones de sabotaje en la Patagonia a empresas extractivistas. Mientras, la Justicia no pudo probar vínculo entre la RAM y esos hechos.
Según el medio En Estos Días, el Gobierno se ufanó a través de una fuente de la cartera de Bullrich: “No lo soltamos más”, afirmó vía WhatsApp sobre Jones Huala tras su detención. Efectivamente, y pese a problemas de salud, el mapuche permanece detenido desde hace casi ocho meses. Su suerte se comenzará a definir sin la presencia de Garavano en Bariloche.
